La Europa bipolar
En materia de migraciones, la política de la Unión Europa busca una cosa y la contraria.
Hace un par de semanas planteamos la conexión de la crisis migratoria declarada por la Unión Europea (UE) en 2015 con la crisis de identidad del propio proyecto de integración. Entre los varios ejemplos que dan idea de este vínculo, se apuntaba uno referido a la política exterior comunitaria. Es decir, el papel que la UE se siente llamada a desempeñar en un contexto global como el actual. Merece la pena profundizar en el doble impacto que ha supuesto.
En primer lugar, un impacto que tiene que ver con la voz única a la que ha aspirado la política exterior y de seguridad común en los debates internacionales. El Pacto Global sobre Migración visibilizó un desencuentro desde el momento mismo de las negociaciones. Siendo un acuerdo internacional no vinculante que debían firmar los Estados individualmente, las instituciones de la UE trataron de forjar una posición común a la que se adhirieran posteriormente sus Estados miembros. Fue Hungría el primero en desmarcarse en mayo de 2018 (la posición común de la UE la firmaban 27 y no 28 Estados). Siguieron en los meses siguientes Austria, la República Checa, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia y, finalmente, Italia. En países como Croacia, Estonia, Holanda y Bélgica, la firma del pacto dio lugar a debates internos de una intensidad que, en este último caso, derivó incluso en la caída del gobierno.
La crisis migratoria tuvo un segundo impacto notable para la presencia global europea. Catalizó una serie de medidas que han hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de las claves para su relación con el resto del mundo. Se habla de ello como una de las tendencias que desde hace años viene marcando la evolución de las políticas de control migratorio de la UE: su externalización en terceros Estados. Esto se señala en trabajos como el llevado a cabo por Oxfam y la Fundación porCausa, y tiene menos que ver con el peso objetivo de la inmigración irregular que con el sesgo de la narrativa antinmigración, cada vez más influyente en la política europea.
La consecuencia de todo ello es que una prioridad de las relaciones de la UE con terceros Estados y organizaciones internacionales o regionales es hacer frente a las causas subyacentes de la inmigración irregular. Así queda reflejado en la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de la UE, el Marco de Asociación con Terceros Países en el contexto de la Agenda Europea de Migración, o el nuevo Consenso Europeo en materia de desarrollo. La lucha contra la inmigración irregular adquiere una triple naturaleza: primero, una amenaza que habilita intervenciones militares en terceros Estados o aguas internacionales; segundo, una moneda de cambio para las relaciones bilaterales (aún a expensas de las gravísimas violaciones de derechos humanos de las personas migrantes en estos países socios); finalmente, una prioridad de su política de cooperación al desarrollo.
Esta última es una de las señas de identidad más reconocible de la UE en un mundo global. Europa –las instituciones comunitarias y sus Estados miembros– continúa siendo el mayor donante mundial de Ayuda Oficial al Desarrollo. Más de 74.000 millones de euros en 2018, que suponen casi el 57% del total mundial. De ahí que importe, y mucho, los objetivos de esta política. El consenso con el que Europa articula su contribución a la Agenda 2030 reconoce, en la misma línea que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la contribución claramente positiva de la migración y de la movilidad al crecimiento integrador y al desarrollo sostenible. Sin embargo, esta visión choca frontalmente con el empeño de la acción exterior europea para lograr su objetivo de frenar la migración en origen.
A esta contradicción deberán enfrentarse dos procesos de negociación que actualmente se están desarrollado en segundo plano, pero que definirán el futuro de las relaciones exteriores de la UE. Por un lado, el debate presupuestario del nuevo marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2021-2027, en el que profundizaremos en las próximas semanas. Por otro, en 2020 expira el Acuerdo de Cotonú, fase actual de los acuerdos de asociación con los países de África, Caribe y Pacífico. En ellos se definen desde 1975 las relaciones de la UE con más de 79 países para la cooperación en diferentes ámbitos políticos, incluida la migración y movilidad.
Ambas negociaciones concluirán con la composición del Parlamento Europeo y la próxima Comisión Europea que decidirán las elecciones del próximo 26 de mayo. En ellas, por tanto, también está en juego el papel de Europa en el mundo y su posición ante los desafíos globales.
EUROPA DECIDE: UN PROYECTO PARA ANALIZAR LAS ELECCIONES EUROPEAS
Esta entrada es la cuarta de una serie de publicaciones que la Fundación porCausa irá realizando a lo largo de las próximas semanas, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo. El proyecto, que incluye también entrevistas y encuentros, ofrecerá al lector interesado información relevante, datos y análisis sobre el futuro de Europa y el debate migratorio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
