La Fiscalía duda de la gestión del Govern con los presos del ‘procés’ si hay condena

La Fiscalía no se fía de la gestión que el Govern puede hacer sobre los políticos independentistas encarcelados en Cataluña en caso de condena. El apoyo explícito de los responsables de Prisiones de la Generalitat a los acusados del procés pone en duda la “tranquilidad e imparcialidad” de las autoridades “cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados”. Así consta en la memoria de la Fiscalía General del Estado, que denuncia además una “anormal presencia de autoridades no penitenciarias” en la cárcel de Lledoners, en alusión a las visitas de políticos a Oriol Junqueras y al resto de presos.

La Fiscalía subraya que el año pasado estuvo marcado por la prisión preventiva de nueve líderes independentistas acusados por la organización del referéndum del 1-O. Todos ellos permanecieron en cárceles catalanas entre julio de 2018 y febrero de 2019, cuando fueron trasladados a Madrid para someterse al juicio en el Tribunal Supremo. Cuando acabó la vista oral, el pasado junio, fueron conducidos de nuevo a Cataluña. El tribunal dará a conocer la sentencia, previsiblemente, durante la primera quincena de octubre.

La presencia de los presos del procés en Cataluña ha provocado “distintas situaciones anómalas”, según el fiscal, que cita como ejemplo las “manifestaciones, como mínimo semanales” delante de los centros penitenciarios donde se encontraban los dirigentes. Sobre todo en Lledoners, en Joan de Vilatorrada (Barcelona), donde permanecen siete de los nueve presos, los hombres: el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Josep Rull; y los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Las concentraciones frente a Lledoners fueron una constante y en algunas ocasiones llegaron a reunir a miles de personas. Como en la Navidad del año pasado, cuando cantaron villancicos a los presos.

“Anormal y anómalo”

Una situación análoga a la que se dio en la cárcel de Puig de les Basses, donde estaba recluida la exconsejera Dolors Bassa y donde se reprodujeron las muestras de apoyo. La última de las encarceladas, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, está en la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona.

El fiscal también denuncia la “anormal presencia de autoridades no penitenciarias” en Lledoners. Durante algunos meses, y especialmente en el otoño del año pasado, la cárcel se convirtió en una especie de centro de poder político alternativo. Junqueras y el resto de consejeros recibían numerosas visitas de cargos electos como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o el lehendakari Íñigo Urkullu. La Generalitat permitió todos esos encuentros al calificarlos de “visitas institucionales”, dada la condición de “autoridad” de los dirigentes. El reglamento penitenciario, sin embargo, no menciona a diputados o cargos electos, sino que habla de “autoridades judiciales” y de “miembros del ministerio fiscal”.

Además del supuesto trato de favor, la Fiscalía denuncia que tiene serias dudas sobre cuál será el papel que adopte el Gobierno catalán en caso de que el Supremo condene a penas de cárcel a los políticos. Esas sospechas se basan en el hecho de que “las autoridades de la Generalitat” consideren a los acusados “presos políticos” y hayan manifestado públicamente “su rechazo a la prisión provisional”. Entre otros, se ha pronunciado en ese sentido, siempre según la memoria, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó. El máximo responsable de Prisiones del Departamento de Justicia participó en actos en los que se pidió la libertad de los políticos del procés. Además, acudió a una comparecencia en el Parlament con un lazo amarillo en la solapa, símbolo de apoyo a los encarcelados.

Esas manifestaciones “pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la administración penitenciaria de Cataluña cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados”, concluye el fiscal. El Departamento de Justicia declinó este lunes comentar el informe.