Si no es sostenible, no es progreso

La crisis climática que vive el planeta es ya la máxima emergencia a la que se enfrenta la sociedad, que empieza a exigir políticas de cambio. La próxima cita de la agenda climática es la COP25 de Madrid, una cumbre mundial donde expertos y políticos tendrán que buscar soluciones que frenen el calentamiento global y permitan que continúe el desarrollo.

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En este momento clave, la Coordinadora de ONGD, formada por 78 ONG de desarrollo y más de 450 organizaciones, junto con la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), presentaron esta semana el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS). Esta es una herramienta que señala en qué materias deben mejorar los territorios para avanzar en materias de igualdad, ecología, inclusión y justicia. El informe, bautizado como El cambio inaplazable, es un análisis de las políticas públicas de 148 países y refleja que los estados no emprenden sus políticas públicas centradas en las personas y la sostenibilidad, sino en el crecimiento económico.

Incluso Noruega, ejemplo frecuente en materia de desarrollo, cuenta con un modelo de gran impacto ambiental, siendo uno de los principales exportadores de petróleo. Según Pablo José Martínez, coautor del informe, “no es que los estados no puedan ser como Noruega, es que ninguno debería ser como Noruega”.

Actualmente los dos indicadores más usados para medir el desarrollo son el Producto Interior Bruto (PIB) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora cada año Naciones Unidas. Este último sí tiene en cuenta componentes sociales como la esperanza de vida o la alfabetización adulta, pero no mide los efectos que las actuaciones de una región tienen sobre otros territorios, una carencia que pretende resolver el índice, estableciendo una visión transfronteriza de las políticas que llevan a cabo los gobiernos.

España ocupa el puesto número 26 en el ranking mundial del IDH 2018, pero sube posiciones gracias al principio ambiental de este nuevo índice, pues presenta mayor equilibrio entre la dotación de infraestructuras y los factores medioambientales y sociales. A través de nuevos parámetros, este análisis pretende cambiar la perspectiva global y transformar la clasificación de los modelos de progreso, cambiando el concepto de “potencia mundial” por el de “desarrollo sostenible”.

España en el ‘top 10’

España obtiene el noveno puesto del ranking del ICPDS porque ha demostrado compromiso con acuerdos internacionales en materia de DDHH, derechos LGTBI e igualdad de género, según el informe. Asimismo, puntúa positivamente respecto al grado de militarización de la sociedad, comparado con Estados Unidos o Francia, que ocupan las primeras posiciones en materia de armamento nuclear y acceso a armas pequeñas.

Sin embargo, en Europa, el Estado español ocupa uno de los últimos puestos en materia social y económica, siendo el segundo con mayor tasa de desempleo solo por detrás de Grecia. Además, a pesar de que no destaca por su capacidad bélica, dedica en torno al 1,27% del PIB al gasto militar. Una inversión significativamente superior a la de otros estados y prácticamente invariable, algo remarcable en los años de la crisis, cuando el gobierno redujo el presupuesto en educación.

Los territorios que se rigen bajo el modelo del ‘estado del bienestar’, como Islandia o Dinamarca, se sitúan favorablemente en materia social y en aplicación de políticas de cooperación y migraciones. Por el contrario, los que se quedan a la cola son aquellos que actualmente viven situaciones de alta tensión regional o que mantienen estructuras de discriminación hacia la mujer, reflejando las dificultades que derivan de no contar con el sesgo occidental.

Sin olvidar que las políticas de los gobiernos se desarrollan bajo relaciones de interdependencia, analizar las diferentes variables permite apreciar las contradicciones internas en los modelos de desarrollo. De esta manera, y por primera vez, se meten en la ecuación aspectos como la opacidad bancaria o el grado de militarización de la sociedad.

Viendo la actual crisis ecológica, no es de extrañar que las naciones que encabezan el ranking en materia ambiental del índice no sean las más desarrolladas. De hecho, ninguna de las consideradas como ‘potencias económicas mundiales’ se encuentra entre los primeros 25 puestos. Es más: los países occidentales con un alto nivel de desarrollo económico o social son estructuralmente insostenibles, confirmando la incompatibilidad entre renta per cápita y coherencia ambiental.

Si todos los territorios que se encuentran en pleno desarrollo aplicaran la rápida industrialización de los países emergentes, el planeta no podría soportar los costes medioambientales. Una de las conclusiones que obtienen las organizaciones es que, para reducir la huella ecológica –marcada por la producción y el consumo–, las regiones industrializadas que ostentan la riqueza económica deben ser las responsables de liderar el cambio.