Mucho que aclarar en Interior

A base de no saber y de no investigar, la sensación de quebranto democrático se acentúa al examinar el funcionamiento de una parcela tan sensible como es el Ministerio del Interior. Todavía se ignora quién grabó al anterior responsable del departamento cuando estaba hablando con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, una intromisión realizada con la suficiente impunidad como para convertir en inseguro el despacho oficial del responsable de la seguridad interior de España. Tampoco se puede precisar la autenticidad de las grabaciones, puesto que el propio Tribunal Supremo se conforma con la idea de que ignora si son verdaderas o no en la resolución por la que rechaza la admisión a trámite de una querella contra el anterior ministro, Jorge Fernández Díaz.

Con esa grabación llegó el escándalo de la existencia de una policía patriótica, presuntamente dedicada a hostigar a los adversarios políticos del Gobierno en Cataluña. Una trama en cuyo centro se situaba aparentemente el comisario José Manuel Villarejo, apoyado por un grupo de policías instalados en altos cargos y enfrentado a otros.

El cierre de la vía penal impide abrir una vía de indagación, de forma que solo queda la posibilidad de la investigación parlamentaria para tratar de llegar a alguna conclusión sobre la presunta fábrica de dosieres políticos que funcionaba al amparo de Interior.

Los cuerpos de la seguridad del Estado han realizado una labor muy importante en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Las encuestas sitúan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil entre las instituciones más valoradas de España y no se merecen que la sospecha del funcionamiento de policías paralelas empañe su imagen. El saneamiento de la estructura de Interior es necesario para restaurar el prestigio deteriorado por la sucesión de incidentes.