Pereza mitinera

En los últimos años, los planteamientos anticonstitucionales procedían casi siempre de un intento de seducción de la izquierda hacia los jóvenes que se sentían marginados del progreso y de la toma de decisiones. Sin embargo, las más recientes agresiones a la Constitución española proceden de otro frente, el nacionalismo conservador. Tanto en los territorios de la identidad como en los factores de cohesión social, hay un giro melodramático hacia lo reaccionario. Así escuchamos mítines cotidianos contra la España autonómica sin caer en la cuenta de que ese discurso es una negación profunda de la forma de gobierno que nos dimos en la Constitución. Ahora se ha unido una nueva tendencia muy exitosa, la de impedir tanto la libre circulación de las personas como la expresión abierta de las distintas opiniones. Nos recorre una ola de prohibicionismo que es una afrenta a quienes redactaron la Constitución democrática. Y el último frente es el de políticas sociales, algo que el texto constitucional enuncia de manera clara cuando se refiere a vivienda, salud, educación y protección, para los que exige la salvaguardia de la igualdad entre ciudadanos.

Por eso no sorprende, como debería, la insólita crudeza con la que se ha recibido el pacto presupuestario entre gobierno y Podemos. Se ha dicho que es más un programa electoral que unos presupuestos generales. Pues solo faltaría, el plan económico anual es exactamente eso, un propósito político. Por eso se aceptaron en años pasados los presupuestos que recortaban el gasto en educación, sanidad, cultura y dependencia. Todo el mundo entendía que era una priorización política que de manera evidente reconocía que era mucho más importante salvar la economía financiera de las entidades bancarias o los estímulos a la compra de coches que apostar por las energías renovables. Cada partido político es coherente en su plan presupuestario con su visión social y lo que en otras ocasiones ha resultado chocante es que los partidos socialdemócratas adopten políticas conservadoras en lo económico más que nada por carecer de otro plan. El sur de Europa tiene la obligación doble de cumplir con las normas económicas de la Unión y rescatar a sus países del desánimo y la sensación de abandono.

La clave consiste en perseguir el rastro de la desigualdad económica entre españoles. Esta se asienta en tres aspectos, la desvalorización del trabajador y sus derechos, la impunidad de ciertos sectores para no asumir sus obligaciones con el fisco como corresponde a sus brutales ganancias y la desnaturalización del mercado inmobiliario al llegarle la inversión masiva de los excedentes de dinero que no atrae la baja calidad de los productos financieros. A la espera de lograr apoyos parlamentarios, unos presupuestos racionales tendrán que incidir en esos tres problemas para tratar de recaudar mejor y así reinvertir en recuperar algo de la igualdad perdida. Por todo ello subir el salario mínimo, tratar de apresar las fugas de impuestos, exigir mayor compromiso fiscal a quienes más ganan y mediar tanto en la creación masiva de empleos de baja calidad como en el mercado inmobiliario que regresa al peor escenario de la burbuja, resulta de lo más saludable. Tendrá que ser la autoridad europea quien estudie la viabilidad del proyecto ya que, por desgracia, el debate político en España ha caído en lo exaltado. Algunos se atreven a decir que medidas adoptadas con naturalidad en Francia, Portugal o Alemania, aquí son comunismo venezolano. Es la pereza mental del mitinero.