La crisis africana de la que no hablaremos en las campañas europeas

Mientras escribo estas líneas, las consecuencias del ciclón Idai sobre el sureste africano alcanzan proporciones dramáticas. La ONU ha elevado el nivel de emergencia en Mozambique, Zimbabue y Malawi, donde el número de víctimas mortales no para de crecer y el de afectados directos se cuenta por cientos de miles. Solo en el caso de Mozambique, donde Idai golpeó primero y con más fuerza, el número de muertos podría haber superado el millar, 100.000 personas han tenido que ser evacuadas de la ciudad de Beira y no menos de 1,8 millones han sido directamente golpeados por la tragedia. El estado de algunas presas y la expansión de enfermedades como el cólera mantienen en vilo a las autoridades nacionales y las agencias humanitarias.

Los mimbres de esta tragedia replican el patrón que hemos visto tantas veces en el pasado: fenómenos naturales extremos golpean sobre poblaciones e infraestructuras vulnerables, multiplicando las consecuencias humanitarias y condicionando durante décadas el desarrollo de sus comunidades. Pero la crisis provocada por el ciclón Idai no es un castigo divino, sino el recordatorio dramático de tres grandes desafíos de la comunidad internacional: las consecuencias presentes del calentamiento global, la fragilidad de los sistemas de ayuda internacional y la caducidad del modelo de protección para los desplazados forzosos.

El primero de ellos es bien conocido. Los fenómenos naturales extremos no son diferentes de lo que eran hace cien años, pero su recurrencia y virulencia sí han cambiado. En tan solo tres décadas (1970-2000) el número de desastres naturales llegó a multiplicarse hasta por seis (ver gráfico). Algunos de estos fenómenos –como los terremotos o la actividad volcánica– escapan al control del ser humano, pero la inmensa mayoría están directamente ligados a la actividad humana y a las consecuencias del calentamiento global. El sureste africano es el recordatorio más reciente de la necesidad de una transición ecológica que convierta este tipo de tragedias en la excepción, antes que en la norma.

El segundo desafío es la consecuencia lógica y ética del anterior. En la medida en que las necesidades humanitarias tienden a crecer, nuestro sistema debe transformarse para responder adecuadamente a ellas. Los informes del IPCC y las negociaciones del clima incorporaron desde sus inicios un principio fundamental de compensación: reparar la responsabilidad histórica de los contaminantes en la tragedia, que sufren decenas de países pobres que no han tenido ninguna culpa en la generación del problema. El reto de la adaptación y la reconstrucción es al mismo tiempo presupuestario –la brecha entre necesidades humanitarias y recursos disponibles alcanzó en 2018 la cifra récord de 10.000 millones de dólares, el 40% de lo solicitado– y político. El desafío del clima exige concebir intervenciones y tecnologías plenamente adaptadas al nuevo contexto.

Y un tercer asunto, aún menos popular. A lo largo de los próximos meses seremos testigos del desplazamiento de cientos de miles de personas cuyos medios de vida han sido literalmente borrados del mapa por el ciclón Idai. Estos desplazados pertenecen a una categoría que algunos analistas han bautizado como migrantes de supervivencia: personas que se ven forzadas a abandonar sus lugares de origen –cruzando una frontera, en algunos casos– pero que no encajan en ninguno de los rígidos supuestos legales que permiten a un ciudadano solicitar protección dentro o fuera de su país. Los números bailan preocupantemente, pero solo en la categoría de ‘migrantes climáticos’, y en las estimaciones más conservadoras, las magnitudes podrían multiplicar por dos el volumen actual de refugiados. África es el escenario principal de este limbo jurídico.

Clima, ayuda internacional y migraciones. Si se paran a pensarlo, la respuesta a cada uno de estos desafíos está directamente ligada a las acciones y omisiones de un país como España y de una región como la UE. Pero será un verdadero milagro si escuchan hablar de cualquiera de ellas en nuestras campañas electorales, salvo que sea para lanzársela a la cabeza del contrario o para justificar barrabasadas como los acuerdos de control de fronteras. Y eso es un problema, no solo para los africanos.