Trabajo quiere que los empleados no puedan renunciar a la desconexión digital ni por contrato

El Ministerio de Trabajo presentó este lunes a la patronal y a los sindicatos una propuesta de regulación del derecho de los trabajadores a la desconexión, como parte novedosa de la negociación para la reducción de la jornada, que el Gobierno quiere cerrar definitivamente en septiembre. El texto propuesto por el Gobierno para regular esta materia en el Estatuto de los Trabajadores incluye, entre otras cosas, que “las personas trabajadoras no puedan renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio o práctica”. Se tratará, por tanto, de un mayor desarrollo normativo de este derecho laboral que podrán exigir los empleados que realicen su actividad tanto presencialmente, como “particularmente, mediante teletrabajo”.

Así lo establece la propuesta gubernamental a la que ha tenido acceso este periódico y que pretende establecer también en la ley el deber empresarial de garantizar el derecho a la desconexión de sus empleados fuera del horario de trabajo. Este, dice el texto, se concretará en “la ausencia de toda solicitud a realizar una prestación laboral o iniciativa de comunicación” ya sea de la empresa, la persona en la que esta delegue o incluso de tercero con relación comercial, con la persona trabajadora. Y esas comunicaciones deberán cesar “por cualquier dispositivo, herramienta o medios digitales”. Es más, se propone igualmente que el empresario garantice también el derecho “a no ser localizable” fuera del citado horario de trabajo.

Tras la reunión de este lunes con patronal y sindicatos para la reducción de la jornada, donde se materializó esta propuesta, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, resumió la futura regulación de la desconexión digital con una idea: “No coger el teléfono al jefe o no contestar un email al encargado fuera del horario laboral es un derecho que podrán esgrimir los trabajadores, y no podrán sufrir ninguna represalia, ni la más mínima consecuencia negativa por ejercitarlo”.

Así, la propuesta precisa que “el rechazo o no atención de la comunicación o la petición de prestación laboral por medios digitales fuera de la jornada laboral por parte de la persona trabajadora, no podrá ser objeto de consecuencias negativas o represalias o trato menos favorable”. Este texto no hace mención a las posibles sanciones a las empresas que no garanticen este derecho de desconexión, aunque Pérez Rey señaló que “obviamente, si alguien sufriera una represalia como consecuencia de ejercitar dicho derecho, esto daría lugar a las sanciones oportunas del ordenamiento”. En cualquier caso, las posibles multas no se han determinado todavía.

Trabajo remite a la negociación colectiva para acordar las medidas concretas con que los empresarios y los representantes de los trabajadores garanticen el derecho a la desconexión. E igualmente, los convenios colectivos podrán establecer las excepciones a la prohibición de comunicar con los trabajadores fuera de su horario siempre y cuando se den circunstancias de fuerza mayor. Se trata de circunstancias muy excepcionales que deberán estar “justificadas y que puedan suponer un grave riesgo para las personas o un potencial perjuicio empresarial hacia el negocio y que requiera la adopción de medidas urgentes e inmediatas”.

Las otras dos claves del acuerdo de jornada

Junto a esta propuesta para regular el derecho a la desconexión, los responsables de Trabajo trasladaron este lunes a empresarios y sindicatos otras dos cuestiones que “cierran el perímetro” de los asuntos que se incluirán definitivamente en la negociación para la reducción de la jornada laboral máxima. Una segunda pata de un posible acuerdo sobre jornada lo conformará un nuevo sistema de registro horario: “No sirve de nada reducir la jornada si luego esta se incumple sistemáticamente”, se quejó Pérez Rey. El nuevo control de la jornada deberá ser obligatoriamente telemático, plenamente digitalizado, fiable, de acceso remoto por parte de la Inspección de Trabajo y con mayores sanciones a las empresas incumplidoras, detalló el secretario de Estado.

En cuanto a la tercera cuestión que cerrará dicho perímetro negociador, será la propia reducción por ley del límite máximo de jornada desde las actuales 40 horas semanales en cómputo anual a las citadas 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas a partir del próximo año. En este punto, el Ejecutivo ha vuelto a poner encima de la mesa un recorte escalonado y, según Pérez Rey, “se ha ofrecido a la patronal márgenes suficientes para que se haga de manera progresiva sin alterar el funcionamiento de las empresas”.

En este apartado, el responsable de Trabajo aseguró que mantener el cómputo anual de la jornada proporcionará a las compañías parte de esa flexibilidad que demandan para que la reducción no afecte a su producción. Además, se refirió tácitamente a las llamadas de la patronal para llevar los recortes de jornada al terreno exclusivo de la negociación colectiva, señalando que según los datos que maneja el Ministerio, la mayoría de los convenios perderán su vigencia entre 2024 y 2025, por lo que las partes tendrán la oportunidad de reflejar en los nuevos acuerdos las nuevas jornadas.

En cualquier caso, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, quiere cerrar totalmente esta negociación en septiembre. De hecho, Pérez Rey lanzó una especie de ultimátum al sugerir que la propuesta presentada en la reunión de este lunes con las tres patas para un acuerdo —registro horario, desconexión digital y recorte a 37,5 horas el máximo de jornada semanal en cómputo anual— podría ser la última que haga a los agentes sociales. Por ello, todas las partes se emplazaron para volver a verse el 9 de septiembre y el secretario de Estado emplazó a empresarios y sindicatos a que sometan la propuesta gubernamental a estudio y acudan al encuentro de después de las vacaciones con una decisión sobre si respaldan o no la última iniciativa planteada por Trabajo. La propia vicepresidenta urgió este lunes a la patronal a que “mueva ficha”.

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