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COLUMNA i

¿Por qué López Obrador abraza la austeridad ante la covid-19?

México tiene una larga historia de aumentar el gasto público durante las crisis para beneficiar a millonarios. Tratando de evitarlo, pero sin proponer una alternativa, el presidente cava su tumba

El presidente de México en su conferencia matutina.
El presidente de México en su conferencia matutina. REUTERS

Disfrazadas de medidas irremediables ante una crisis económica sin precedentes, México tiene una larga y vergonzosa historia de usar dinero público para solventar rescates y dar apoyos millonarios a unos pocos. Olvidadas estas acciones, justificadas con propaganda enmascarada de análisis económico, la historia reciente de México se cuenta aún como cierta deferencia al poder. En la escuela nos dicen que no se pudo haber salido de la crisis de otra forma. No es verdad.

Es a todas luces evidente que las crisis en México no han servido para lo que hubieran podido servir: cambiar las reglas del juego. Por el contrario, los momentos de tensión económica han profundizado las diferencias de poder. Surgieron ricos de las crisis que vivimos y de las que vivieron nuestros abuelos. En cada crisis, el Gobierno mexicano ha escogido ganadores. Los ganadores que hoy protagonizan nuestra desigualdad.

En este ensayo recopilo la historia contemporánea de las crisis en México y de cómo han exacerbado inequidades, y reto la interpretación original de nuestra historia de la mano de historiadores contemporáneos. Las medidas de rescate, si bien eran irremediables, pudieron haber sido diseñadas en formas que favorecieran mucho más a las clases medias y pobres. No fue así.

Detallo cómo este pasado vergonzoso, el de las medidas anticrisis como regresividad negociada, supone una excusa perfecta para que López Obrador mantenga una política de austeridad que secretamente cultiva su poder de acción, su imagen política y su capacidad de maniobra.

Y muestro lo que López Obrador no ve: que su política durante la covid-19 abre paso a la creación de un sólido movimiento opositor como el que él alguna vez abanderó, hace 25 años.

Las crisis que crean millonarios

Cuando en 1982 México enfrentó una profunda crisis de deuda, el amigazgo y el influyentismo fueron la directriz de las acciones contracíclicas. Como ha mostrado el trabajo de la historiadora Judith A. Teichman, se rescató con singular atención al sector privado más pujante sin que existiera un programa para modernizar o apoyar a la pequeña y media empresa. El programa de ajuste, inapropiadamente llamado “endeudamiento responsable”, tuvo por efecto otorgar un subsidio de 17.000 millones de pesos a la multinacional mexicana ALFA a la par de permitir que el salario mínimo perdiera un 40% de su valor en 24 meses.

Grandes corporativos empresariales, entre ellos el Grupo Monterrey, se convirtieron en los principales beneficiarios del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, un programa que cubrió con dinero público el 40% de las pérdidas del sector privado por sus deudas en dólares. Los beneficios, créditos y excepciones fiscales aplicadas posteriormente en 1986 se centraron en las empresas ALTEX (ALTamente EXportadoras) que eran ya de por sí las más grandes del país y en muchos casos compañías internacionales.

Así, mientras que en 1977 el 10% de los mexicanos más ricos concentraban el 40% del ingreso total del país, para 1989 ya tenían el 49%. La clase media tuvo menos, la baja quedó sin cambio. Parte del problema fue que el entonces presidente Miguel De la Madrid, como acertadamente ha documentado la historiadora Louise Walker, imprimió poca resistencia a las medidas draconianas que solicitaba el Fondo Monetario Internacional, porque él mismo creía que eran buenas ideas.

La crisis de 1994 no fue diferente. Se informó a un grupo selecto de empresarios cercanos al poder la intención de permitir una devaluación del peso antes de que sucediera, lo que aparentemente, les permitió proteger sus fortunas.

Además, como parte de las medidas para paliar la crisis se realizó un rescate bancario que costó 19 puntos del PIB y cuyos beneficios se concentraron en tan solo seis bancos, ni siquiera los más grandes. Hoy sabemos que la mitad de la deuda que fue rescatada venía solo de 600 préstamos, y que muchos de ellos fueron hechos a familiares, accionistas o los mismos directivos del banco rescatado, como ha documentado el economista Stephen Haber de la Universidad de Stanford.

El rescate fue realizado sin penalizaciones para los banqueros irresponsables. Se capitalizó a los bancos con dinero público sin que se demandaran títulos accionarios para el Estado, se compró la cartera de baja calidad a un valor superior al de mercado, y para hacerlo, se invirtieron dos veces más recursos del Estado que recursos privados. Peor aún, años después los bancos fueron vendidos en beneficio de los accionistas rescatados. El banco Banamex, por ejemplo, fue adquirido por Citigroup sin pagar impuestos y sin que le fuera requerido reembolsar el rescate.

Al día de hoy, la extensión de la corrupción con la que se realizó el rescate bancario ha quedado sepultada. Cuando en 1998 se contrató a Deloitte para realizar una auditoría forense que permitiera traerla a la luz, el auditor denunció presiones para realizar su trabajo. Se alcanzó a descubrir que al menos 42.000 millones de pesos de las deudas rescatadas habían sido préstamos a familiares o directivos, y que otros 73.000 millones eran operaciones ilegales o irregulares. Aun así, el rescate de convirtió en deuda pública sin contar con la aprobación del Congreso.

Se dice que el rescate bancario era necesario para proteger a los ahorradores. A lo mejor lo era, pero pudo ser mucho menos generoso. Solo el 13.5% del dinero pagado por el rescate fue destinado a los ahorradores, de acuerdo con los datos que compiló Enrique Cárdenas, reconocido historiador económico.

Además del rescate, la privatización de empresas paraestatales creó una grosera concentración de la riqueza. Solo nueve personas compraron el 38% de las empresas no bancarias, mientras que a la empresa mediana se le impidió participar en cualquier compra. Así, de 1993 a 1994 el número de familias mexicanas en la lista de millonarios Forbes aumentó en un 85%, cuando en el mundo solo subió un 15%.

La última crisis mexicana, la financiera del 2008, tuvo un fuerte componente contra-cíclico, aumentando la deuda en 10 puntos del PIB, pero algo volvió a salir mal. El capital tuvo ganancias extraordinarias durante la recuperación que no se tradujeron en mejoras salariales. México tiene hoy 12% más trabajadores con sueldos de pobreza que en 2008. Ello sin contar que Felipe Calderón, entonces presidente de México, aprovechó la caída estrepitosa del PIB para proponer la desaparición de la Secretaría encargada de sancionar actos de corrupción de funcionarios públicos, y para desaparecer compañías con sindicatos laborales aguerridos.

Por todo lo anterior, cuando López Obrador argumenta que no adquirirá deuda porque no cometerá los errores del pasado, sus palabras resuenan como ciertas para las clases medias y vulnerables. Los sectores sociales que no tienen memoria de alguna crisis en la que la prioridad de rescate hayan sido ellos, celebran las formas de López Obrador a contrapelo de lo que consideran son las peticiones de una élite

La excusa perfecta

El mexicano promedio le teme a la deuda porque la relaciona con las crisis de las que solo unos cuantos salen bien librados.

Sin embargo, López Obrador es más astuto que esta postura. Él se niega aumentar el gasto público, no solo por los traumas antideuda del México contemporáneo, sino porque entiende que la austeridad favorece su poder de acción e imagen política.

Incurrir en deuda debilitaría su capacidad de maniobra política. La deuda, de acuerdo a su lectura, deja a México sumiso y atado de manos ante el poder de inversionistas y bancos internacionales; entes frenta a los que López Obrador tendría que rendir cuentas y que castigarían cambios radicales en la política pública.

Pemex es un ejemplo vivo de ello. Debido a su altísimo endeudamiento privado, la petrolera mexicana prácticamente opera bajo el permiso de calificadoras internacionales que sancionan duramente los sueños de López Obrador de recobrar la independencia energética. Los inversionistas maximizan ganancias, una ecuación diferente y no necesariamente compatible con la que López Obrador quiere maximizar.

El presidente mexicano tampoco quiere aumentar la deuda porque necesita mantener una imagen de responsabilidad fiscal que lo diferencie de los líderes populistas latinoamericanos que han aumentado el gasto público al punto del desequilibrio macroeconómico.

Si algo entiende López Obrador es que la métrica que los capitales usarán para medir los aumentos en deuda de su Gobierno no será la misma que usaron cuando hace 12 años un gobierno de derecha, que contaba con la confianza de empresarios, aumentó la deuda en 10 puntos del PIB para inyectar liquidez a los mercados. A un gobierno de izquierda se le juzgaría más dura y cruelmente si incurre en deuda. Se le tacharía de irresponsable rápido y laxamente, se le acusaría de populista y clientelar aún si aumentara la deuda para legítimamente dar transferencias a los pobres e informales. Los inversionistas ya tienen sembrado un problema de desconfianza ideológica ante todo lo que haga López Obrador y por ello, su reacción podría incluso, agudizar la crisis.

Esto es aún más delicado porque el país que López Obrador tiene hoy en manos es más frágil. Aun siguiendo las políticas de austeridad draconianas, debido a la depreciación del peso, la deuda mexicana ya ha aumentado en 7 puntos del PIB en 2020. Si el Gobierno decidiera aumentar en 10 puntos más la deuda, no está claro  si los mercados reaccionarían con calma.

Finalmente, existe también el dilema de su persona política. López Obrador hizo carrera a partir de pertenecer al ala de izquierda del PRI y eventualmente conformar el PRD. Parece que muchos analistas han olvidado que desde sus documentos de trabajo fundacionales el PRD se decía movilizado por “la creciente sangría (sic) que representa la carga de la deuda externa en los niveles de vida”.

López Obrador, como animal político, concibe a la deuda pública como su némesis y al Fondo Monetario Internacional como su antítesis. Recurrir a una línea de crédito con ellos sería para él traicionar 25 años de carrera política.

Aceptar un plan económico, sin deuda, que aumente el gasto público al reasignar gasto es difícil también porque las pocas propuestas que están sobre la mesa provienen de los mismos grupos empresariales que han aprobado los rescates pasados. La propuesta más discutida hasta ahora, la hecha por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es regresiva. Solicita apoyo para las empresas en general, sin condiciones en tamaño o giro, y busca medidas macroeconómicas que ayuden a empresas exportadoras y multinacionales, las más grandes y sólidas. No proponen nada sobre cómo derrocar sus monopolios, empoderar a los pequeños, aumentar recaudación, o imponer condiciones vinculantes a la protección del empleo.

Lo que López Obrador no ve

Es por ello que, si por algo hay que criticar a López Obrador, no es porque no acepte las propuestas hechas por empresarios organizados, sino porque no proponga una forma distinta de aumentar el gasto público.

López Obrador comete un grave error de falta de visión.

Asume que la deuda pública siempre será usada para crear millonarios post-crisis sin entender que ello no es irremediable. La deuda puede ayudar a los más necesitados y ser pagada con contracciones al gasto cuando la economía mejore. Incluso, los apoyos a las empresas grandes pueden ser dados bajo la condición de que se mantenga el empleo, se cancelen los mecanismos de evasión fiscal y se paguen salarios dignos a los trabajadores.

La crisis de la covid-19 podría ser usada para repensar la relación entre México y sus élites, y entre las crisis y los 52 millones de pobres mexicanos.

Incluso, se podría pedir a las empresas beneficiadas que se comprometan a lograr la paridad de género en sus consejos directivos, que firmen convenios de ética que reduzcan la corrupción privada y que cedan ante una reforma fiscal radicalmente progresiva en 2021. Un impuesto extraordinario de un 6% a la riqueza de las 350 familias mexicanas más ricas podría casi duplicar el gasto en salud pública en México.

Pero López Obrador no lo ve. El presidente mexicano sabe cómo no repetir la historia, pero no sabe cómo crear un mejor futuro. De continuar por este camino, su actuar dejará una clase debilitada y resentida que, como sucedió en los ochenta, se organizará en contra de quienes detentaban el poder.

En su juventud López Obrador fue de esos movilizados. Hoy se podrá ver surgir, de las filas de los agraviados, a su sucesor.

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