Una hora y media de vídeos que documentan los abusos de la Policía en Bogotá

Policías escondiendo su identificación y golpeando con palos a ciudadanos; civiles disparando armas de fuego en compañía de la Policía; uniformados lanzando piedras y quebrando ventanas de viviendas y gritando a sus habitantes en pijama; disparos por la espalda de manifestantes. Todas esas imágenes que han quedado registradas en vídeo son parte de las noches de pánico que se han vivido Colombia en los últimos días y que han dejado 13 civiles muertos y 72 heridos por disparos, la mayoría jóvenes en Bogotá y Soacha, aledaña a la capital.

El Gobierno de Iván Duque ha destacado el vandalismo contra 54 instalaciones policiales, los destrozos a 206 autobuses de transporte público, así como las lesiones a 194 policías; pero desde la Procuraduría, las organizaciones de derechos humanos y la Alcaldía de Bogotá cuestionan el uso “indiscriminado de armas de fuego” por parte de la Policía, algo ilegal como respuesta a una protesta. Después de noches de caos y disturbios, por la brutalidad policial contra Javier Ordóñez, un abogado que murió bajo custodia policial, en la capital colombiana ronda la pregunta sobre quién les dio la orden de disparar o atacar viviendas o si es que rompieron la unidad de mando y actúan por su cuenta.

“En 48 horas hemos documentado 119 denuncias de abuso policial en Bogotá. Con muertos y heridos de bala, esto es lo más grave que le ha sucedido en la ciudad desde la toma del Palacio de Justicia (ocurrido en 1985)”, dijo la alcaldesa tras una reunirse con el presidente Iván Duque en la tarde del viernes. Durante el encuentro, la regidora le entregó al mandatario y al Procurador, Fernando Carrillo, una hora y media de vídeos que evidenciaría los disparos de la Policía contra los ciudadanos y las 119 denuncias que recogió en los hospitales donde aún se atienden los heridos por balas.

El presidente no se ha referido específicamente al encuentro, pero López anunció que Duque aceptó cotejar cuáles miembros de la Policía han disparado sus armas en las últimas horas. Sin embargo, agregó la alcaldesa, el mandatario descartó su propuesta de reformar la Policía y hacer un acto de reconciliación y perdón a los ciudadanos. “Duque me dijo que ese acto ya se había dado. Yo considero valioso el acto de perdón a la familia de Javier Ordóñez (muerto bajo custodia policial), pero no es suficiente. No es con una sola familia. Al día de hoy, a la hora, es con por lo menos 11”.

Agresividad creciente

La violencia en las protestas viene en aumento desde 2019, explican varios expertos a este diario. Interrumpidas por el coronavirus, las manifestaciones masivas en las calles habían tomado fuerza a finales del año pasado durante un paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. En ese momento, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó casos como el de Dilan Cruz, muerto por un tiro de los antidisturbios; y al menos ocho casos de lesiones oculares, entre otros abusos. En lo corrido de 2020, la Alcaldía recibió 137 denuncias de abusos policiales, una cifra que por poco se alcanza en las últimas 48 horas.

Ahora, un grupo de organizaciones de derechos humanos presentó una queja disciplinaria al despacho del Procurador contra el Ministro de Defensa y los altos mandos de la policía en Bogotá. Argumentan que deben ser suspendidos de sus cargos porque habrían incumplido sus deberes o extralimitado al dar órdenes. “Venimos en un ascenso de violaciones graves de distinta naturaleza por parte de la Policía Nacional”, dijo Reinaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Según este abogado, los abusos van desde uso de armamento letal de manera indiscriminada contra civiles; uso de armamento potencialmente letal (pistolas táser) de manera irregular; uso indiscriminado de una figura llamada traslado por protección hacia estaciones policiales; y ocultamiento de la identidad y emblemas que los identifican como funcionarios de la Policía.

La violencia policial es histórica en Colombia. Sin embargo, a juicio de Mauricio Albarracín, subdirector de la ONG de derechos humanos, Dejusticia, hay dos hechos que sirven como contexto para entender la situación actual: primero, la aparición, en 2016, de un nuevo código de Policía, que dio facultades a sus integrantes como el traslado por procedimiento que, “en la práctica se tradujo en que la Policía tiene más facultades para detener”. El segundo, las protestas del 2019 que supusieron un quiebre por la magnitud de las personas que salió a las calles y también, por la respuesta de las autoridades con armas aturdidoras. “Así llegamos a las de hoy. Lo particular es que la gente protestó directamente contra la Policía y de manera descentralizada en los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de sus barrios. La otra variación son los disparos a los manifestantes, eso es inédito y muy grave”, dice Albarracín.

Otra de las particularidades son los crecientes ataques a los periodistas. “Hemos observado es que desde las protestas del 2019 hasta la fecha hay un punto de inflexión, existe un comportamiento más agresivo por parte de la Policía hacia los periodistas que están cubriendo. En otras protestas, como la del paro agrario del 2013, no se veía como algo generalizado el exceso de fuerza y las prácticas ilegales de la Policía”, dice Jonathan Bock, subdirector de la Federación para la Libertad de Prensa (FLIP). En las últimas horas se presentaron 6 agresiones a la prensa.

El Gobierno nacional y la Policía han dicho que avanzan reformas y cambios en la capacitación de los uniformados y que cinco policías ya fueron suspendidos de sus cargos por la investigación del abogado. Acerca de los 14 civiles muertos, Gustavo Moreno, comandante encargado de la Policía, dijo que no ordenaron dispararle “absolutamente a nadie”, que están revisando los vídeos y que hay “decisiones que se toman a modo individual” para referirse a las acciones de los policías.

Mientras el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo asegura que hay manos criminales, coordinación detrás de las protestas y “un patrón delincuencial de autores materiales destrucción e incitadores”; el presidente Duque, que es el comandante de la Policía en todo el país, recibe críticas por responder con más militares en las calles y asegurar que la Policía actúa de forma “gallarda”. Pero la alcaldesa tampoco escapa a ellas. Para algunos sectores, sus medidas estrictas para frenar la pandemia del coronavirus generaron un ambiente de estado represivo que tensó las relaciones ya bastante rotas entre la Policía y los ciudadanos.