Guatemala vuelve a enfrentarse a la misión contra la corrupción de la ONU
El presidente, Jimmy Morales, sufre un revés tras el ingreso al país de un investigador de la CICIG que fue retenido durante 25 horas
El investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, patrocinada por Naciones Unidas), Yilen Osorio, de nacionalidad colombiana, ha ingresado este domingo al país después de permanecer poco más de 25 horas retenido por las autoridades de Migración. El veto a Osorio desató una crisis que ha tenido en vilo a los guatemaltecos durante el fin de semana y que tiene como protagonista tras bambalinas al presidente, Jimmy Morales, y su empeño por expulsar de Guatemala al ente investigador.
El ingreso del investigador se decidió después de casi seis horas de una reunión a puerta cerrada de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes dieron un plazo de una hora a partir de ser notificado al director de Migración para permitir la entrada de Osorio. La crisis comenzó el sábado, cuando Osorio buscó su regreso a Guatemala, amparado en una resolución del Constitucional que ordenó que se extendieran las visas de cortesía al personal del organismo internacional, librada el 21 de diciembre. El personal de Migración, con el argumento de que nunca les fue notificada tal resolución, le impidió el paso y pretendió expulsarlo en un vuelo de una aerolínea comercial.
El veto a Osorio desató un tira y afloja entre dos bandos. Por un lado, estaban los opositores a la CICIG. Por el otro, se encontraban las autoridades, los organismos y las personas que defienden la actuación de la Comisión, entre ellos, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, así como abogados de Transparencia Internacional, que elevaron recursos de amparo para evitar que el investigador fuera expulsado.
La pugna subió de tono al filo de las once de la mañana del domingo, cuando la fiscal general del Estado, Consuelo Porras, movilizó a sus fiscales hacia el aeropuerto, con las órdenes de capturar sin más trámites a los funcionarios de Migración que tomaron la decisión de impedir el ingreso y desobedecer al Constitucional en una acción que calificó como "delito flagrante". Porras añade que debe iniciarse un "antejuicio" —un procedimiento para despojar de su inmunidad a los funcionarios que están protegidos por esa figura— contra a los ministros de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y Exteriores, Sandra Jovel. A última hora de la tarde se confirmó que se han producido las primeras detenciones, aunque, como era predecible, se trata de funcionarios menores.
La crisis vivida este fin de semana tiene como telón de fondo la contumacia del presidente Morales en desobedecer al Constitucional y todos los organismos concebidos como limitantes del poder presidencial. El mandatario ha insistido en que no obedecerá resoluciones que él considere "ilegales". Lo sucedido reduce los índices de aprobación presidencial entre la población guatemalteca, ya de por sí muy bajos (menos del 15%), a una semana de cumplir su tercer año de Gobierno.
El diario vespertino La Hora ha revelado que el presidente tiene previsto denunciar este lunes el convenio que dio vida a la CICIG. Este accionar ha sido calificado como "un delirio suicida" y como "el colapso total de su red de neuronas" por el presidente de El Periódico, José Rubén Zamora. La congresista demócrata por California Norma Torres, de origen guatemalteco, ha señalado en su cuenta de Twitter que Morales encabeza "un Gobierno mafioso" y califica a sus integrantes como matones.
Para el investigador Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente), lo ocurrido "es una nueva acción del Gobierno que demuestra una falta de respeto a las reglas del Estado de derecho". "Sienta un pésimo precedente. Si no se sanciona adecuadamente, la convivencia pacífica quedará en serio peligro pues cualquier autoridad podrá burlarse impunemente de las normas", ha lamentado Linares. El académico subraya el contrasentido de que Guatemala apoye en Lima las resoluciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, pero "cae exactamente en la misma situación de actuaciones ilegales".
El analista independiente Héctor Rosada señala que el error de Osorio fue pretender ingresar solo, cuando Exteriores había comunicado a los siete miembros de la CICIG que podían ingresar. "Al venir solo, pudieron bloquearlo", señala. En relación con la intención de Morales de denunciar el tratado con la CICIG, Rosada la califica como “una estupidez” y recuerda que entre los considerandos de fundación de la Comisión se señala con meridiana claridad que "toda controversia (…) se resolverá por negociación entre las partes (…) o por cualquier otro medio mutuamente convenido". En ningún momento se expresa que el Gobierno pueda cancelarlo unilateralmente, concluye.
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