Frente a las cloacas

El dilema ante el que las revelaciones del excomisario Villarejo en una publicación digital de reciente creación coloca a las fuerzas parlamentarias, además de a los medios de comunicación, es decidir qué sitúan en el primer plano de la agenda política e informativa que proponen a los ciudadanos. Bien el contenido de unos archivos sobre los que sigue teniendo el control el presunto delincuente que los obtuvo en abierta violación de derechos constitucionales, contribuyendo de este modo al despliegue de su estrategia de extorsión, bien la inequívoca denuncia de esta estrategia, colocando el acento sobre sus insidiosas maquinaciones para escapar a la justicia.

Las razones para avalar la adopción de este último camino, en el que deberían estar comprometidos todos los partidos y todos los medios que defienden la vigencia del Estado de derecho, pasan en primera instancia por la irrenunciable obligación de rechazar cualquier ataque a las instituciones democráticas, sin dejarse confundir por los señuelos. El excomisario Villarejo no está atacando al antiguo jefe del Estado y a una ministra del Gobierno, sino intentado doblegar la independencia del tribunal que lo juzgará a través de la violación de la intimidad de esos dos cargos públicos, uno retirado y, otra, en activo.

Los audios ahora conocidos, como también los aireados en la anterior entrega y los que puedan venir a continuación, están incluidos en el sumario judicial que se instruye contra el excomisario Villarejo, o lo estarán en el caso de que pudieran aparecer hechos desconocidos en las nuevas entregas con las que amenaza. Esta circunstancia no es irrelevante desde el punto de vista político ni tampoco informativo, porque ignorarla, como se está ignorando estas jornadas, coloca al sistema democrático español a merced de las maniobras de un representante de las cloacas que se creyó por encima de él mientras estuvo en ejercicio, y que se sigue creyendo ahora que deberá rendir cuentas penales.

Ni las instituciones del Estado, ni los partidos que las dirigen o aspiran a dirigirlas, ni tampoco los medios de comunicación que contribuyen a formar la opinión pública, pueden estar al albur de lo que publique por intereses espurios una página web instrumental, cuyas revelaciones son inmediatamente propagadas sin pasarlas por el tamiz de la responsabilidad institucional ni de la comprobación periodística. Las revelaciones del excomisario Villarejo no deberían encontrar ningún eco cuando se trata de asuntos privados, sea cual sea la calificación que en sí mismos merezcan. Y aun cuando eventualmente pudieran referirse a hechos de relevancia pública, incluidos presuntos delitos, esta circunstancia no deroga en ningún caso el deber de tratarlos de acuerdo con las exigencias deontológicas de la propia tarea ni de principios legales irrenunciables, como la presunción de inocencia.

Las maniobras de un comisario que creó un Estado dentro del Estado para lograr una imposible impunidad por sus presuntos delitos están colocando a los diversos actores de la vida pública en España ante el espejo, por más que algunos de ellos crean que solo les comporta beneficios presentes e ignoren los riesgos futuros.

Nadie debe albergar dudas de que el excomisario Villarejo y sus cómplices responderán ante una justicia que actuará con independencia frente a su extorsión, y contribuir a ello es el deber de todos frente a las cloacas. Pero la identificación de las responsabilidades no acaba sino que comienza ahí, y esa es la información que no se puede seguir ocultando a los ciudadanos. Una red de estas características no pudo prosperar sin aquiescencias o complicidades internas que le permitieron atesorar ilegalmente la información que ahora quiere volver contra el Estado.