Fernando Carrillo: “La máquina de la guerra en Colombia está produciendo nuevas víctimas”

Fernando Carrillo Flórez (Bogotá, 57 años), procurador general de Colombia, afronta la recta final de su mandato al frente del organismo encargado de combatir la corrupción e investigar las faltas disciplinarias de los servidores públicos. Aunque le restan cinco meses al frente del ministerio público, el Congreso ha elegido este jueves a Margarita Cabello, una exministra del presidente Iván Duque, como su relevo. “Lo que viene requiere muchos acuerdos nacionales. Colombia tiene que parar este extremismo, esta crispación y por supuesto esta polarización. Acá no podemos seguir moviéndonos en los extremos”, valora Carrillo, quien ha sido ministro de Justicia y del Interior, embajador en España y parte del movimiento de la séptima papeleta que dio origen a la Constitución de 1991. Esta conversación con EL PAÍS se produce en medio de uno de los momentos más críticos desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, con el estallido de múltiples masacres durante las últimas semanas.

Pregunta. ¿Por qué estamos viendo este incremento repentino en las masacres en distintos lugares de Colombia?

Respuesta. Se ha demostrado una vez más que la densidad institucional del Estado es muy pobre en las regiones y los territorios. Aquí se ha creído que por la presencia transitoria y coyuntural de la fuerza pública se recuperan los territorios, y se recuperan a base de confianza en el Estado, de presencia social y de justicia territorial. Los acuerdos de paz iban en esa dirección de crear una institucionalidad social, estamos hablando de salud, educación, servicios públicos, vías y justicia. Y subrayo justicia, porque el mayor déficit de la institucionalidad en los territorios de Colombia es la justicia local. Donde no hay justicia local no puede haber paz, hay barbarie, hay regreso al pasado. Porque lamentablemente lo que estamos viendo en términos de masacres, de asesinatos de lideres sociales, de anarquía a nivel del orden público es la presencia de crimen organizado, sin duda, de actores armados ilegales, pero que están de alguna amparados por la inexistencia de estructuras judiciales locales.

P. La Procuraduría ha advertido, entre otras, sobre el incremento del reclutamiento forzado, aún en plena pandemia. ¿Por qué ha sido incapaz el Estado colombiano de llegar a los territorios, a pesar de que esa era una de las grandes promesas de los acuerdos?

R. Algunos han creído que el cumplimiento mediocre de los acuerdos de paz es tener un visto bueno ante la comunidad internacional. Y el compromiso va mucho más allá que eso. Ha sido gracias a todo el respaldo de la comunidad internacional, de los embajadores europeos concretamente y de tantos otros, que se ha mantenido algún tipo de compromiso del Gobierno con los acuerdos de paz. Insisto en que no se trata solamente de ir a los territorios una vez se han cometido las masacres, contar los cadáveres, reunirse con los familiares y devolverse a Bogotá. Lo que se requiere es una presencia permanente de la institucionalidad. Hay que volcar este Estado céntrico y centralizado, en los territorios. El problema de la paz en Colombia sigue siendo un problema de una institucionalidad escuálida y débil, y una casi nula presencia del Estado. Lo que habría que pensar es cuál es en verdad el porcentaje de cumplimiento, y la voluntad política de cumplimiento. Lejos de reducir el número de víctimas, de cumplirle, de reparar, de restituir, lo que está pasando en Colombia en los últimos meses es que la maquina de la guerra está produciendo nuevas víctimas.

P. ¿Qué no se ha cumplido?

R. No se ha cumplido, por ejemplo, el capitulo étnico de los acuerdos, que suponía mayor institucionalidad, mayor inversión para las poblaciones indígenas, afros y campesinas. Que están confinadas, pero los actores armados están atentando contra ellas. Y contra los jóvenes, porque todos estos muertos de estas últimas masacres son colombianos jóvenes, además. Porque no han accedido a pretensiones de la guerrilla. Porque han sido estigmatizados. O simplemente como una muestra de autoridad de actores armados que disponen de la vida de las personas arbitrariamente y están sembrando un terror y un miedo que no se veía en Colombia hace muchos años.

P. ¿Es esta la mayor crisis de seguridad desde la firma de los acuerdos?

R. Yo creo que sí, sigue agudizándose la violencia, sigue recrudeciéndose la violencia. Dice Indepaz [Instituto de estudios para el desarrollo y la paz] que son más de 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos, y ese ya es un indicador absolutamente preocupante. Y no es el número, porque ahí hay una discusión con el Gobierno, no es la defensa con el espejo retrovisor. Aquí tenemos que mirar qué es lo que está pasando en Colombia en este momento, y ponernos de acuerdo. Lo cierto es que los escenarios de la violencia más descarnada están repitiéndose en los territorios. En Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Arauca. Hay seis departamentos donde se está concentrando la violencia y el exterminio de líderes sociales y de excombatientes de las FARC.

P. El momento político también es delicado. Luego de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, ordenada por la Corte Suprema, usted hizo un llamado a acatar las decisiones de la justicia.

R. En un concepto que rendimos ante la Corte, mostrando como la Procuraduría está en el fiel de la balanza, le pedimos a la sala de instrucción que enviara el expediente del expresidente Uribe a la Fiscalía por razones absolutamente jurídicas. Por la solidez que dan varios fallos de la propia Corte Suprema que explican con muchísima claridad que cuando un senador pierde su fuero [Uribe renunció a su escaño], simplemente ese proceso tiene que ir a la Fiscalía salvo que se pruebe una relación funcional con los delitos, que cree la Procuraduría no estaba probada en el expediente. Y eso nos llevó a, en el último párrafo de ese memorial, insistir de nuevo en que desde el presidente de la república hasta el más modesto de los funcionarios públicos tiene que respetar y hacer respetar los fallos de la justicia. La forma de controvertir un fallo de la justicia es ante las instancias judiciales, en el marco del proceso mismo. La base de un Estado de derecho es el respeto a la autonomía, la independencia y el poder judicial, cuyas decisiones deben acatarse.

P. El senador Iván Cepeda, considerado víctima en el caso, ha manifestado que la Corte debería mantener su competencia. ¿Por qué abundan las interpretaciones?

R. El concepto de la Procuraduría es absolutamente jurídico, apegado a la normatividad, a la propia jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados en el pasado profirieron y señalaron criterios para los casos en que un senador pierde el fuero. Yo no me voy a meter en la controversia política. En el mismo caso, exoneramos de toda responsabilidad disciplinaria al senador Iván Cepeda, en otro proceso disciplinario, por considerar que no había lugar a ningún tipo de sanción.

P. La decisión de Cepeda confirma su absolución, a pesar de que la defensa de Uribe insiste en pedir que se revise.

R. Porque el ministerio público lo que defiende son los intereses de la sociedad. Como en un proceso disciplinario y en un proceso penal, independientemente de los extremismos y la polarización que hay en Colombia, que quiere invadir las decisiones judiciales, la Procuraduría puede fallar en un caso en función siempre de los intereses de la juridicidad. Y punto. Nunca dejándose influir por ese veneno que es la politización de la justicia.

P. ¿Le preocupa esa polarización que impera en torno a los procesos contra el expresidente Uribe?

R. Me preocupa muchísimo la forma en que se pretende atacar a la justicia. La justicia es la puerta de entrada de la legitimidad del Estado. Donde no hay justicia existe la barbarie, no existe el Estado de derecho, no se respetan los dictámenes de una constitución. Y por eso, independientemente de que uno le guste o no le guste un fallo, tiene que respetar a las autoridades jurisdiccionales, es un principio básico. Luego cualquier intento de mostrar elementos políticos en una decisión judicial, de lado y lado, es absolutamente discutible y condenable. Máximo cuando se utiliza una tribuna pública para poner en entredicho las decisiones de los jueces.

P. Usted ha propuesto una reforma a la justicia, ¿En que se diferencia de las demás que están sobre la mesa, y en particular de la que promueve el Centro Democrático?

R. Son cinco los argumentos que definen la naturaleza de la reforma, y lo que la diferencia de las demás. Esto fue un proceso de consulta que hicimos durante seis meses, donde intervinieron más de 9.000 colombianos. No sale del cubilete de un conciliábulo de expertos, sino de las necesidades de la ciudadanía. Es un proyecto de justicia en donde el ciudadano es el centro. En segundo lugar es una reforma básica, no una con grandes pretensiones de modernizar las cortes. Está centrada en las necesidades de una justicia local, rural, la del ciudadano que sufre los vejámenes de la violencia. Es una micro reforma pero de consecuencias macro. No se necesita reformar la Constitución. Lo tercero, está centrada en las regiones, toca a las poblaciones más vulnerables de Colombia donde la justicia no existe. Lo último es que aborda los problemas que vamos a vivir de aquí en adelante con la gran conflictividad por cuenta de la pandemia. La inspiración del proyecto es fortalecer el Estado de derecho desde la base.

P. Usted fue uno de los líderes del movimiento que desembocó en la Constitución, ¿qué siente cuando escucha las propuestas de una constituyente para reformar a la justicia?

R. Siento que son propuestas innecesarias, inoportunas e inefectivas. A los colombianos les importa muy poco lo suceda en las altas cortes. Las necesidades jurídicas insatisfechas de los colombianos están a nivel local. Son los campesinos que tienen un problema de acceso a las tierras, los líderes sociales que ven un problema de impunidad frente a los asesinatos y la forma en que los estigmatizan, las mujeres que sufren violencia doméstica.

P. ¿Qué le aconsejaría a su sucesor o sucesora?

R. Tres consejos fundamentales. Que no se olvide que esta institución nació como baluarte de la ética pública, y el déficit más grande que tiene Colombia no es fiscal, económico o social, es el déficit de ética pública. Y esto tiene que ser un referente ético. Lo segundo es que en virtud de eso, la defensa del interés público le impide a un procurador permitir que esto se convierta en un coto de caza de los políticos, y sobretodo de los políticos regionales. Y lo tercero es que tampoco es una institución para hacerle favores a nadie. El que crea que la Procuraduría es una máquina de hacer favores siendo cómplice de los amigos o perseguidor de los enemigos, simplemente está distorsionando la función del ministerio público.