La ONU pide reformar el escuadrón antidisturbios de Colombia

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) le puso números concretos y alarmantes a la sensación de regreso al pasado que vivió Colombia en términos de seguridad durante el 2019. “ACNUDH continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos”, indica el organismo en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, publicado este miércoles. El organismo también manifiesta una particular preocupación por las agresiones a los defensores de derechos humanos y a las comunidades indígenas. En total, ACNUDH hizo un seguimiento a 250 presuntas violaciones a derechos humanos, entre ellas el caso de Dilan Cruz, víctima mortal de un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, (ESMAD).

En todo el año pasado se registraron 36 masacres que dejaron 133 muertos. “La cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”, evidenció el informe sobre una práctica que se creía del pasado. A través de su representante, Alberto Brunori, la oficina denunció también un incremento “en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado”, así como una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Durante la presentación, Brunori agradeció a Duque la renovación del acuerdo para que la ACNUDH continúe hasta 2022, y aseguró que al menos 108 líderes, de los cuales 15 eran mujeres, fueron asesinados en el período de análisis. “ACNUDH saluda el reconocimiento del presidente Iván Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas defensoras de derechos humanos". No obstante, señaló Brunori, muchos de estos líderes que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, "continuaron siendo víctimas de hostigamientos”. El informe menciona también que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados como los Caparrapos y el Clan del Golfo cometieron infracciones al derecho internacional humanitario.

Pero unas de las denuncias más graves que incluye el informe son los casos “de presuntas privaciones arbitrarias de la vida cometidas por miembros del ejército y la policía” y cómo estos casos siguen en manos de la justicia penal militar en lugar de ser investigados por la justicia ordinaria.La ONU observó con preocupación “un incremento en la respuesta militar a situaciones de violencia e inseguridad” y alertó por la participación del Ejército en actividades de seguridad ciudadana, antinarcóticos, persecución de delitos e incluso en casos de protesta social.

Como consecuencia de esa práctica, registraron 15 presuntas privaciones arbitrarias de la vida. “Esta cifra es la más alta respecto de este tipo de casos registrados por el ACNUDH desde 2016. En 13 casos se observó que las muertes habrían sido causadas por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza”. No solo documentaron asesinatos con presunta participación de la fuerza pública, sino también uniformados involucrados en tres actos de violencia sexual contra mujeres detenciones en los que se habría presentado tortura contra los detenidos en departamentos como Antioquia, Arauca, Bogotá, Huila y Putumayo.

Capítulo aparte otorga al caso del Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia (ESMAD) y a su respuesta durante la protesta social que incumplió los estándares internacionales. El informe recuerda el caso emblemático de Dilan Cruz, víctima mortal del disparo con un rifle calibre 22 y munición tipo ‘bean bag’ por parte de un uniformado del ESMAD. Y se sumó a las voces que piden una profunda reforma de esta fuerza adscrita a la Policía. “Urge al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD durante las recientes protestas sociales. Asimismo, el ACNUDH insta a que se inicie una profunda transformación del ESMAD, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales”, indicaron.

El informe no ha gustado al gobierno. La Cancillería anunció que en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra responderá cada uno de los puntos mencionados por la ONU. "La Cancillería ha tomado nota de las observaciones de la ACNUDH y expresa su preocupación porque no ha presentado un informe integral y actualizado, enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de logros y retos existentes". Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el informe "no es objetivo". “El gobierno nacional ve con profunda sorpresa y extrañeza que el informe contiene afirmaciones que atacan la legitimidad de las instituciones que son imprecisas y al parecer desbordan el mandato que ha suscrito el gobierno con la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos", afirmó. Para el ministro fue desconcertante, entre otros aspectos, la mención al presunto uso de la fuerza por parte de la Policía. “El nivel y constancia de la interlocución entre el gobierno y la oficina de la Alta Comisionada no se traducen en el contenido del informe”, agregó.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado en el acuerdo de paz, en el que exguerrilleros y militares entregan información sobre participación en crímenes cometidos en el conflicto a cambio de beneficios judiciales, también fue objeto del informe. La ONU destacó que gracias a la JEP “se observaron avances fundamentales en los casos de graves violaciones a los derechos humanos”, como el hallazgo y recuperación de al menos 54 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de militares en el cementerio de Dabeiba, Antioquia. Pero instó a que también prioricen casos de desapariciones forzadas y violencia sexual. Y en ese sentido, exhortó al ejecutivo de Iván Duque a seguir la implementación del acuerdo de paz de "manera integral y sostenida".