Dictadura parlamentaria

Los del “juicio político” (Junqueras, Romeva) aseguraron que cumplían el mandato democrático del pueblo, fuese pro secesión o pro referéndum. Se amparaban en el principio democrático y obviaban el principio de legalidad,la otra gran pata de la democracia.

Los acogidos a una defensa técnica (Forn, Mundó, Vila...) no esgrimieron mandatos levantiscos. Se aplicaron a detallar cómo no habían incumplido normas.

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Democracia y Estado de derecho; por Mercedes García Aran

Los dos Jordis —los activistas sin cargo público— usaron con eficacia fotos y vídeos en defensa de su pacifismo: ahora llegará la fase de las verificaciones. Todos esos estilos son opinables. Pero lucen discrepantes grados de coherencia interna.

En cambio, los exconsellers Turull y Rull, y ayer Carme Forcadell, siguieron una lógica errática. Ellos taparon las instrucciones del Tribunal Constitucional (TC) de detener los actos ilegales del procés en una rarísima “ponderación” que las disolvía.

Y ella, la activista de “president, posi les urnes!”, ella, que apeló cien veces a la validez del mandato plebiscitario, reconoció ayer que su victoria (47%) no era tal: “Pensábamos obtener mayoría absoluta”.

No solo no la defendió, lo que sus electores evaluarán. Sino que, más madera, dijo que “no estaba en nuestra voluntad desoír al TC”. Se necesita arrojo. Pues la famosa resolución parlamentaria I/X de 9/11/2015 juraba que “este Parlamento y el proceso de desconexión (...) no se supeditarán a las decisiones (...), en particular del TC”. ¿Decían verdad entonces, ahora, nunca?

Y la externalización de responsabilidades es una Fuenteovejuna de quincalla. Según los consejeros, nadie organizó nada, las urnas brotaron por ensalmo, nadie financió, nadie votó de verdad.

Y todo estaba autorizado. Y si no lo estaba carecía de efectos jurídicos. Eran declaraciones “meramente políticas”, tan solemnes como de trascendencia jurídica cero.

Para Forcadell pasaba lo mismo. Los dueños de la Cámara eran los grupos parlamentarios. Ni ella ni la Mesa tenían competencia para filtrar las propuestas ilegales. Solo trastabilló cuando la fiscal la inquirió si tampoco rechazaría una resolución favorable a la trata de blancas.

El Pleno la desbordaba. Escuchaba las advertencias de ilegalidad del letrado mayor. Pero las sorteaba al no ser “vinculantes”. Y desestimaba todas las peticiones de reconsideración a cargo de la oposición. Ni organizó ni promovió ningún acto. Ninguna movilización. No existía. El mandato ya no era siquiera líquido. Era gaseoso.

Pero con este gas se gaseó en la Cámara el Estatut de Cataluña. Se aprobaron unas falsas leyes (referéndum, transitoriedad) de abrogación estatutaria, dictatoriales: sin el obligatorio quórum reforzado mínimo, una mayoría de dos tercios.

Y se aprobó que el presidente de la república nombrase a todos los jueces. “Para que no se abuse del poder, es necesario que el poder [judicial] pare al poder [legislativo y ejecutivo]”, reclamaba Montesquieu (Libro XI, capítulo IV del Espíritu de las leyes). Promocionaban un autoritarismo peor que el húngaro. ¡Loando los derechos humanos!