Año decisivo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, pronunció ayer en presencia del rey Felipe su sexto discurso de apertura del año judicial. Este hecho, por sí solo, revela la anómala situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, pendiente de que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo para renovar su composición desde el pasado mes de diciembre. No es el único órgano en el que algunos de sus miembros están obligados a ejercer sus funciones con el mandato prorrogado, como es el caso del Tribunal Constitucional y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero sí es la institución relacionada con un poder del Estado que, como el de la justicia, deberá pronunciarse en fechas no lejanas acerca de algunos casos trascendentales para corroborar la solvencia del sistema constitucional español.

Lesmes se refirió en su discurso a la obligación de acatar la sentencia del proceso seguido contra los dirigentes independentistas catalanes, como también lo hizo en el mismo acto la fiscal general del Estado, María José Segarra. Pero, a diferencia de ocasiones anteriores, en las que la crisis territorial en Cataluña ocupó un espacio destacado, en la ceremonia de ayer el asunto quedó relegado a un segundo plano por una razón implícita: las fuerzas políticas partidarias de la secesión no han conseguido utilizar la causa seguida en el Tribunal Supremo para desacreditar ni interna ni internacionalmente a la justicia española. La felicitación expresa de Lesmes al presidente de la sala que ha conducido el juicio, Manuel Marchena, solo puede ser interpretada como una reafirmación de la independencia del tribunal que ha presidido y de su capacidad de traducir en términos legales unos hechos presuntamente delictivos realizados en un contexto político, deslindando ambos terrenos.

La inminente sentencia del procés no es, sin embargo, el único caso relevante sobre el que deberán decidir los tribunales en el curso recién inaugurado. Procesos mayores por corrupción y que afectan tanto al Partido Socialista, por los ERE de Andalucía, como al Partido Popular, por el caso Púnica o el procedimiento contra el antiguo tesorero, Luis Bárcenas, quedarán vistos para sentencia antes del próximo otoño, después de una instrucción larga y compleja. Y otro tanto ocurrirá con el caso Villarejo, en el que la justicia se enfrenta al desafío de distinguir entre la materia relevante y punible desde el punto de vista penal y los intentos de intoxicación y de chantaje con los que el excomisario pretende obtener una imposible impunidad.

Un Consejo General del Poder Judicial pendiente de renovación no es la situación idónea para afrontar este año decisivo. Pero si algo cabe esperar de él es que no complique aún más las cosas evitando adoptar decisiones polémicas o en los límites de sus funciones, en tanto se prolongue la situación de parálisis política. Ante los grandes casos, la prórroga en la que se encuentra el mandato de miembros destacados del Consejo exige redoblar el rigor de todas sus decisiones, desde las que se refieren a nombramientos hasta las relacionadas con la protección de jueces y tribunales. Y todo ello sin olvidar que existe además una justicia cotidiana, distinta de los grandes procesos, necesitada de medios materiales y humanos para cumplir con su función.