La ira por la brutalidad policial aviva la tensión en Colombia

La ira por la brutalidad policial contra Javier Ordóñez, un abogado que murió tras recibir descargas de pistola taser cuando suplicaba a los agentes que se detuvieran, ha avivado una llama que en Bogotá venía acumulada desde las protestas de 2019 y que, entre otras cosas, había paralizado la pandemia. Diez personas murieron y 248 resultaron heridas, 66 de ellas por armas de fuego, durante los enfrentamientos con la policía en protesta por la muerte de Ordóñez: “Una masacre contra jóvenes”, en palabras de la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.

La regidora aseguró que “hay evidencia sólida en al menos cuatro sitios de la ciudad del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía atentando contra la vida de nuestros jóvenes”. El hecho eleva la tensión entre el Gobierno central y el local por el manejo de la violencia. “Señor presidente Duque, usted es el comandante en jefe de la Policía, le ruego que ordene a sus miembros que no usen armas de fuego. Esa instrucción se desconoció ayer”, dijo López visiblemente molesta.

Durante más de ocho horas, la capital colombiana vivió un escalamiento de disturbios que empezaron con pedreas e incendios a los Comandos de Acción Inmediata de la Policía (CAI), siguió con una batalla con gases lacrimógenos y destrozos al transporte público, tanquetas del Escuadrón Antidisturbios que repelían a los manifestantes y disparos que acabaron con la vida de varios jóvenes. Los vídeos que circulaban por las redes sociales en la larga noche de miércoles avizoraban que habría muertos y estos se fueron confirmando en la madrugada en los hospitales de la ciudad.

La mayoría de las víctimas mortales fueron jóvenes alcanzados por disparos en la calle. Uno de los casos más impactantes fue el de Cristian Hernández, que según su familia volvía de trabajar y recibió un impacto de bala en la cara y murió en la calle, como quedó grabado. O el de Jaider Fonseca, de 17 años, que murió tras cuatro disparos mientras participaba en las manifestaciones y el de Julieth Ramírez, una estudiante de psicología e inglés de 19 años, víctima de una bala perdida, entre otros.

El Gobierno de Iván Duque no había aclarado este jueves al mediodía de dónde provinieron esas ráfagas. En la tarde del miércoles las palabras del presidente causaron indignación cuando dijo que había visto “hechos dolorosos el día de hoy pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la policía sino también del señor ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad para que se hagan las investigaciones”.

Tras los disturbios, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo en rueda de prensa que fue una noche de vandalismo y habló de 93 policías lesionados y de destrozos a 56 instalaciones policiales, de las cuales 22 fueron incendiadas. Y cuando un periodista lo increpó por enviar condolencias a la familia de los policías y del abogado, pero no a las de los civiles muertos en la madrugada, Trujillo aseguró que “no se puede insinuar que el Gobierno tenga actitudes parciales”.

Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá fue tajante y aseguró que lo que pasó en la noche fue “un atentado directo a ciudadanos inermes, a civiles. Eso es el equivalente a un combate, no fue un mero abuso policial” agregó e insistió en que la Policía debe ser un organismo civil de convivencia y no militar. “Destruir a Bogotá no va a arreglar la Policía”, dijo.

Más presencia militar

Mientras se eleva la tensión política y desde varios sectores se pide que sea la Procuraduría quien asuma las investigaciones sobre lo ocurrido, el Gobierno de Iván Duque anunció que habrá más militares en las calles. “Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país; 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital del país”, informó el Ministerio.

Para el ministro de Defensa, los disturbios guardan relación con una “campaña institucional” promovida desde las redes sociales. “Se identificaron perfiles que incitaron a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y policías, lo cual es un delito”, dijo Trujillo quien aclaró que “eso no significa que los culpables no tengan que pagar las consecuencias, pero el contexto debe ser tenido en cuenta por parte de la opinión colombiana”. Durante una extensa conferencia de prensa, aseguró también que hay páginas destinadas a la deslegitimación de la Policía y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Sin embargo ese pedido trasciende las redes sociales y no es nuevo, viene desde 2019 cuando ese escuadrón disparó y mató a Dilan Cruz, durante una protesta pacífica contra el Gobierno de Iván Duque. Para ese caso se creó una Comisión de la Procuraduría General de la Nación y se exigió el desmonte de las escopetas con munición tipo Bean Bag, que le causaron la muerte a ese joven. Esa misma solicitud se ha vuelto a activar por parte de organismos de derechos humanos y de la Alcaldía de Bogotá, que pidió que se avance en un proyecto de Ley para reformar los protocolos de acción de la Policía y no se usen las llamadas armas no letales como las pistolas taser o eléctricas.

El Gobierno nacional insiste en que la Policía es “querida por los colombianos” y se “está tratando injuriosamente de señalar a todos sus miembros de conductas cometidas por algunos de ellos”. Sin embargo, la realidad es que las últimas encuestas revelan que la confianza en esta institución se encuentra en un foso al que no habían caído en los últimos años. Ahora, además de investigar qué ocurrió con la muerte del abogado Javier Ordóñez, se tendrá que aclarar también quién disparó con armas de fuego contra diez personas en una noche de caos en la capital colombiana.