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¿Por qué el retorno de los emigrantes desde Europa le está creando problemas a Gambia?

Con el levantamiento de la moratoria, la cooperación entre la UE y el país africano se encuentra en una encrucijada

Las relaciones entre Gambia y la Unión Europea podrían verse afectadas por la gestión de la inmigración.
Las relaciones entre Gambia y la Unión Europea podrían verse afectadas por la gestión de la inmigración.

Aproximadamente 38 500 gambianos abandonaron el país por medios “irregulares” entre 2013 y 2017, lo que hace que hoy en día casi todas las familias tengan lazos con el extranjero. La afluencia de inmigrantes a Europa y otros lugares fue causada por la opresión política del expresidente Yahya Jammeh y ello afectó también gravemente las perspectivas económicas de la población joven de Gambia.

Como consecuencia, un gran número de ciudadanos, en su mayoría hombres jóvenes, buscaron asilo en Europa, pero a muy pocos se les permitió quedarse. Y, menos aún, cuando Jammeh fue derrocado después de las elecciones de 2017 y el país volvió a la democracia. Recientemente, ha habido un gran impulso por parte de los estados miembros de la Unión Europea (UE) para devolver a Gambia a los solicitantes de asilo rechazados.

La cuestión de los retornos es particularmente volátil en esta nación del África occidental de 2 millones de habitantes, como se refleja en la prensa nacional y europea. En noviembre de 2018 se produjo un ligero aumento de las deportaciones a Gambia, después de que la UE y el Gobierno alcanzaran un acuerdo de “buenas prácticas” para unos procedimientos de retorno eficaces.

Esta intensificación de la cooperación fue posible gracias al cambio de gobierno en 2017, cuando Adama Barrow se convirtió en presidente después de las elecciones, como explicamos en nuestra investigación titulada La economía política de la gobernanza migratoria en Gambia.

A pesar de la cooperación inicial con la UE en materia de retorno, en marzo de 2019 el gobierno de Barrow impuso una moratoria sobre cualquier deportación de sus nacionales desde la UE. Tras un estancamiento de varios meses, la prórroga se ha levantado. Pero, aunque la moratoria fuera temporal, sirvió al gobierno para gestionar problemas de legitimidad interna.

Retos en las relaciones

La expulsión de Jammeh puso fin a años de dura represión y corrupción que desanimaron a los países donantes a cooperar con Gambia. Cuando se marchó, el país estableció relaciones positivas con la UE, que se ha convertido en su principal socio para el desarrollo; proporciona 55 millones de euros de apoyo presupuestario y dirige tres proyectos para abordar las causas profundas de la inestabilidad, los desplazamientos forzados y la migración irregular. La moratoria se convirtió en una prueba de tensión para este nuevo marco de relaciones.

Antes de que se impusiera la prórroga en marzo de 2019, el gobierno había comenzado a cooperar con la UE en cuestiones relacionadas con los retornos. Por ejemplo, envió misiones periódicas a Europa para expedir documentos de identidad a sus nacionales a fin de facilitar el retorno.

Las relaciones comenzaron a deteriorarse cuando los gobiernos europeos incrementaron las expatriaciones de un modo que las autoridades de Gambia consideraron incoherente con el acuerdo de “buenas prácticas”. El acuerdo estipula que el número de personas que regresan no debe superar la capacidad del país para recibirles y establece que se debe avisar con suficiente antelación antes de que los solicitantes de asilo sean devueltos. Ambas disposiciones fueron supuestamente violadas.

Problemas en el hogar

Las devoluciones condujeron rápidamente a acalorados debates entre la población en las redes sociales. El descontento alcanzó su punto máximo en febrero de 2019 por el rechazo de un vuelo procedente de Alemania. Las autoridades de Banjul afirmaron que no habían sido bien informadas al respecto e inicialmente les negaron la entrada. En marzo se produjeron manifestaciones públicas y la moratoria, de la que ya se había informado a los socios europeos, se declaró poco después.

La moratoria puede estar vinculada a ineficiencias diplomáticas y técnicas, pero también está relacionada con un problema fundamental para el gobierno de Barrow. Al cooperar con la UE en materia de retorno, pone en peligro su legitimidad porque, en general, la mayoría de los gambianos en Europa no quiere volver a casa.

La euforia inicial que rodeó la transición democrática, sin embargo, está desapareciendo. Muchos procesos de reforma, como en el sector de la seguridad y en el entorno de los medios de comunicación, se están alargando. Para muchos la situación económica no ha mejorado. Permitir más deportaciones desde la UE es percibido como una traición por muchos inmigrantes y sus familias.

Se sospecha que el gobierno desempeña un papel activo en los retornos y se le acusa de ocultar información sobre sus relaciones con la UE y con estados miembros como Alemania. Paralelamente, el presidente Barrow está tratando de alargar su mandato más allá del período de transición de tres años acordado originalmente, que finalizará en enero de 2020. La oposición a estos planes, sin embargo, es generalizada.

En estos tiempos de tensión política, pausar los retornos cumple una función simbólica al defender a los gambianos de los intereses extranjeros. El reciente levantamiento de la moratoria es políticamente muy arriesgado y prepara el camino para más operaciones de retorno planificadas, que son profundamente impopulares.

¿Y ahora qué?

En general, Gambia tiene poco margen de maniobra. Depende en gran medida de la buena voluntad y del apoyo financiero de la UE para su proceso de reformas. En línea con el enfoque desarrollista de la UE, la posición del Gobierno es preparar el terreno para repatriaciones más “humanas”, que requerirán más tiempo y esfuerzos conjuntos.

Esto incluiría más y mejores oportunidades de reintegración para los migrantes retornados. La reintegración ya es objeto de varios proyectos financiados por la Unión Europea. Se han puesto en marcha programas como el de la Organización Internacional para las Migraciones “Asistencia de reintegración posterior a la llegada” para los retornados de Europa. Sin embargo, solo atienden a un número limitado de repatriados y no pueden satisfacer todas sus necesidades.

Es importante señalar que el papel del Estado de Gambia en la prestación de apoyo a la reintegración ha sido marginal.

Con el levantamiento de la moratoria, la cooperación entre la UE y Gambia se encuentra en una encrucijada. Si los estados miembros de la UE mantienen su enfoque de línea dura sobre los retornados, el nuevo gobierno de Gambia continuará luchando con los desafíos a su legitimidad, lo que podría poner en peligro los esfuerzos de democratización.

Como alternativa, la UE podría adoptar una postura más cooperativa trabajando en soluciones más holísticas orientadas al desarrollo. Un punto de partida sería abandonar los planes de devolver su país a un gran número de solicitantes de asilo rechazados. El envío de grandes cantidades de migrantes nunca ha sido factible.

El Gobierno de Gambia será más honesto en sus relaciones en materia de migración con la UE si los acuerdos son justos y prácticos. Y lo que es más importante: si los gambianos tuvieran acceso a vías de migración justas y prácticas, se reducirían los casos de migración irregular, que siguen siendo elevados.

Sin una mayor proporción de migración legal, la cuestión del retorno seguirá siendo especialmente polémica.

Judith Altrogge es investigadora en la Universidad de Basilea (Suiza) y Franzisca Zanker es investigadora sénior en el instituto Arnold Bergstraesser.

Este artículo, publicado previamente en The Conversation, ha sido traducido con la colaboración de Casa África. Traducción: Marta Hidalgo.

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The Conversation

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