Paso decisivo

El acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno y Podemos tiene un valor político innegable. El pacto fija líneas de actuación que en parte superan los límites de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, de forma que pueden fructificar en acuerdos específicos posteriores. Además, marca el camino para que otras fuerzas se decidan a votar en favor del Presupuesto, la llave para la gobernabilidad durante el próximo ejercicio. Sin Presupuestos, todo sería mucho más difícil para el Gobierno el año que viene. Pedro Sánchez queda ahora a la espera de lo que decidan los partidos nacionalistas, aunque el acuerdo mejora las opciones del Ejecutivo, y de cómo pueda resolverse la cuestión del bloqueo parlamentario de la oposición en el Senado. A la vista de los logros reales y potenciales del acuerdo, la posición obstruccionista del PP contra el nuevo techo de gasto aparece ante los ciudadanos como un castigo caprichoso.

El contenido económico del pacto persigue el objetivo de frenar los efectos económicos y sociales de siete ejercicios de austeridad a ultranza, recortes de gasto social y congelación drástica de la inversión. La corrección de la austeridad tiene que ser moderada a la fuerza, debido al compromiso de déficit. Esa preocupación se nota en el aumento de dotación para el plan nacional de vivienda, en la recuperación del subsidio por desempleo a los mayores de 52 años, en la garantía de remuneración para los permisos de paternidad y maternidad, en la dotación de 180 millones para combatir la pobreza infantil, en el crecimiento de la partida para I+D+i y en la dotación para las políticas de dependencia.

El acuerdo incluye además tres vías de negociación social que ratifican la idea del Gobierno de corregir las leyes sociales del Ejecutivo anterior. La subida del salario mínimo es un mensaje de que el ajuste salarial ya no es el principal instrumento que considera el Gobierno para impulsar la recuperación de la economía. Se admite además el compromiso de retocar la reforma laboral, de entrada en una línea muy concreta: privilegiar de nuevo la negociación sectorial en perjucio de la negociación empresa a empresa. Este es quizá el acuerdo de más recorrido, pero así como otros puntos pueden incluirse directamente en las cuentas públicas, la "rectificación de la reforma laboral" exige un acuerdo más pausado con las fuerzas sociales.

El pacto Gobierno-Podemos tiene un coste superior a los 5.000 millones. Para financiarlo no habrá más remedio que subir los impuestos. Ni siquiera con un margen superior de déficit de cinco décimas de PIB, que Bruselas analizará el lunes, podrían pagarse las obligaciones del acuerdo, sobre todo si se tiene en cuenta el coste de la revalorización de las pensiones. La subida tributaria del 1% a los grandes patrimonios no resulta suficiente. Pero el incremento impositivo ha de ordenarse en el marco de una reforma fiscal estructurada y que aporte seguridad jurídica. Hasta ahora, el Gobierno ha multiplicado las sugerencias de subidas de impuestos, desde el 0,2% a las transacciones financieras hasta la tasa Google o un pago mínimo del 15% por sociedades, que o no se concretan o son contradictorias entre sí. El Gobierno ha de aclarar sus prioridades y la política fiscal que pretende, y dejarse de globos sonda perjudiciales para su credibilidad. Esta es la principal debilidad del pacto.