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Los precios mundiales de los alimentos aumentaron un 1,2% en mayo, y alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2017. Esta trayectoria al alza está afectando a África de manera desproporcionada, donde también está subiendo la proporción del ingreso de los hogares que se destina a comida. Para revertir esta tendencia y garantizar la seguridad alimentaria, los gobiernos deben colaborar rápidamente y un punto de inicio es controlar a los productores que están en el origen de este fenómeno.

Según datos recopilados por el Foro Económico Mundial, cuatro de los cinco países que más gastan en alimentos se encuentran en África. Nigeria encabeza la lista, con un asombroso 56,4% del ingreso de los hogares destinado a alimentos en 2015, seguido por Kenia (46,7%), Camerún (45,6%) y Argelia (42,5%). En comparación, los consumidores de Estados Unidos gastan la menor proporción (6,4%), mucho menos que los habitantes de economías emergentes como Brasil (16%) e India (30%).

Una razón de esta distorsión es el precio de los alimentos en relación al ingreso. A medida que el continente se urbaniza, la gente compra más alimentos procesados o semiprocesados de importación, que cuestan más que aquellos que se producen localmente. Y en la mayoría de los países los salarios no han subido al ritmo de la inflación.

Pero la principal causa son las políticas públicas deficientes: los gobiernos africanos no han logrado refrenar el poder de las agroempresas y los grandes productores de alimentos, y esta falta de control ha vuelto menos competitiva a la agricultura local. A su vez, los precios de la mayoría de los productos básicos han subido.

La ausencia de leyes antimonopolio, combinada con una débil protección al consumidor, ha hecho que en varios países solo dos o tres compañías importantes dominen los mercados de productos como la sal, el azúcar, la harina, la leche, el aceite y el té. El efecto se nota más en las ciudades africanas, donde los precios del arroz blanco, el pollo congelado, el pan, la mantequilla, los huevos e incluso las bebidas gaseosas son al menos un 24% más altos que en otras ciudades del mundo, afectando a los consumidores directa e indirectamente (debido al traspaso de los mayores costes de los insumos por parte de los conglomerados y proveedores de servicios alimentarios.)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha argumentado por largo tiempo que la seguridad alimentaria y los precios justos dependen de que los mercados estén libres de tendencias monopólicas. La OCDE tiene la misma posición, y con frecuencia ha llamado a las autoridades a dar respuesta a las “fusiones anticompetitivas, el abuso de posición de dominio, los carteles y la fijación de precios, las restricciones verticales y las prácticas excluyentes” del sector de la alimentación. Sin embargo, en muchos países africanos este consejo raramente se ha seguido.

La ausencia de leyes antimonopolio, combinada con una débil protección al consumidor, ha hecho que en varios países solo dos o tres compañías importantes dominen productos básicos

Es cierto que el problema no es nuevo. Por ejemplo, entre 1997 y 2004 la FAO recibió 122 denuncias de prácticas anticompetitivas en 23 países del África subsahariana, como un monopolio vertical en el sector azucarero de Malawi, la fijación de precios en la industria de los fertilizantes de Kenia y un cártel de compradores en la industria algodonera de Zimbabue. Y, a pesar del importante grado de atención que han merecido estos casos, persisten los problemas subyacentes.

De acuerdo al Banco Mundial, más del 70% de los países africanos se encuentran en la mitad inferior de la lista global de las iniciativas de proteger una “competencia de mercado”. Aunque 27 países africanos y cinco bloques regionales poseen leyes antimonopolio, son escasas las iniciativas para hacerlas cumplir. Los países restantes no tienen legislación alguna y han hecho pocos avances para crearla.

Hay, sin embargo, una excepción notable: Sudáfrica. Desde que en 1998 se promulgara la Ley de Competencia, el país ha prohibido que una compañía que controle al menos el 45% del mercado excluya a otras empresas o intente ejercer control sobre los precios. Los infractores se exponen a multas de hasta un 10% de sus ganancias, y en las últimas dos décadas algunas de las más grandes empresas del país –como Tiger Brands, Pioneer Foods y Sime Darby- han sido castigadas. En palabras de Tembinkosi Bonakele, jefe de la Comisión de Competencia de Sudáfrica, el gobierno está “decidido a erradicar la explotación de los consumidores por parte de los carteles”, especialmente en la industria alimentaria.

Otros países deberían imitar a Sudáfrica. Ante la ausencia de reglas, las compañías y otros grupos de interés siempre buscarán beneficiarse. La necesidad de reformas es mayor en países como Nigeria y Ghana, donde los gastos en alimentos son altos y la presión de la industria es más fuerte. Afortunadamente, existe un creciente reconocimiento de la necesidad de enfrentar estos retos. Babatunde Irukera, Director General del Consejo de Protección al Consumidor de Nigeria, declaró hace poco que “en un mercado grande, vibrante y leal como el nigeriano, es trágica la ausencia de normas generales que regulen la competencia. Si los mercados no están regulados en un contexto competitivo se genera un vehículo indeseablemente legítimo de extorsión financiera y social”.

Si se reducen los precios de alimentos básicos incluso un modesto 10% (muy por debajo de la prima promedio que cobran los carteles en el mundo) mediante el combate a las conductas anticompetitivas en estos sectores o a través de las reformas a las normativas que las protegen de la competencia, se podría sacar de la pobreza a 270.000 personas en Kenia, 200.000 en Sudáfrica y 20.000 en Zambia. Una política así ahorraría a los hogares de estos países 700 millones de dólares al año, y los hogares pobres se beneficiarían desproporcionadamente más que los ricos.

A fin de cuentas, sobre los líderes políticos recae la responsabilidad de proteger a los consumidores de la colusión y la fijación de precios. No hay duda de que las empresas africanas necesitan espacio para innovar y crecer, pero su éxito nunca debería darse a costa de la próxima ración de comida de una persona.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen. Copyright: Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.org

Ndidi Okonkwo Nwuneli es cofundador de AACE Food Processing & Distribution, Socio Ejecutivo de Sahel Consulting Agriculture & Nutrition, Fundador de LEAP Africa y uno de los miembros de 2018 Aspen Institute New Voices.

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