Abusos policiales

Las protestas que se desataron la semana pasada en Colombia tras la muerte de un abogado que se encontraba bajo custodia policial han puesto en evidencia que el país aún tiene un serio problema con el monopolio de la fuerza y la gestión de los cuerpos de seguridad. Las movilizaciones degeneraron en una batalla campal en Bogotá y en el municipio de Soacha, aledaño a la capital, pero la reacción de los agentes fue desproporcionada y estuvo marcada por la violencia y los abusos. Los enfrentamientos dejaron al menos 13 civiles muertos y más de 70 heridos por disparos.

La ira de los manifestantes tuvo como blanco a la policía y las comisarías urbanas, los llamados Comandos de Acción Inmediata (CAI). Especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios, convertido en un símbolo de la represión y objeto de durísimos cuestionamientos desde la oleada de protestas estudiantiles del pasado mes de noviembre. La crisis puso a prueba también el liderazgo de las principales autoridades del país: el presidente, Iván Duque, que gobierna con el apoyo del Centro Democrático y un sector de la derecha acostumbrado a la defensa incondicional de los uniformados; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido Verde, habló abiertamente de “masacre contra jóvenes” y reprochó al mandatario no haber acudido a un homenaje a las víctimas convocado por la alcaldía.

Los episodios de violencia y los abusos, documentados por grabaciones y más de un centenar de denuncias, tienen, sin embargo, un trasfondo que va más allá de las tensiones políticas. Colombia firmó hace cuatro años un acuerdo de paz con las FARC que llevó a la desmovilización de la guerrilla más antigua de América después de más de medio siglo de conflicto armado. El país todavía está lejos de haber resuelto el problema de la violencia, pero ya no está en guerra permanente con una organización insurgente. La sociedad está cambiando, la transición está en marcha y es irreversible.

En este contexto, es urgente una reforma de las fuerzas de seguridad, empezando por la policía. No se trata de una mera reivindicación que agita el debate en la arena partidista. Es una necesidad real avalada por la opinión de los propios colombianos. Más del 57% de los consultados en el último estudio de Gallup tiene una imagen desfavorable de los agentes. Aunque haya fuerzas políticas interesadas en alentar la oposición en la calle contra el actual Gobierno, el problema va más allá y es estructural. Por eso necesita una solución ambiciosa, que comienza por reconocer que la gestión de la seguridad debe cambiar y adaptarse a un nuevo país.