El Constitucional de Guatemala ordena permitir el regreso del comisionado de la ONU contra la impunidad
El Gobierno de Jimmy Morales, que había vetado la entrada al país a Iván Velásquez, da 48 horas a Naciones Unidas para enviar un nuevo jefe de misión
El mes en que los presidentes guatemaltecos acostumbran a darse un baño de multitudes en el marco de la celebración de la independencia de España firmada en 1821, se perfila como un septiembre negro para Jimmy Morales. En una larga exposición de motivos hecha pública este lunes, la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano ha dictado permitir el regreso del magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quien el Gobierno de Guatemala había prohibido la entrada.
El tribunal también ha instado al presidente guatemalteco a "agotar las negociaciones pertinentes con la ONU" para determinar el futuro de la Cicig. Desde hoy, el comisionado puede regresar cuando quiera a Guatemala. Pero las negociaciones sobre el futuro de la comisión deberán continuar por la vía diplomática.
La decisión del mandatario guatemalteco de no renovar el mandato de la Cicig —el 31 de agosto— y el anuncio —el 4 de septiembre— de que no permitiría la entrada de Iván Velásquez, le valió el repudio de amplios sectores de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional, con la Unión Europea al frente. Velásquez también recibió un espaldarazo por parte del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pidió al magistrado colombiano seguir liderando el trabajo de la Cicig.
Dentro del país, el repudio a la decisión de Morales —que se impuso con un aplastante 68,5% en las elecciones de octubre de 2015— fue multitudinario. Organizaciones estudiantiles, obreras y campesinas salieron a las calles y bloquearon puntos neurálgicos de la red de carreteras con un mensaje común: el necesario retorno de Velásquez a Guatemala y la renuncia del presidente y del Congreso. El mandatario respondió a las protestas sacando al Ejército y a la policía a las calles, una circunstancia que recordó las épocas más oscuras de las dictaduras militares de mediados y finales del siglo XX. En este contexto, y con más manifestaciones programadas para esta semana, los magistrados del Tribunal Constitucional se reunieron de manera extraordinaria el domingo y decidieron, de forma unánime, otorgar un amparo provisional que permite el retorno de Velásquez a Guatemala, determinación que fue comunicada este lunes.
En una primera reacción oficial, la ministra de Exteriores, Sandra Jovel, convocó a una rueda de prensa en la sede de la Cancillería en la que se limitó a leer un breve comunicado con las condiciones del Gobierno para autorizar la llegada al país de un nuevo comisionado, sin hacer ninguna alusión a la orden del Constitucional. "Por instrucciones del presidente Morales, he remitido una nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que se le conmina a enviar, en las próximas 48 horas, las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado de la Cicig. El nuevo comisionado deberá ser nombrado con el asentimiento de Guatemala, lo que es consistente con las prácticas del Derecho Internacional", dijo Jovel.
"Guatemala, como Estado miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas solicita al Secretario General a que cumpla con su función de conciliador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que la falta de la designación de un comisionado en los términos y los plazos que se la han solicitado”, leyó la titular de Exteriores antes de que concluir que el Estado guatemalteco mantiene la vía de la negociación. No se permitieron preguntas a los periodistas.
El domingo por la noche, poco después de que se conociese la decisión del Constitucional, trascendió una reunión de Morales con su Consejo de Seguridad Nacional, un ente creado a la medida del mandatario y que está integrado por el vicepresidente, Jafeth Cabrera; los ministros de Exteriores, Gobernación (Interior), Defensa, el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado y el procurador general de la Nación (abogado del Estado). Todos ellos son incondicionales del mandatario.
Decisión inapelable
Para el analista independiente Héctor Rosada, lo primero a tener en cuenta es que la decisión del Constitucional es inapelable. "Los magistrados no han hecho más que cumplir con su deber de hacer respetar la Constitución", puntualiza en conversación con EL PAÍS. Por ley, agrega, Morales no podía tomar la decisión de clausurar la labor de la Cicig sin antes negociar con su contraparte, las Naciones Unidas. "Guatemala [como el resto de países miembros] tiene la obligación de respetar cualquier convenio que haya firmado con organizaciones internacionales", subraya.
El experto concluye con una advertencia respecto a la gestión de Morales: "Estamos caminando hacia una regresión autoritaria. Sacar al Ejército a las calles el 15 de septiembre es una muestra fehaciente [de ello]. Estamos en manos del sector más ultramontano del Ejército. Sabíamos que tendríamos un Gobierno autoritario, pero estamos gobernados por gente acostumbrada a mandar por la fuerza y Morales no es más que un títere en sus manos".
El defensor del pueblo, Jordán Rodas, un funcionario en la mira de Jimmy Morales por su apego a la ley, apuntó, en declaraciones a este diario, que el Constitucional no ha hecho más que enmendar una decisión cuestionada y sin fundamento legal. Respecto al futuro del mandatario, cada día más cuestionado internamente, Rodas considera que deberá hacer un ejercicio de mucha creatividad para terminar su mandato —que concluirá en enero de 2020— sin afectar al normal funcionamiento del país. "Afortunadamente, la vuelta de Iván Velásquez ya no depende del mandatario. Si se atreviera a no permitir su regreso, pondría en riesgo el régimen de legalidad, ante una clara desobediencia con implicaciones penales".
