El ADN en el lugar del crimen se chiva del origen del asesino y de su color de piel, de ojos y de pelo

La noche del 30 de abril de 1999, una chica de 16 años, Marianne Vaatstra, fue violada y asesinada cuando regresaba a su casa en bicicleta. Su cadáver apareció con la garganta cortada en Veenklooster, una pequeña aldea neerlandesa con un cercano centro para personas migrantes a la espera de obtener asilo político. Ante la falta de sospechosos en el entorno de la adolescente, la policía apuntó pronto a dos hombres del centro de extranjeros, uno de Irak y otro de Afganistán, pero fueron descartados porque su ADN no coincidía con el del semen presente en el cuerpo de la chica.

“Poco después del crimen, los vecinos estaban convencidos de que el culpable debía de ser uno de los solicitantes de asilo, aunque solo fuera por el método del asesinato, el degüello, que se asumía que no podía ser europeo”, recuerda el genetista Manfred Kayser, de la Universidad Erasmus de Róterdam. La tensión llegó a tal punto que se mascaba un linchamiento, así que las autoridades tomaron una decisión sin precedentes: analizar el ADN del semen para intentar averiguar el origen geográfico del asesino. Y los resultados dictaminaron que lo más probable es que fuera un hombre del norte de Europa occidental.

“En España no tenemos un marco legal para saber hasta dónde podemos llegar”, lamenta el genetista Antonio Alonso

Kayser recuerda el caso de Marianne Vaatstra porque demostró que la ciencia avanzaba mucho más rápido que las leyes. Los análisis de ADN para predecir el origen del asesino se hicieron de manera ilegal. Sin embargo, el salvaje crimen sin resolver impulsó poco después dos reformas legislativas. Hoy, Países Bajos es uno de los pocos estados del mundo que ha regulado el uso de análisis genéticos para inferir el origen geográfico y el color de piel, de ojos y de pelo de un sospechoso desconocido. Y las autoridades neerlandesas también permiten la búsqueda de perfiles de ADN no idénticos pero similares, para llegar a un criminal a través de sus familiares. El asesino de Marianne Vaatstra fue identificado y detenido en 2012, tras recogerse el ADN de 6.600 vecinos. Era Jasper Steringa, un agricultor neerlandés que vivía cerca del lugar del crimen.

“En España no tenemos un marco legal para saber hasta dónde podemos llegar”, lamenta el genetista Antonio Alonso, vicepresidente de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, dependiente del Ministerio de Justicia. El último informe del comité alerta de la “necesidad de regulación legal” ante la actual “revolución tecnológica en el campo de la genética forense”. El documento subraya que ya es posible predecir con muy alta precisión algunos rasgos de una persona a partir de su ADN, como la piel negra (99%), la piel muy pálida (83%), los ojos marrones (95%), los ojos azules (94%) y el pelo rojo (93%).

“Queremos promover una reforma legislativa para que se regulen estas aplicaciones, que ya se están utilizando porque las piden los jueces”, explica Alonso, también director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la localidad madrileña de Las Rozas. Otros chivatos genéticos están en camino: marcadores de la calvicie, del pelo rizado, de la forma de la cara, de las pecas, de las canas tempranas e incluso del plegamiento del lóbulo de la oreja.

El nuevo informe recuerda el caso de Eva Blanco, una joven de 17 años que fue violada y asesinada la noche del 20 de abril de 1997, cuando volvía a su casa en la localidad madrileña de Algete. Tras casi dos décadas sin pistas, la Guardia Civil solicitó un nuevo análisis del ADN presente en el lugar del crimen, esta vez con los últimos avances en genética. El laboratorio de Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago de Compostela dictaminó que el asesino era, muy probablemente, un hombre norteafricano de pelo negro y ojos marrones. La Guardia Civil buscó a todos los magrebíes que residían en Algete en 1997, les pidió un análisis de ADN voluntario y acabó identificando a dos hermanos del sospechoso, Ahmed Chelh, que fue detenido y apareció ahorcado en la cárcel madrileña de Alcalá Meco en enero de 2016.

“Hoy en día, si un juez te pide hacer estos análisis, se hacen, pero a la larga la prueba puede venirse abajo si los abogados argumentan que no hay un marco legal”, advierte Alonso, consciente de que “este tipo de técnicas pueden ser discriminatorias con respecto a minorías que suelen estar sobrerrepresentadas en las bases de datos”.

La comunidad científica ha diferenciado tradicionalmente las regiones codificantes del ADN —aquellas que contienen instrucciones para fabricar proteínas y que por lo tanto pueden estar vinculadas a las características externas de una persona o a su susceptibilidad a padecer enfermedades— y las no codificantes. La legislación española, a través de la Ley Orgánica 10/2007, afirma que en la base de datos policial solo se pueden incluir perfiles de ADN no codificante “que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto y del sexo, pero, en ningún caso, los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética”.

El informe de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN advierte de que “en la actualidad no hay una distinción tan clara” entre el ADN codificante y el ADN no codificante. “Por lo tanto, ambos tipos de marcadores de ADN necesitan una regulación legal en la que se establezcan los fines, la proporcionalidad y los límites de su uso”, señala el documento. La comisión sugiere que estos nuevos análisis genéticos —sobre los rasgos externos de un sospechoso y su posible origen geográfico— solo se utilicen en delitos graves, con autorización judicial y siempre que se hayan agotado todas las líneas de investigación.

"Si queremos evitar a toda costa las aplicaciones negativas, la única solución es no hacer ciencia, pero entonces tampoco tendremos las aplicaciones positivas”, sostiene el genetista Manfred Kayser

Los genetistas Ángel Carracedo y Chris Phillips, del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, son dos de los líderes del consorcio europeo Visage, un proyecto financiado con cinco millones de euros para diseñar técnicas que determinen las características físicas, el origen biogeográfico y la edad de una persona a partir de su ADN. El laboratorio gallego, recuerda Carracedo, fue pionero en esta línea de investigación tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando sus científicos analizaron diversas prendas de ropa y una mochila para averiguar si el ADN presente en ellas era norteafricano o europeo.

“Cuando no hay testimonios de testigos y tampoco hay coincidencias en las bases de datos de ADN [de delincuentes ya fichados], los nuevos análisis genéticos ofrecen más detalles sobre los rastros dejados en la escena del crimen, pero estas pruebas todavía están dando sus primeros pasos para su aplicación de manera rutinaria en España”, reconoce Phillips. Su equipo también participó en la operación Minstead: la búsqueda de un violador de ancianas en Londres que fue detenido en 2009 después de que un análisis genético predijera su origen caribeño.

Los científicos del consorcio europeo Visage son conscientes de las implicaciones éticas de su trabajo. Dictaminar que un desconocido violador en serie es de origen caribeño implica que habrá muchos inocentes que serán investigados solo por ser de origen caribeño. “En mi opinión, pueden existir aplicaciones positivas y negativas, como ocurre a menudo con la ciencia. Si queremos evitar a toda costa las aplicaciones negativas, la única solución es no hacer ciencia, pero entonces tampoco tendremos las aplicaciones positivas”, sostiene el genetista Manfred Kayser, coordinador del proyecto Visage.

“La manera de salir de este dilema es disponer de una regulación estricta que solo permita las aplicaciones positivas”, añade Kayser. Un equipo de expertos en ética, dirigido por Barbara Prainsack, de la Universidad de Viena, ultima un documento para fomentar el uso responsable de los nuevos análisis genéticos. Sin legislación adecuada, todo depende del criterio de las autoridades de turno, como recalca Antonio Alonso: “Al final, en nuestro ordenamiento jurídico lo que más importa es la proporcionalidad. ¿Qué vale más? ¿La privacidad de determinadas personas inocentes o evitar otro muerto por un asesino en serie en un pueblo de España? Pues muchos jueces, y muchas personas razonables, dirán que prefieren cargarse un poquito esa privacidad personal para evitar un nuevo asesinato”.