Trabajo desprotegiendo trabajadores

Estamos acostumbrados, qué remedio, pero no por ello la práctica deja de ser una vergüenza. En las guerras aparece muy clara: se anuncia una tregua o un alto el fuego, y con el anuncio se despacha el asunto. Luego la tregua se incumple y no tiene efecto, y nada pasa, porque ya la sustituyó su anuncio. En política ocurre lo mismo, y hemos sufrido Gobiernos del PP que se dedicaban a anunciar medidas o leyes que a menudo no se aplicaban o convalidaban. Ahora le toca el turno a un Gobierno que inverosímilmente se dice “de progreso”, defensor teórico de los desfavorecidos y los trabajadores. Entre sus decisiones para paliar la penuria de los segundos durante la crisis económica desatada por la epidemia, destacaron los ERTE, proclamados a bombo y platillo, sobre todo por la Ministra de Trabajo podemita, Yolanda Díaz, que se colgó por adelantado alguna condecoración o medalla. A todos nos pareció bien, ya que un ERTE lo paga el Estado, es decir, lo pagamos entre todos.

Escribo el 28 de junio, y hoy, al parecer (tres meses y medio después del inicio del confinamiento dictado), hay 200.000 expedientes sin tramitar. Los propios trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y fuentes sindicales hablan incluso de 400.000. En la vida real —que es la que cada cual vivimos—, las personas que conozco “beneficiadas” por ERTE aún no han cobrado un céntimo del Estado. Y la prensa está llena de noticias sobre las angustias de asalariados, autónomos, pequeñas empresas, tiendas que ya se han rendido, por la tardanza del Gobierno en abonar lo que prometió con triunfalista trompeteo. Así que, pese a la autocondecoración de Díaz y de sus jefes Iglesias y Sánchez, se ha vuelto a la red económica de soporte de 2008: la pensión de los abuelos, préstamos de familiares y amigos, créditos bancarios con exigencia de garantías casi imposibles de aportar. Por no mencionar a los muchos empleados corrientes y molientes (no gente “sin techo”) que recurren al Banco de Alimentos.

La Ministra Díaz ha salido al paso: ha habido algunos problemas, vale, pero ya se ha resuelto ¡el 98% de los expedientes! (Una cifra digna de Esperanza Aguirre en sus mejores y más descarados tiempos.) Los trabajadores del SEPE la desmintieron, suponiendo que se trataba de expedientes fantasma, porque ellos no habían tramitado esa cantidad ni de lejos. Es vox populi, además, la imposibilidad de que en el SEPE lo atiendan a uno por teléfono para pedir cita. Y cuando por fin la dan, raramente, nunca es fija sino condicional. Si no la confirman, mejor ahorrarse el viaje. No sé de nadie a quien se la hayan confirmado.

Por otra parte, llegó la hora en que bastantes empresas obligaron a sus empleados a volver al trabajo “presencial”, por turnos o como fuera… pero siguieron acogidas a su ERTE. ¿Fue Inspección de Trabajo a esas empresas a impedir tal aprovechamiento? No. Fueron algunos trabajadores quienes, anónimamente y jugándose el puesto, hubieron de denunciar la anomalía. Y fue la Guardia Civil, no Trabajo, la que llevó a cabo la inspección correspondiente, en atención a esas arriesgadas denuncias. Sigamos con esas bastantes empresas. Durante el confinamiento, y mientras la gente “teletrabajaba” desde su casa con niños encerrados, se forzó a no poca de esa gente a “tomarse días de vacaciones” para justificar su “ausencia”, y, por temor a quedarse en el paro, firmaron que en efecto aquello eran “vacaciones”. Ahora, ya cerca agosto, esa gente se encuentra con que sus días de vacaciones reales han quedado reducidos a diez, a cinco, según los casos, con la agravante de que la empresa sugiere —y en estas circunstancias las sugerencias son órdenes, o chantajes— que durante la mitad de ellos “estén disponibles por si se los necesita”. Todo esto es ilegal, es un fraude, y hay abogados y sindicatos que aconsejan denunciar los abusos a Inspección de Trabajo. Esos consejeros tendrán buena voluntad, pero me temo que ignoran en qué mundo viven y bajo qué Gobierno. Cuando todos sienten pánico a quedarse en la calle, ¿alguien va a correr el riesgo de denunciar a su empresa?

Con uno del PP, no cabría esperar que Inspección de Trabajo actuara de oficio y detuviera las estafas, sin necesidad de denuncias suicidas. Con un Gobierno “de progreso”, que presume sin cesar de su preocupación por los de abajo, sí cabría. Pero en la práctica resulta que apenas se diferencia de los del PP bien conocidos. No todos los empresarios son explotadores, ni mucho menos. Pero todos buscan el mayor beneficio posible “dentro de lo que las leyes permiten”. Si las medidas se anuncian pero no se cumplen, y las disposiciones y leyes no se ejecutan —como en el clamoroso caso de los ERTE—, entonces las leyes lo permiten casi todo. El actual Ministerio de Trabajo, por desidia, ignorancia o incompetencia —mala intención no quiero atribuirle—, está dejando a quienes se jacta y ufana de proteger, más desprotegidos que nunca, y encima en el peor momento laboral, psicológico y anímico de lo que va de triste siglo.