Presupuestos para el futuro de la Unión Europea

Esta semana marca el inicio de la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo. Se nota, sobre todo, en la cantidad cada vez mayor de información sobre encuestas y previsiones de resultados y el debate en torno a la futura orientación del proyecto europeo. El consenso en torno a esto último se refleja en la declaración final de la Cumbre informal de Sibiu. Y puede ser un mero deseo que se vea dificultado como resultado de la fragmentación del Parlamento Europeo que auguran las encuestas y la difícil negociación entre Estados para el nombramiento de los principales cargos políticos de las instituciones comunitarias.

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Los próximos meses, una vez celebradas las elecciones el 26 de mayo, previsiblemente la información en torno a la UE quedará acaparada por estas cuestiones. Sin embargo, conviene no perder de vista otro proceso ya en marcha igualmente decisivo para el futuro de la UE: la negociación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027.

Los presupuestos son el auténtico reflejo de las prioridades políticas de cualquier gobierno a cualquier nivel de la administración. La prioridad que en los últimos años ha alcanzado para la Unión Europea la política migratoria encuentra su reflejo en el Marco Financiero Plurianual (MFP), propuesto por la Comisión como punto de partida del debate. Esta prioridad se materializa fundamentalmente en tres aspectos.

En primer lugar, lo más significativo es la incorporación a las principales líneas presupuestarias de una dedicada a la migración y gestión de las fronteras. En el anterior marco presupuestario, estos ámbitos quedaban dentro de la partida dedicada a seguridad y ciudadanía. En la propuesta de la Comisión esta asciende a 30.829 millones de euros para todo el periodo, un 2,7% del presupuesto plurianual. Esta cantidad es la suma del presupuesto previsto para las agencias con competencias en materia migratoria como Frontex, la Guardia Europea de Fronteras y Costas o la Oficina de Asilo Europea (un total de 11.335 millones de euros) y dos grandes fondos para el desarrollo de estas políticas.

El primero, el Fondo de Asilo y Migración, es una continuación del instrumento ya existente en el presupuesto vigente pero cuya dotación aumenta significativamente de los 6.900 millones a 10.400. Las acciones que se financiarán a través de este serán las que contribuyan al fortalecimiento del Sistema Europeo Común de Asilo, a una mejor integración y a una gestión más eficaz de los retornos de personas en situación irregular.

El segundo es el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, una denominación que varía nominalmente respecto a la actual: Fondo de Seguridad Interior (Fronteras y Visados). Igual que el fondo anterior, la cuantía aumenta (pasando de 2.700 millones a 9.300) y las prioridades de financiación se mantienen. Apoyo a los Estados miembros para adquisición equipos de control fronterizo, aduanero y de visados; despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas; desarrollo de sistemas informáticos para mejorar la gestión y compartir información entre Estados; entre otras.

El segundo aspecto que subraya la prioridad de la política migratoria es en el presupuesto para Acción Exterior. Hace unas semanas planteábamos la importancia de las cuestiones migratorias en la política exterior de la UE y así queda reflejado en el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional cuya cuantía ascendería a 79.216 millones de euros. Este es uno de los aspectos más novedosos del MFP al aglutinar casi todos los fondos e instrumentos a través de los que se articulan las diferentes dimensiones de la política exterior con sus diferentes prioridades. Se plantea la migración como una cuestión prioritaria desde el punto de vista geográfico, temático y de vecindad, fijando como objetivo que el 10% de estos recursos se destinen de forma transversal a luchar contra las causas de la inmigración irregular y fomentar la inmigración regular y bien gestionada.

El tercer aspecto tiene que ver con el presupuesto destinado a la política de cohesión. Se trata de uno de los ejes fundamentales del proyecto de integración europeo que persigue desde hace años la mayor convergencia socioeconómica posible entre los Estados miembros y sus regiones. Desde la puesta en marcha de esta política y sus herramientas económicas en 1988, España ha sido el Estado que más cantidad de dinero ha recibido de la UE. Por ello, la propuesta de MFP plantea incorporar un criterio para la asignación de recursos del PIB per cápita y otra serie de indicadores. Con ello se busca reflejar de forma más completa la realidad socioeconómica del Estado o región siendo uno de ellos, la recepción y acogida de personas inmigrantes.

Este hecho, junto a la posibilidad de bloquear el acceso a estos fondos, sería una medida sancionadora hacia países que estén menoscabando los valores europeos y el Estado de Derecho. Esto se considera una seria advertencia a Polonia y Hungría, con sendos procesos sancionadores ya abiertos y receptores netos por PIB de fondos de cohesión.

Queda un largo camino hasta la aprobación final del MFP, que la experiencia de ocasiones anteriores y las interpretaciones más pesimistas sitúan al límite de su entrada en vigor, es decir, en diciembre de 2020. Serán mucho los cambios respecto a la propuesta actual de la que salen los datos de esta entrada, pero será fundamental un seguimiento cercano a las negociaciones en las que el impacto de la nueva composición del Parlamento Europeo será decisivo.