Guatemala se moviliza contra la corrupción y el expolio

Casi 1.500 conflictos (1.425) por la tierra indígena, legislaciones que no se cumplen, un sistema jurídico inoperante, cuando no corrupto, un Estado que no existe, defensores y defensoras de derechos amenazados, encarcelados, muertos. Y todo ello entre grandes negocios económicos a los que no son ajenas empresas transnacionales, incluidas las españolas. Este el retrato desolador que la relatora especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, ha hecho de Guatemala, sobre el que ha publicado un informe. Es el mismo país del que el presidente Jimmy Morales expulsó recientemente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) porque investigaba el financiamiento de su campaña electoral. La Cicig depende de la ONU y Morales asegura el organismo que "se entromete" en la soberanía nacional, algo desmentido por su secretario general, Antonio Guterres.

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En realidad, basta recorrer regiones como Alta Verapaz para tropezarse con un desastre: un río contaminado, hidroeléctricas que secan cauces, grandes fincas de caña de azúcar o de palma africana, carreteras destruidas, colegios en ruinas… Tauli-Corpuz solo necesitó 10 jornadas para reunir un buen número de tropelías contra los derechos de los indígenas. Y el Gobierno de Morales, hoy en el ojo del huracán en su huida hacia delante, sale mal parado.

La publicación, que coincidió con la expulsión de Iván Velásquez, responsable de la Cicig, concluye que los indígenas, el 42% de la población, prácticamente no existen para su Gobierno. Ahora, la última medida de Morales sobre la Cicig, anulada por la Corte Constitucional, los ha lanzado a las calles junto a miles de campesinos, obreros y estudiantes. Ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de un pueblo harto de lo que llaman "el pacto de corruptos".

Tauli-Corpuz se reunió con 10.000 indígenas mayas, xinca y garífuna, y constató que su situación no ha cambiado en 15 años, pese a que Guatemala ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, comprobó que se paralizan todas las leyes que les protegen y solo logran algún avance mediante denuncia ante la Corte Constitucional. Ni la Defensoría de la Mujer Indígena, ni el del Fondo de la Tierra, ni el plan de Resarcimiento por el Conflicto Armado tienen recursos suficientes para atender sus demandas. En 32 años, el Fondo solo ha atendido a 16.000 familias que reclamaban tierras de las 800.000 demandantes.

Oponerse al expolio desde dentro no es fácil. Tauli-Corpuz califica de “extremadamente preocupante” que el Estado y las empresas consideren las protestas pacíficas “situaciones de conflictividad criminal que afectan a la seguridad pública”

Denuncia, asimismo, que ello favorece que se titulen tierras indígenas a terceros: los problemas de las comunidades contrastan con las facilidades para hacerlo de grandes empresas, que obtienen del Estado concesiones para proyectos sin que, contraviniendo el convenio de la OIT, se realicen las obligadas consultas previas a los pueblos indígenas.

En departamentos como Alta Verapaz, casos como los de las hidroeléctricas OXEC o Renace sobre el río Cahabón, son para la relatora ejemplos claros de vulneración de derechos. En OXEC, se sorprende de que la Corte Constitucional no suspendiera las obras tras reconocer una ilegalidad. Y también ve problemas en Renace o en minas como la de San Rafael, proyectos en los que tampoco hubo consulta y si una gran conflictividad social.

Qué decir de la expansión de monocultivos, para los que no se cuenta con la reubicación de las personas afectadas: se les expulsa y si vuelven son consideradas usurpadoras. No puede extrañar que miles de familias acaben en caravanas de migrantes hacia el poderoso vecino americano.

En 2018 hubo 22 asesinatos de defensores y defensoras en Guatemala, según Udefegua. Casi todos, por sus demandas contra empresas y por su defensa de la tierra o el agua

Y es que oponerse al expolio desde dentro no es fácil. Tauli-Corpuz califica de “extremadamente preocupante” que el Estado y las empresas consideren las protestas pacíficas “situaciones de conflictividad criminal que afectan a la seguridad pública” y que se criminalice a los líderes comunitarios, acusándoles “de usurpación, asociación ilícita, secuestro, robo, coerción e incluso asesinato”. Los querellantes suelen ser grandes empresas, como en el caso del q’qchí Bernardo Caal Xol, en prisión desde hace un año por oponerse a OXEC y Renace. “En las campañas de difamación, apunta el documento, los tildan de criminales, incluso de terroristas, para desacreditar el ejercicio legítimo de sus derechos”. Precisamente, Alianza por la Solidaridad tiene una campaña por la liberación de Bernardo, condenado a más de siete años de prisión.

Otros acaban asesinados. En 2018 hubo 22 asesinatos de defensores y defensoras en Guatemala, según Udefegua. Casi todos, por sus demandas contra empresas y por su defensa de la tierra o el agua. Pero hay solución. Para la relatora, muchos de los conflictos se evitarían con las mencionadas consultas previas, si bien apunta que esta medida que no puede depender de una legislación municipal, como ocurre ahora.

Desde la perspectiva española, el hecho de que empresas se aprovechen de estas circunstancias para hacer negocios, no puede ser admisible. Visibilizarlo es el objetivo de la campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad, desde donde se exigen al Gobierno medidas urgentes para que nuestras empresas no vulneren los derechos humanos ni ambientales cuando invierten en el extranjero. Los derechos de los pueblos indígenas, allá donde estén, son lo primero. Conviene no olvidarlo.

Rosa M. Tristán es coordinadora de comunicación en la ONG Alianza por la Solidaridad.

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