La policía de Colombia, en el punto de mira de las protestas

El blanco de la ira ciudadana en la violenta noche de protestas de este miércoles contra la brutalidad policial en Bogotá –que se saldó con diez muertos– siempre estuvo bastante claro. Las manifestaciones estaban convocadas desde un primer momento, antes incluso de derivar en disturbios y caos, frente a los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la policía. Fue precisamente a un CAI donde los agentes llevaron al abogado Javier Ordóñez después de haberlo sometido a incesantes descargas eléctricas que al parecer le provocaron la muerte, el episodio que encendió las calles en contra de la fuerza pública.

Las denuncias de abusos policiales han sido frecuentes en medio de las medidas de confinamiento para atender la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Solo en Bogotá, la alcaldía ha recibido 137 denuncias por actuaciones de uniformados este año. Pero la frustración ciudadana frente a episodios de uso excesivo de la fuerza se viene acumulando particularmente desde la oleada de manifestaciones en contra del Gobierno de Iván Duque a finales del año pasado, cuando un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) asesinó durante una protesta pacífica en el centro de Bogotá a Dilan Cruz. El joven manifestante que se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial que estremeció al país.

Los manifestantes destruyeron un tercio de los 153 CAI de la capital de Colombia, e incendiaron 22, de acuerdo con las autoridades. Los disturbios a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos de la fuerza pública que aún se investigan, en una noche con “evidencia sólida del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la policía”, según ha denunciado la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La regidora había pedido desde un primer momento a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo liderar un proceso de reforma a fondo de la policía, pero con el paso de las horas ha elevado el tono. “Hoy, viendo lo que ha pasado, me parece que es absolutamente evidente que es al Gobierno nacional, al mismo presidente de la república [Iván Duque], al que le corresponde liderar esa reforma”, pues es un asunto estructural que requiere una reforma constitucional, y un trámite en el Congreso, manifestó el jueves ante el desolador panorama con el que amaneció la capital. “Le ruego a la policía nacional reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido”, señaló.

“¿Si la policía es una organismo civil porqué tiene fuero penal militar? Eso en parte es la reproducción de la impunidad que tienen estos casos”, ahondó López, del partido progresista Alianza Verde, al plantear dudas en torno a cómo se recluta, capacita, y se le dan instrucciones a la fuerza pública. No se trata de un tema de investigaciones exhaustivas a unos casos aislados de violencia o “manzanas podridas”, ha reiterado en anticipación a las salidas habituales en Colombia cuando se cuestiona a los uniformados. “No hay mejora en los indicadores de seguridad que vaya a compensar el déficit de confianza y legitimidad que a la luz de los ojos de miles de ciudadanos tiene la policía y los cuerpos de seguridad”.

Su reclamo contrasta, una vez más, sus posiciones con el Ejecutivo. “Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la policía sino también del señor ministro de la defensa y de toda la institucionalidad para que se hagan las investigaciones”, señaló el miércoles el presidente Iván Duque en una de las pocas declaraciones que ha hecho sobre las protestas. “En este país los colombianos queremos a la fuerza pública, la admiramos, y por eso ante cualquier deshonra del uniforme debemos exigir sanciones oportunas, objetivas y producto de rigurosas investigaciones”, remató. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también hizo una defensa cerrada de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la crisis de imagen y credibilidad es palpable. En el más reciente estudio Gallup Pool, un 57 por ciento de los encuestados tiene una imagen desfavorable de la policía, frente a una percepción favorable de 39 por ciento. Ese desplome ha venido de la mano de una caída de la imagen de las fuerzas militares, que tradicionalmente han contado con cifras muy favorables pero se han visto envueltas en una serie de escándalos que van desde la sombra del regreso de las ejecuciones extrajudiciales hasta las interceptaciones ilegales a periodistas y opositores o los abusos sexuales de uniformados. Todo en un país que anhela pasar la página de la guerra después de haber firmado a finales de 2016 un acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

“Algo no está funcionando en la capacitación de las fuerzas militares y la policía nacional de la mano del ministro de Defensa, de este o del anterior o de muchos otros (…) Hacia el interior tienen que mirar lo que ellos llaman doctrina, que yo llamaría capacitación”, señalaba en julio a este periódico Carlos Negret, el saliente defensor del Pueblo, en el marco de las denuncias de violaciones de niñas indígenas por militares. “Solicitamos revisar los procedimientos de la policía”, reiteraba Carlos Camargo, su recién posesionado relevo, luego de los enfrentamientos en Bogotá.