Guatemala escala el conflicto con la ONU y expulsa la misión anticorrupción

De manera unilateral y, para algunos expertos vulnerando la legalidad, el Gobierno de Guatemala dio este lunes por finalizado el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, y dio un plazo de 24 horas al personal de la Comisión que todavía permanece en el país para abandonar el territorio. La decisión, rechazada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, supone una escalada del enfrentamiento entre el Gobierno del presidente Jimmy Morales y el organismo internacional. 

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Morales justificó su decisión por la supuesta "violación grave de la CICIG a las leyes nacionales e internacionales”. El mandatario confirmó que en horas de la tarde y en la sede de la ONU en Nueva York, la ministra de Exteriores, Sandra Jovel, entregó al secretario general la “notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la CICIG”. “En virtud de lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo el Acuerdo (…) y los procesos iniciados deberán seguir su curso a instancias de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación (del acuerdo) afecte la situación jurídica de los procesos”, añadió.

En su disertación, Morales presentó vídeos y testimonios de personas que dicen haber sido víctimas de abusos por parte de la CICIG y su comisionado, Iván Velázquez, y acusó al secretario general de la ONU de ignorar las peticiones de Guatemala para "reinventar" la CICIG.

En un comunicado de la organización mundial, Guterres rechazó "enérgicamente" las pretensiones guatemaltecas de poner fin al mandato de la CICIG en 24 horas. "El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo", se lee en el comunicado.

La decisión, aunque previsible, cayó como una bomba entre los sectores opositores de Guatemala. Un pronunciamiento en su cuenta de twitter de la congresista demócrata por California, Norma Torres, de origen guatemalteco, resume el sentimiento generalizado de la población: “El presidente de Guatemala ha optado por destruir el Estado de derecho para salvarse a sí mismo”.

Para la ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, la cancelación del convenio con la CICIG no tiene ningún fundamento jurídico: “Violenta convenios internacionales. Es una extralimitación a las facultades del presidente”. Además, Aldana considera que el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno a las resoluciones del Constitucional pone a Guatemala en una situación vergonzosa, en la medida que el presidente y otros altos cargos no respetan las decisiones del más alto tribunal en materia constitucional. 

El analista Manfredo Marroquín, de Transparencia Internacional, coincide en que la expulsión de la CICIG es ilegal. “El convenio no establece en ninguna de las cláusulas que esa ruptura pueda ocurrir y lo que no está contemplado, no se puede”. Recuerda que este convenio es una ley nacional aprobada por el Legislativo y refrendada por el Constitucional. “El presidente no es un rey y debe someterse a la ley”, subraya. “El Constitucional y la Fiscalía deben empezar a hacer su trabajo y destituir a Jimmy Morales y a sus ministros”, concluye.