El jesuita de 83 años encarcelado por terrorismo en India

“Lo que me está sucediendo no es algo único que me suceda a mí solo. Todos somos conscientes de cómo prominentes intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, estudiantes, líderes, que defienden los derechos de los adivasis (indígenas), dalits (intocables) y expresan su desacuerdo con los poderes dominantes están en el punto de mira y son encarcelados. Me alegro de no ser un espectador silencioso y estoy dispuesto a pagar el precio, sea cual sea”.

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Dos días después de pronunciar estas palabras en video, el padre Stan Swamy fue arrestado y detenido por la Agencia Nacional de la India. Actualmente, está en prisión junto con 15 personas más, falsamente acusado de tener vínculos con movimientos maoístas y de estar presente en Bhima Koregoan en un incidente que en 2018 se saldó con un muerto y varios heridos.

Aunque estas acusaciones han sido negadas rotundamente, Stan Swamy afronta mes y medio en la prisión de Taloja desde el pasado 9 de noviembre, en plena pandemia de la covid-19 y en unas condiciones totalmente inadecuadas, tras haberse denegado su libertad bajo fianza el pasado 23 de octubre. Pero, ¿quién es Stan Swamy y cuál es su “delito”?

Stan Swamy es un jesuita de 83 años, con una salud delicada –afectado por Parkinson y otras enfermedades– pero con una envidiable fortaleza derivada de sus profundas convicciones. Durante 40 años, ha trabajado en el Estado de Jharkhand, en la India, con comunidades indígenas (adivasis) desplazadas forzosamente de sus territorios por proyectos mineros, de agricultura industrial o de desarrollo.

Swamy facilitó la organización de los adivasis para que pudieran reclamar su derecho a la tierra y a sus medios de vida. En 2017, documentó en un minucioso estudio con otras organizaciones cómo un gran número de ellos eran encarcelados durante años cuando reclamaban sus derechos, acusados de “terroristas”. Interpuso una acción pública legal ante los tribunales contra el Estado de Jharkhand en favor de 3.000 indígenas y, desde entonces, ha sido objeto de sospecha, interrogatorios, acusaciones y, ahora, encarcelamiento. Su detención se enmarca en una deriva cada vez más autoritaria del Gobierno de la India, que se manifiesta en la draconiana ley para prevenir actividades ilegales (Unlawful Activities Prevention Act), por la que el Estado puede calificar a alguien como terrorista y encarcelarlo sin juicio.

La persecución de defensores de derechos y de la tierra, en todo caso, es un fenómeno global que sucede en muchos lugares, ya sea en la India, Filipinas, Colombia u Honduras, por citar solo unos ejemplos. Tal y como denuncia Global Witness, en 2019 fueron asesinados 212 defensores y defensoras de la tierra. Muchos más, como Stan Swamy, han sido objeto de difamación, criminalización o encarcelamiento, siendo acusados de “antidesarrollo”, “antinacionales”, “delincuentes” o “terroristas”.

La respuesta a la detención de Swamy y de los defensores de derechos humanos no se ha hecho esperar. Los jesuitas y otros grupos se han movilizado internacionalmente exigiendo su liberación, tal y como lo expresa el comunicado del Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús en Roma.

En Asia y en la India, la Conferencia Jesuita del Sur de Asia declaró un día de movilización con Stan Swamy bajo el lema #StandwithStan. La sociedad civil se está movilizando por todo el país, portando pancartas, haciendo cadenas humanas, campañas online y de recogida de firmas, oraciones, poemas, canciones u otras formas creativas de protesta. También se están manteniendo contactos con representantes políticos en la India y en diversos países del mundo, incluyendo contactos y pronunciamientos de representantes de Naciones Unidas.

La campaña se intensificará en los próximos días dado que se recurrirá la petición de libertad bajo fianza basada en motivos humanitarios –anteriormente denegada– y se presentará también la petición de libertad bajo fianza por motivos sustantivos. Mientras, Swamy, desde su celda compartida con otras dos personas, agradece las muestras de solidaridad y apoyo, y las historias y ayuda que le brindan sus compañeros a la hora de comer, beber o asearse. “A pesar de todo, la humanidad está muy presente en la prisión de Taloja”, señala en una carta.

La lucha por su liberación es también la lucha por la de los demás defensores de derechos, pero va más allá. Es la lucha por la justicia, por la democracia, por el Estado de derecho, por un mundo en que las comunidades indígenas puedan vivir en paz en sus tierras. Y de algún modo, nos afecta a todos, porque como señaló Martín Luther King, “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.

Valeria Méndez de Vigo es coordinadora de comunicación del Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús basada en Roma.