¿Quién dio la orden de matar?

Colombia no vive su mejor momento y los colombianos en Madrid están empeñados en que el mundo lo sepa. Por ello, con una actuación en la que escenificaban jóvenes baleados sobre el asfalto, el pasado sábado 12 septiembre un numeroso grupo de ciudadanos colombianos se concentraron frente a la entrada principal del Parque de El Retiro, para gritar alto el dolor que les está suponiendo la constante masacre de líderes sociales y el imparable asesinato de jóvenes a manos de la Policía Nacional de Colombia, sin que el Gobierno del presidente Iván Duque ponga freno a este río de sangre.

En octubre de 2016, un 50,2% de los colombianos votaron en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz de La Habana (firmados por el Gobierno y la guerrilla de las FARC), que no querían la paz, y el mundo entero quedó atónito ante aquel resultado. Pese a ello, las FARC firmaron el Acuerdo, entregaron las armas, se convirtieron en partido político y llegaron al Congreso Nacional. Durante un año entero, el Hospital Militar de Colombia se vació de heridos en combate y el 49,7% de los votantes comenzaron a tener esperanza en que, por fin, luego de 70 años de guerra interna, por algún huequecito de la oscura noche de la guerra la paz dejaría entrar el sol del progreso y la justicia social al país. Nada más alejado de la realidad.

Cuando las víctimas estaban comenzando a encontrar la verdad y cuando la esperanza comenzaba a apoderarse de las nuevas generaciones, el 7 de agosto de 2018 llegó Iván Duque a la presidencia y la tan anhelada paz comenzó a resquebrajarse. A dos años de su cuestionado mandato a causa de la “ñeñepolítica”, que no es más que la compra de votos a su favor por parte de estructuras de narcotraficantes y paramilitares, Duque parece más empeñado en cumplir lo prometido por su alter ego, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (en detención domiciliaria por manipulación de testigos), de “hacer trizas el Acuerdo”, que en gobernar y facilitar la paz.

Ni el largo confinamiento que a causa de la pandemia han enfrentado los colombianos ha logrado parar las masacres de líderes sociales, indígenas, reclamantes de tierras, campesinos inermes, sindicalistas, ambientalistas, jóvenes estudiantes y desmovilizados de la guerrilla en los que se han visto involucrados miembros del Ejército Nacional, sin que hoy en día se conozca ninguna judicialización ni se haya identificado algún culpable. La impunidad es total y mientras el Gobierno de Iván Duque mira para otro lado mostrando más interés en su trabajo como animador de un programa de televisión que, al mejor estilo de “Aló Presidente”, de Hugo Chávez en Venezuela, presenta todas las noches hablando incesantemente sin decir absolutamente nada, Colombia se le derrumba en una crisis social, política, económica e institucional sin precedentes en la historia del ya conflictivo país.

Bogotá en llamas

Motivos para la indignación de los ciudadanos hay muchos, pero el asesinato en Bogotá del abogado Javier Ordóñez el pasado 7 de septiembre a manos de dos miembros de la Policía Nacional fue la gasolina que acercó la cerilla al inconformismo de una población constantemente agredida por la fuerza pública y, en disturbios que a día de hoy brotan por cualquier punto del territorio colombiano, el resultado arroja la muerte de 13 civiles a manos de la policía, 170 heridos y 48 CAI (Centro de Atención Inmediata de la Policía) incendiados en distintos puntos de la capital colombiana.

Las concentraciones y manifestaciones pacíficas que se están sucediendo en todo el país son contenidas a bala, gases, choques eléctricos y palo por parte de un grupo policial desbordado en la fuerza de su represión y odio hacia cualquier voz contraria al discurso oficial. Saqueos a comercios y algunas entidades bancarias por parte de vándalos presentes en todas las concentraciones públicas, son la excusa perfecta para que el Gobierno de Iván Duque reste importancia a la indignación popular, justifique los excesos y la violación a los derechos humanos con que se frena el descontento popular y maneje, como único discurso y único señalamiento, la infiltración por parte de las milicias de las FARC (grupos que no se desmovilizaron o que abandonaron el Acuerdo) y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional con quien se niega a negociar) azuzados, según él, por los partidos de la oposición, sin presentar una sola prueba de ello, ni un solo detenido por parte de estas organizaciones guerrilleras.

Las cifras hablan por sí solas

De acuerdo con un informe entregado por el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos, Indepaz, en lo que va corrido del año 2020 en Colombia se han perpetrado 51 masacres, que para evitar sean declaradas delitos de lesa humanidad, tanto Duque, como por su Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, han dado en llamar eufemísticamente como “asesinatos colectivos”. Después de cada masacre el Gobierno habla de investigaciones exhaustivas que no llegan a ninguna parte y los muertos siguen cayendo y el país sigue perdiendo un capital invaluable de activistas sociales, líderes comunitarios y más recientemente de estudiantes.

A los homicidios ocurridos desde la firma del Acuerdo de Paz (más de mil líderes sociales y casi 300 excombatientes), han llegado a sumarse los 13 jóvenes asesinados la semana pasada en las calles de Bogotá sin que ni el Gobierno, ni el Director General de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa Duque, se responsabilicen de lo ocurrido. Mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pregunta quién dio la orden, el brigadier general Hoover Penilla Romero, comandante de la Policía local, asegura: “Los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos del servicio”.

Mientras que el país se llena de grafitis que denuncian la brutalidad del Estado frente a las protestas que piden frenar los asesinatos selectivos y se convoca a un gran paro nacional, los colombianos en Madrid apoyan a sus víctimas y alzan la voz exigiendo justicia, así como la renuncia de Iván Duque Márquez, un presidente que peligrosamente y de la forma más descarada se está haciendo con todos los órganos de poder, utiliza el dinero aportado por la comunidad internacional para la implementación de la paz en propaganda de posicionamiento de su imagen y perfilamiento de todo lo que le suene a oposición y permite, impunemente, que el país se siembre de muertos y coca a partes iguales.

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