30 años de muertes evitables

El pasado primero de noviembre fue un triste aniversario para nuestra Frontera Sur. Hace 30 años, se encontró el cadáver del que se considera la primera persona migrante muerta en nuestras costas. En estas tres décadas, desde 1988, España ha pasado de ser un país de tránsito migratorio hacia el norte de los Pirineos a país de destino de personas migrantes. De tener tan solo una frontera nacional con Marruecos a ser Frontera Sur de la Unión Europea con África. De ser una mera estación de paso, España ha tenido que ejercer de cancerbero de la Europa Fortaleza. Pero ese cambio no solo ha afectado a nuestro papel como Estado miembro o a las políticas migratorias nacionales, sino al conjunto de la opinión pública, a los agentes sociales y a nuestros valores.

El Informe '1988-2018. Recorrido migratorio: 30 años de muertes en el Estrecho' de la Federación Andalucía Acoge en colaboración con la Fundación porCausa, recorre año a año los hechos y decisiones que han conformado nuestro presente como país de acogida. En 1988, España era un miembro muy reciente de la Unión Europea y consideraba el flujo migratorio en su territorio como un fenómeno transitorio, regulado en el ámbito del derecho de los trabajadores. Con los años y el incremento constante de las llegadas la inmigración fue adquiriendo un carácter estructural y como tal, empezó a regularse desde el enfoque del control y la contención, hasta la actual simbiosis inmigración-seguridad.

El estrecho de Gibraltar, de apenas quince kilómetros, se transforma en un abismo entre dos países y dos continentes, con la frontera más desigual del planeta. Desde que se levantaron las primeras vallas fronterizas con África en Ceuta y Melilla, y se empezó a exigir visado en 1991, la inmigración clandestina aumentó de manera espectacular, sobre todo en el Estrecho, adonde se dirigían no solo personas marroquíes sino subsaharianas jugándose la vida en el espejismo de la cercanía. Al comienzo solo llegaban varones jóvenes, pero luego empezaron a cruzar mujeres y menores. La imposibilidad de entrar por vías legales alimentó las redes de tráfico de personas migrantes y de trata de seres humanos. El Mediterráneo occidental se convertiría en un gran cementerio: se calcula que entre 1988 y octubre de 2018 más de 6.700 personas perdieron la vida o desaparecieron bajo las aguas intentando cruzar el Estrecho.

Con el tiempo se fue levantando también un muro de políticas de extranjería y normas penales restrictivas con una óptica más securitaria que económica, acompañadas de procesos, sistemas e instalaciones de acogida, internamiento y retorno escasamente garantistas que, con los atentados del 11 de septiembre de 2001, afianzaron la Europa Fortaleza. Se dio prioridad a la seguridad y al enfoque de orden público en materia migratoria frente a la libertad, la multiculturalidad o la integración. Hemos levantado vallas y hemos externalizado nuestras fronteras para contener la inmigración, cerrando los ojos ante las violaciones de derechos humanos por parte de algunos países de origen y tránsito. Esa subcontratación del control migratorio se refleja en programas de cooperación policial encubiertos como ayuda al desarrollo o promesas de financiación a cambio de retornos sin garantías reales de respeto por los derechos de los retornados.

Sin embargo, los flujos migratorios no cejan; tan solo cambian las rutas y aumenta el peligro. Treinta años después del primer náufrago migrante en costas españolas, el Mediterráneo se ha convertido es una fosa común llena de cadáveres y sueños rotos. A pesar de cierto cambio de actitud del actual Gobierno español, la política real sigue su pertinaz camino de insolidaridad, restricciones y miedos. Así, la percepción negativa de la migración ha calado hondo en gran parte de los europeos. En eso, España ha dejado de ser una excepción. Ya tenemos un partido abiertamente xenófobo y racista con una campaña que alienta los miedos y la intolerancia y, de paso, intoxica a los partidos tradicionales. Ya no estamos a salvo del discurso del odio al diferente.

Frente a este panorama nada halagüeño, a lo largo de estos treinta años, otra parte de la sociedad se ha movilizado a favor de los derechos de las personas migrantes desde la iniciativa individual, local y asociativa, dando ejemplo de entrega y eficacia a la hora de defender y acompañar a estas personas en su periplo vital y darles apoyo para tejer sus propias organizaciones y redes para actuar en su propio nombre. Como recuerda Andalucía Acoge, los primeros lo hicieron de manera espontánea, desde la sierra de Tarifa a la costa malagueña, dejando bolsas con ropa y alimentos en la puerta de sus casas para aquellos que llegaban exhaustos. Estas redes se organizaron o se unieron a organizaciones laicas y religiosas, locales, nacionales e internacionales presentes en el terreno, en el rescate marítimo, a pie de calle, de puerto y playa, a uno y otro lado de la frontera. Su misión es hoy más importante que nunca, ya que lo hacen a contracorriente, enfrentándose a un contexto hostil hacia los defensores de las personas migrantes, recordándonos la riqueza que aporta la migración a las comunidades de acogida y los propios valores en los que debería fundarse nuestra sociedad.

Como concluye Andalucía Acoge en su informe: “aunque no conozcamos sus nombres, ni la edad de todas estas personas muertas, una sola de ellas ya merece todos nuestros esfuerzos, nuestro compromiso y nuestra intención firme para lograr que las políticas migratorias tengan como eje central el respeto a la vida y a la dignidad, que sean inclusivas y respetuosas con la diversidad y que busquen sobre todo el acabar con el sufrimiento humano”.