Liberados bajo palabra

Diez años después, España ha cumplido formalmente con las exigencias de estabilidad financiera reclamadas por la Comisión Europea y ha salido del llamado procedimiento de déficit excesivo, que somete las finanzas públicas de aquellos países cuyo déficit público supera el 3% del PIB a un escrutinio estricto. La importancia política de este hecho no debe minusvalorarse. El próximo Gobierno dispondrá de un margen más amplio para definir su política presupuestaria y tendrá un margen de confianza de Bruselas para decidir el calendario de recorte del déficit y, lo que más importa, de la deuda, porque es un indicador crucial en caso de convulsiones en los mercados financieros.

Ahora bien, Bruselas tiene dudas sobre los planes de estabilidad financiera presentados por el Gobierno de Sánchez y, desde la cortesía más exquisita, recomienda un ajuste presupuestario de 15.000 millones en dos años. Esta sugerencia condicionará las decisiones fiscales de 2019 y 2020 puesto que, aunque el margen de maniobra político del Gobierno ha aumentado y la tutela efectiva de las cuentas públicas ha desaparecido, las decisiones de gasto y recaudación del bienio se juzgarán inevitablemente en función de las peticiones de Bruselas. Y, por añadidura, el Gobierno dispondrá de un plazo más corto para organizar el ajuste, pues a casi todos los efectos 2019 es un año perdido.

Las reticencias de la Comisión no proceden, como se suele argumentar, de la escasa credibilidad de los planes de recaudación presentados por Nadia Calviño, sino de una comprobación elemental: el ajuste del déficit entre 2011 y 2018 ejecutado por los Gobiernos de Rajoy se ha basado exclusivamente en las mejoras de ingresos generadas por la mejora del ciclo económico. El déficit estructural no se ha reducido en un solo euro, y si la inestabilidad de 2008 y 2009 volviera a repetirse, el déficit volverá a desbordarse como entonces.

En resumen, las decisiones de Bruselas reducen la presión política sobre el control del déficit, pero instan al nuevo Gobierno a proponerse una reducción del déficit estructural en una fase de desaceleración de la economía europea. Si el próximo equipo económico acepta las premisas de la Comisión —esa sería la decisión correcta, por no decir inevitable—, la respuesta necesaria sería poner en marcha una reforma fiscal orientada a elevar la recaudación y una reforma administrativa encaminada a reducir los costes de la maraña de organismos públicos, la duplicidad de cargos o la red descontrolada de subvenciones y ayudas. Porque ya debería estar claro que los ajustes conseguidos con recortes de gasto público, caídas de la inversión y mutilaciones de los derechos sociales han quedado atrás. La sociedad española no podría soportar más recortes en educación o sanidad.