El PSOE presenta una propuesta al margen de Sumar para regular la desconexión digital

El PSOE ha registrado este jueves una proposición no de ley (PNL) para garantizar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, en la que aborda la inclusión de sanciones para aquellas empresas que no lo respeten. Este movimiento ha generado cierto asombro en Sumar, su principal socio de Gobierno, en tanto que en el acuerdo firmado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sobre la reducción de jornada laboral también se abordan las garantías de cumplimiento de la desconexión digital en forma de multas para aquellas firmas que no lo respeten. “Las sanciones están contempladas en el texto para garantizar que se cumplen las propuestas”, destaca una fuente ministerial. En el borrador del acuerdo para rebajar la jornada de 40 a 37,5 horas semanales antes de que acabe 2025, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se establecen penalizaciones que van desde los 1.000 euros hasta los 10.000 en su grado máximo para los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo “que afecten al disfrute de los periodos mínimos de descanso”.

En un momento de evidente tirantez entre los Ministerios de Trabajo y Economía ―y por ende, entre el PSOE y Sumar―, el registro de esta PNL no contribuye a apaciguar los ánimos, toda vez que es el departamento que dirige Yolanda Díaz el que ha encabezado las negociaciones en el seno del diálogo social con sindicatos y patronales acerca de la reducción de jornada y temas aledaños como el trabajo a distancia y la desconexión digital. En el entorno de Díaz solo comprenden este movimiento dentro de una “estrategia parlamentaria” de los socialistas para que los distintos partidos se tengan que pronunciar en el Congreso. Algo similar a lo que ocurrió con la reducción de jornada.

El texto registrado por el PSOE insta al Gobierno a que, “con el fin de garantizar los derechos de las personas trabajadoras al descanso, a la intimidad, a la conciliación y a una protección eficaz de su seguridad y salud laboral”, adopte medidas “para impulsar a las empresas a que, en el ámbito de la negociación colectiva, elaboren un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la desconexión”.

Unos protocolos en los que se deberán determinar “los criterios de excepción del derecho a la desconexión, así como su compensación”; y “las fórmulas automatizadas que faciliten la desconexión, estableciendo por ejemplo mensajes que informen sobre la jornada, vacaciones o permisos de la persona trabajadora”.

De no ser así, la propuesta señala que “en el ámbito sancionador se incluirán como infracciones no respetar el derecho a la desconexión de la persona trabajadora, así como no elaborar los protocolos de desconexión en las empresas, con sus respectivas sanciones”. Al mismo tiempo, también conmina a las compañías a “estudiar, en el ámbito del diálogo social, las posibles modificaciones legales para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la desconexión digital, entre otras, en el ámbito de la prevención de riesgos laboral y en la normativa de infracciones y sanciones”.

Junto a estos dos apartados se une también la necesidad de “llevar a cabo campañas de sensibilización en colaboración con los agentes sociales para dar a conocer el derecho a la desconexión digital, así como para mostrar la necesidad de llevar a cabo el ejercicio de este derecho, tanto a nivel organizativo como individual, para evitar los efectos que en la salud pudiera tener la falta de desconexión”.

El registro de esta PNL llega una semana antes de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) tenga lugar el próximo lunes, 27 de enero. En ella se analizará el pacto alcanzado por Trabajo con los sindicatos, como quería el departamento Díaz, tras las últimas conversaciones con Economía ―partidario de una entrada en vigor escalonada y por sectores―, para su aprobación y tramitación inmediata.

Fatiga digital

La extensión del teletrabajo por distintas actividades ha supuesto una nueva forma de organizar la jornada laboral para muchos trabajadores, aunque ha potenciado la incapacidad de muchos de ellos para no sentirse monitorizados continuamente, y, por tanto, verse obligados a responder llamadas o mensajes una vez terminado su turno. “La desconexión digital puede definirse como el derecho que tienen una persona trabajadora a no conectarse a dispositivos o aplicaciones de software relacionadas con su actividad laboral o que establezcan comunicación con su trabajo cuando está fuera de su horario laboral”, señala el texto en su exposición de motivos.

“No obstante, la correlativa obligación de las empresas para garantizar este derecho es una de las más incumplidas, y son muy pocas las que cuentan con un plan de desconexión elaborado de acuerdo con los representantes de los trabajadores para evitar la fatiga digital y facilitar el descanso, la conciliación con la vida personal y familiar y proteger eficazmente la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”, añade.

Estos cimientos son los mismos que han armado el pacto entre Trabajo y sindicatos tras el rechazo frontal de los empresarios a reducir la jornada laboral (sin recorte de salario). Hasta el punto de que se recoge de forma explícita la imposibilidad por parte de los trabajadores de rechazar su derecho a la desconexión digital.