“Están muriéndose de hambre”: los vendedores ambulantes de Zimbabue afectados por el confinamiento

Martha Kahari ya lo pasaba mal para llegar a fin de mes después de que el confinamiento impuesto en Zimbabue a causa del coronavirus la obligara a dejar de vender ropa de segunda mano y tomates a un lado de la carretera en la capital, Harare. Poco después, el Ayuntamiento le desmontó el puesto.

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Desde abril, las autoridades municipales de las principales ciudades de Zimbabue han demolido miles de estructuras construidas ilegalmente que comerciantes como Kahari utilizaban para vender su género, en el marco de lo que los responsables políticos afirman que es un esfuerzo para "legitimar el comercio irregular en la ciudad".

Con su tenderete destruido, esta mujer de 40 años, madre discapacitada de dos hijos, ha perdido la esperanza de poder pagar el alquiler o devolver el dinero que pidió prestado para comprar las mercancías que planeaba vender una vez que se levantara el confinamiento.

“Si no devuelvo pronto el préstamo, vendrán a llevarse mi género”, explica Kahari. “Como me he visto privada de mis ingresos, tengo que vivir en una habitación en casa de mis suegros con mis dos hijos y mis pertenencias. No tenemos dinero para comer y nadie nos ayuda". Los grupos de vendedores y de trabajadores irregulares en Zimbabue afirman que los responsables municipales, con el apoyo del Gobierno nacional están aprovechando el confinamiento para destruir sus precarias tiendas y puestos de mercado mientras los dueños de estos respetan la orden de quedarse en casa.

Oliver Chidawu, ministro de Estado para Harare, y el alcalde de la ciudad, Herbert Gomba, sostuvieron en una comparecencia conjunta en abril que se habían “percatado con preocupación de la angustia que se ha apoderado de los agentes del sector informal” desde que se habían iniciado las demoliciones. El objetivo de esta operación, explicaban, era acabar con los negocios ilegales y asegurarse de que las ciudades estuviesen “limpias, en orden y bien gestionadas”, además de garantizar que los ayuntamientos no perdieran unos ingresos potenciales.

Las redadas contra los vendedores informales, que suman más de tres cuartas partes de la población del país, según la Asociación de Comerciantes de la Economía Sumergida de Zimbabue, son frecuentes en el país. La última oleada de demoliciones tuvo lugar el año pasado, cuando se destruyeron alrededor de 2.500 puestos en Harare y Chitungwiza, una ciudad a unos 30 kilómetros al sur de la capital.

Samuel Wadzai, director general de la Iniciativa de los Vendedores para la Transformación Social y Económica (VISET por sus siglas en inglés), un sindicato con sede en Harare, señala que la operación actual ha destruido el sustento de más de tres millones de vendedores.

Al llevar ya sin ingresos desde que la nación sudafricana impusiera el confinamiento el pasado 30 de marzo, muchos de los comerciantes perdieron parte esencial de su género y de sus preciadas posesiones cuando sus puestos fueron derribados, explica Wadzai. “Nuestros miembros perdieron mercancías y bienes por valor de millones de dólares en esta ofensiva en todo el territorio nacional”, prosigue.

Los defensores de los derechos de los comerciantes señalan que con Zimbabue inmerso en una crisis económica que ha provocado una desorbitada subida de precios y una creciente escasez de comida, los vendedores se han gastado sus ahorros en alimentar a sus familias. Según Wadzai, ahora no tendrán un lugar de trabajo ni manera de comprar nuevos géneros cuando se levante el confinamiento.

Demolición de los tenderetes 

Para sobrevivir, muchos vendedores se han volcado en las redes sociales con el fin de solicitar donaciones de dinero y alimentos, mientras que otros se dedican a vender desde sus hogares. Bidnock Kunaka, de 55 años, tenía dos puestos —uno en la barriada de Kuwadzana, donde vive, y otro en el centro de Harare— en los que vendía diversos productos, desde fruta y verdura hasta herramientas.

Ahora no puedo poner comida en la mesa. El dinero en efectivo que había apartado para equipar mi negocio, lo hemos gastado en otras necesidades domésticas Bidnock Kunaka, vendedor ambulante de 55 años

Mientras cumplía las normas de confinamiento desde su hogar, se enteró de las demoliciones a través de los medios de comunicación y de otros comerciantes. Cuando por fin pudo comprobar el estado de su tenderete en Kuwadzana, solamente halló el armazón. Según Kunaka, nadie avisó a los vendedores de que se procedería a dichas demoliciones. “Ahora no puedo poner comida en la mesa. El dinero en efectivo que había apartado para equipar mi negocio, lo hemos gastado en comida y en otras necesidades domésticas”, explica este padre de cuatro hijos.

Sin ese capital, se lamenta Kunaka, que se hizo vendedor en 2016 tras perder su trabajo de peón en una fábrica, le será imposible reanudar su negocio tras el confinamiento. Lo que ha hecho ha sido convertir una parte del terreno de su casa en una huerta, donde ahora cultiva zanahorias, cebollas y verduras de hoja verde. “Espero componérmelas con el huerto para generar ingresos y de este modo alimentar a mi familia y comenzar de nuevo la venta”, afirma.

Espacios designados

Wadzai, de VISET, afirma que la criminalización de los vendedores y la demolición de sus puestos son contrarias a la responsabilidad del Estado de promover el pequeño comercio. Las autoridades municipales de la ciudad han prometido proporcionar a los comerciantes unos espacios aprobados que serán designados para su uso una vez que se levante el confinamiento. “El Ayuntamiento de Harare y otras autoridades están ya en el proceso de identificar y preparar lugares de trabajo alternativos para los vendedores informales”, afirmaban Chidawu y Gomba en su comparecencia conjunta.

Sin embargo, Wadzai asegura que los comités que deciden dónde asignar y usar dichos espacios no han contactado con ningún sindicato de vendedores o trabajadores irregulares para pedirle su opinión. “No es justo que los responsables políticos saquen provecho del confinamiento de la covid-19 para atacar el sustento de la población sin ni siquiera consultar”, se lamentaba por teléfono.

Acelerar las ayudas

Mientras el Ejecutivo de Zimbabue ha empezado a suavizar algunas de las medidas del confinamiento para permitir poco a poco la reanudación del comercio y de la industria, el sector de la economía sumergida aún tiene prohibido operar. Simon Masanga, secretario permanente para la asistencia social, señala que en mayo el Gobierno comenzó a repartir 180 dólares zimbabuenses (6,45 euros) al mes a más de 2.000 personas que se han visto afectadas por el confinamiento y las restricciones impuestas a los vendedores.

Una familia de cinco personas en Zimbabue necesita al mes unos 7.500 dólares zimbabuenses (alrededor de 280 euros) para cubrir las necesidades básicas

El objetivo es apoyar a un millón de beneficiarios, explicaba, y añadía que el registro de los vendedores para obtener ayuda financiera era un proceso lento debido a las medidas del confinamiento. Los grupos que defienden los derechos de los comerciantes, como la Asociación de Comerciantes de la Economía Sumergida, califican los pagos de “insignificantes”, ya que, según afirman, apenas cubren las necesidades más básicas de las familias.

Una familia de cinco personas en Zimbabue necesita al mes unos 7.500 dólares zimbabuenses (alrededor de 280 euros) para cubrir las necesidades básicas, según las cifras proporcionadas en abril por Zimstat, el instituto nacional de estadística. “No decimos que esta cantidad sea suficiente para cubrir las necesidades básicas, pero contribuirá enormemente a ayudar a alguien que no tenga ningún dinero en el bolsillo”, declaraba Masanga en respuesta a las críticas.

Si el Gobierno quiere ayudar a los comerciantes a recuperarse tanto del impacto de la pandemia como de la pérdida de sus tenderetes, debería facilitar la salida del confinamiento al sector del comercio informal y acelerar los pagos de las ayudas, asegura Wadzai.

“El Ejecutivo tiene que desembolsar rápidamente los fondos para proteger a los vulnerables”, remacha. “Se está tardando demasiado. Los vendedores se están muriendo literalmente de hambre”.

Con información de Tonderayi Mukeredzi y edición de Jumana Farouky y Zoe Tabary, este reportaje fue publicado previamente en inglés por la Thomson Reuters Foundation, organización que narra la vida de personas de todo el mundo que luchan por la libertad y la justicia.

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