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Guatemala da 72 horas para que 11 investigadores del comisionado de la ONU salgan del país

El Gobierno de Morales ordena la expulsión de los funcionarios de la Cicig incumpliendo los protocolos internacionales

Un seguidor de Morales pide la salida de Guatemala del jefe de la Cicig, en agosto pasado.

El Gobierno de Jimmy Morales ha dado este martes un nuevo paso al frente en su obsesión por expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al dar un plazo de 72 horas para que 11 investigadores del ente, dependiente de Naciones Unidas, abandonen el país centroamericano. Si no lo hacen, tanto los funcionarios —todos ellos involucrados en casos que afectan al mandatario guatemalteco— como su familia y su círculo más íntimo serán expulsados a la fuerza.

En anuncio se dio poco después del mediodía (hora local), cuando un grupo de empleados de Migración llegó a la sede de la Cicig para notificarles que deberían salir de Guatemala. Horas antes, el Diario de Centroamérica —el boletín del Estado guatemalteco— se había publicado la decisión gubernamental de retirarles la inmunidad diplomática que asiste a todo funcionario internacional. En un comunicado, la Comisión afirmó a media mañana no haber sido notificada por los canales diplomáticos correspondientes. “Un aviso del Diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas. La Comisión no ha sido notificada mediante el procedimiento previsto, por lo que no puede considerarse una notificación diplomática”, reza la nota.

El ente internacional recuerda que las inmunidades para sus funcionarios derivan del convenio de creación de la Cicig, que establece que solo el Comisionado (Iván Velázquez, a quien se le impide retornar al país pese a una decisión contraria dictada por el Constitucional) “puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales”.

Por manifiestamente ilegal, la decisión provocó la sorpresa y el rechazo interno. El ex ministro de Exteriores Edgar Gutiérrez subrayó que viola tanto el derecho internacional como el derecho guatemalteco. “Es una barrabasada”, dijo en declaraciones a EL PAÍS. “Nos están llevando a una suerte de auto ostracismo, en aras de la sobrevivencia de una oligarquía obsoleta. Proyectamos la imagen de un país retrógrado que está a punto de caer en una represión violenta como la que se vive en Nicaragua o Venezuela”. En Twitter, el congresista estadounidense Albio Sires, del Partido Demócrata, advirtió de que “si el presidente Morales cree que puede engañar a la comunidad internacional e impedir la justicia, debe saber que el mundo lo está mirando”.

Antes de conocer el ultimátum, el comisionado de la Cicig, Iván Velázquez emitió un comunicado en el que señala que la decisión del Ministerio de Exteriores es arbitraria. “Las vías de hecho adoptadas por la Cancillería de Guatemala podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra los funcionarios de la Cicig”, advertía al tiempo que llamaba a la comunidad internacional y a la ciudadanía guatemalteca a presionar al Gobierno de Jimmy Morales para que respete la Carta Magna y pueda prevalecer el Estado de derecho.

Ajeno al desbarajuste, el presidente acudió este martes por la mañana a la inauguración de un tramo carretero al este de la capital y aprovechó la coyuntura para atacar a la ex fiscal general Thelma Aldana, a quien acusa de comprar con sobreprecio un inmueble destinado a albergar la procuraduría guatemalteca. Aldana, sin embargo, ha demostrado fehacientemente que ese señalamiento es falso y ha acusado a algunos medios de comunicación de manipular la información en aras de dañar su imagen pública.

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