La angustia de las familias por los cambios en la educación especial

Paula tiene 15 años y síndrome de Down. Hasta los 10, estuvo matriculada en un centro ordinario. “Iba contenta al colegio, tenía amigos y aprendía, pero cuando cumplió nueve se dio cuenta de que ella era distinta”, cuenta su madre, Marta Sumastre, que un año después decidió cambiarla a un centro de educación especial. “Mi hija mayor la veía en el recreo, jugando sola, y un día me rompió el corazón al decirme que la sacara de allí porque estaba sufriendo”. Al llegar al centro especializado, “Paula fue otra”. “Vio que había niños como ella, que pertenecía a un grupo”. Desde la semana pasada, a Marta Sumastre le cuesta conciliar el sueño. El jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados la Lomloe, la octava ley educativa de la democracia —que está en trámite en el Senado— y, entre las medidas, se contempla la intención del Gobierno de integrar en un periodo de 10 años al máximo número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los de educación especial queden reservados únicamente para los casos más graves. “Mi hija ya sabe lo que es sentirse sola, y no es que los niños la dejen de lado por maldad, es que son eso, niños. Académicamente le iba muy bien en la escuela ordinaria, pero social y emocionalmente no. No quiero que vuelva”, dice Sumastre angustiada.

El cambio en la ley persigue cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que España ratificó en 2008, en la que se establece que los niños con discapacidad serán matriculados en las escuelas ordinarias. Además, el Gobierno busca un cambio después de que en 2017 el comité de discapacidad de la ONU concluyera en un informe que España perpetúa un “patrón de exclusión y segregación educativa discriminatorio” que afecta a las personas con discapacidad. Igualmente, la ONU rechaza la existencia de dos redes (ordinaria y especial) y aboga por un único modelo en el que todo tipo de alumnos convivan.

En el curso 2018-2019, el 82,6% de los alumnos no universitarios con discapacidad se matricularon en centros ordinarios; el 17,4% restante (37.499 alumnos) en centros especiales. De estos, el 74,1% en públicos, el 24% en concertados y el 1,9% en privados. España quiere dirigirse hacia el modelo portugués, donde en 2010 había 11.000 alumnos con discapacidad en centros especiales y hoy 500.

Sin embargo, lejos de contentar a los diferentes colectivos de discapacidad, parece que ninguno está de acuerdo con los cambios. Todos coinciden en algo: en la memoria económica de la ley no se contempla ninguna partida para acometer esa transición hacia un modelo más inclusivo. ¿Cómo van a mejorar los recursos de la escuela ordinaria sin una inyección potente de dinero?, se preguntan. “Tampoco hay un plan estratégico en el que se fijen las líneas maestras de cómo se llevará a cabo”, denuncia Jesús Martín, miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). “Es una ley que se aproxima a la inclusión, pero todo queda en un marco muy filosófico de declaración de intenciones y no reconoce los derechos de los niños, la obligación de la Administración de dotar de todos los recursos a la ordinaria”, añade. Fuentes del Ministerio de Educación han confirmado a este periódico que la intención del Gobierno no es aprobar reales decretos posteriores a la ley para definir una estrategia, sino trabajar conjuntamente con las autonomías, con lo que está por ver el efecto práctico de este cambio legislativo.

Desde que se conoció el contenido de la nueva ley, la educación especial ha sido uno de los puntos de mayor enfrentamiento, ya que desde partidos como el PP o Ciudadanos se ha lanzado el mensaje de que la intención del Gobierno es cerrar progresivamente los centros de educación especial (unos 480) y acabar con la libertad de elección de las familias. “Es una lectura muy exagerada, de hecho, con el texto en la mano la ley es bastante ambigua y las cosas no van a cambiar mucho”, explica Ignacio Campoy, profesor de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III. En su opinión hay un hecho preocupante: el Gobierno no ha modificado el artículo 74.1 de la ley (en vigor desde que en 2006 el PSOE aprobara la LOE), en el que se establece que la escolarización de ese alumnado en centros de educación especial “solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas” en los ordinarios. “Al no eliminar ese artículo, se va a seguir incumpliendo la convención de la ONU que aboga por un único sistema”, añade.

Respecto al artículo 74.2, que sí incluye la novedad de que a la hora de matricular a los niños en una u otra red las Administraciones educativas siempre “tendrán en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”, Campoy interpreta que el verbo “tener en cuenta” no implica obligación. Hasta la fecha, muchas familias han recurrido a los tribunales después de que la escuela ordinaria no aceptase a sus hijos con discapacidad por falta de recursos y algunas familias temen que ahora ocurra lo contrario y no se les permita elegir para sus hijos los centros de educación especial.

Aunque hay más incertidumbre que certezas, muchas familias están intranquilas por los posibles cambios en la escolarización de sus hijos. Mariana Fernández es madre de Lucila, de 12, a la que diagnosticaron trastorno del espectro autista a los cuatro años. “Mi hija habla, pero no lee, hace escalada…, pero no es predecible cómo va a ser su comportamiento y necesita un mediador, no tiene la capacidad de expresarse todo el tiempo”, explica Fernández. Lucila acude a un colegio concertado especializado en autismo ―la cuota son 140 euros al mes―. “Es cierto que la ley no dice que vayan a cerrar los centros especiales, pero de cara a la transición, ¿estarán los maestros preparados para una atención individualizada? La ley no concreta nada y las familias necesitamos esa información para estar tranquilas”, apunta. Le preocupa cómo encajaría su hija con otros niños en la ordinaria, porque “el fantasma del bullying está ahí”.

“España se está sumando a la tendencia que siguen otros países del mundo como Canadá o Portugal, la plena inclusión”, expone Elena Martín, catedrática de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y exasesora de la ministra Isabel Celaá. En su opinión, el Gobierno ha abierto la vía con la nueva ley y a partir de ahí habrá que “pensar una transición ordenada”. “En el 85 ―cuando Martín formaba parte del Gobierno de Felipe González― pusimos en marcha el programa de integración en los centros ordinarios. Ahora el país tiene que seguir avanzando, estamos estancados. Gracias a que llevamos a los niños con síndrome de Down a los colegios, la gente dejó de girarse por la calle para mirarlos, se normalizaron”, añade. ¿Qué fin persigue la integración? “No tener separado al diferente, tenemos que convivir desde las primeras etapas educativas; la complejidad de la sociedad tiene que estar presente en los centros educativos”.

Otra de las críticas al Gobierno es su “improvisación”. “Ahora mismo, los centros ordinarios no atienden adecuadamente a los alumnos con discapacidad y el Gobierno se ha lanzado a la piscina sin ningún estudio de viabilidad sobre cómo debería hacerse la transición en España, primero deberían mejorar los recursos y una vez montado plantear el trasvase”, indica José María Escudero, presidente de la Plataforma educación inclusiva sí, especial también, que con más de 35.000 seguidores y 170 entidades relacionadas con la discapacidad adheridas defiende la coexistencia de ambas redes. “Queremos la inclusión, pero sin experimentos”, apostilla.

“Mi hija no era la primera en nada, tenía la sensación de que todo iba muy deprisa, no captaba casi nada”, explica Patricia Giral sobre su hija Sofía, de 14 años y con síndrome de Down. Tras probar durante un año la ordinaria, decidió cambiarla a la especial. “Pese al miedo inicial, con el tiempo te das cuenta de la importancia de que esté en un ambiente de igual a igual... ahora me genera ansiedad pensar que a otros niños les fuercen a acoplarse a ese sistema y cada día me acuesto pensando que el ministerio va a reflexionar y a dar marcha atrás”, zanja.

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