¿Cuántos exministros del PP y PSOE han entrado en prisión?

A las 19.28 del 11 de septiembre de 1998 entró en prisión el primer ministro de la democracia en España. El socialista y titular de la cartera de Interior de entonces, José Barrionuevo, pisaba la cárcel de Guadalajara para cumplir una pena de 10 años.

Más de 7.000 personas, entre ellas toda la cúpula del PSOE −incluido el presidente Felipe González− le acompañaron hasta la misma puerta.

Barrionuevo y su principal colaborador, Rafael Vera, empezaban a cumplir su condena por el secuestro de Segundo Marey, ciudadano hispano-francés reivindicado por los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL) en 1983.

Tanto Barrionuevo como Vera fueron indultados dos meses después de entrar en prisión por el Gobierno de José María Aznar. La medida de gracia se produjo el 23 de diciembre de 1998. El ministro portavoz de entonces, Josep Piqué, justificó la urgencia por lo excepcional del caso. Y recordó que el Gobierno del PP de Aznar se había comprometido a actuar en este caso con “altura de miras”.

27 años después, José Luis Ábalos dormirá también en prisión. El que fuera secretario de organización del PSOE (2017-2021) y exministro de Transportes (2018-2021), está siendo juzgado por el caso Koldo, una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia, en 2020.

El caso Koldo debe su nombre al principal colaborador de Ábalos, Koldo García, que también está siendo investigado en la causa.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro cinco delitos graves: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada.

Anticorrupción pide para él hasta 24 años de prisión, mientras que las acusaciones populares elevan la petición a 30. El juez ha tomado la decisión de enviarle a prisión a petición de Anticorrupción y de las acusaciones populares (dirigidas por el PP) durante la vista celebrada este jueves en el alto tribunal para revisar las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre el exministro (comparecencias quincenales ante el juez, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España).

Además de Ábalos y Barrionuevo, estos son los otros cuatro exministros condenados con penas de prisión en democracia:

Jaume Matas (PP), caso Palma Arena (2014)

La Audiencia de Palma condenó a seis años de cárcel a Jaume Matas, del PP, presidente de Baleares en dos etapas (1996-1999) y (2003-2007) y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003).

Tres magistrados le consideraron culpable de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración. Cuatro delitos que sumaban una condena de cinco años y tres meses, a los que se añadieron otros nueve meses más por tráfico de influencias.

Matas ingresó en prisión en 2014. Desde entonces, el exministro ha hecho frente a una decena de casos judiciales, entre ellos el caso Nóos, por el que también cumplió condena en la prisión de Ávila Iñaki Urdangarin.

Instituciones Penitenciarias concedió a Matas en agosto de 2020 el tercer grado tras haber cumplido en la cárcel de Aranjuez (Madrid) más de la mitad de la condena.

Un mes después fue visto como auxiliar de farmacia en la botica que regenta su hijo en el municipio madrileño de Rivas, tal y como contó el suplemento Crónica del diario El Mundo.

Rodrigo Rato (PP), caso tarjetas black (2018)

Rodrigo Rato también entró en la cárcel. El exministro de Economía de José María Aznar que simbolizó el éxito de la España que emergía a finales de los noventa para competir con las grandes potencias del mundo y que dirigió también el Fondo Monetario Internacional se convirtió, más tarde, en banquero para sacar a flote a una Caja Madrid en plena recesión. Y fue condenado por el caso de las tarjetas black.

El exministro del PP hizo un uso indebido de unas tarjetas de créditos opacas al fisco. Rato, directivos y consejeros las utilizaban para gastos personales sin control.

Ahora, Rato se encuentra en libertad. A la espera de que se confirme su última sentencia, que está relacionada con el origen de su fortuna y por la que le piden cuatro años de prisión.

Eduardo Zaplana (PP), caso Erial (2018)

Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002) y exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno (2002-2004), fue condenado a 10 años y cinco meses de cárcel por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.

El dirigente del PP fue juzgado por el caso Erial, la trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) a cambio de sobornos entre 1997 y 2000, cuando Zaplana era presidente de la Generalitat Valenciana. Es uno de los mayores escándalos de corrupción de la región.

La condena a Zaplana extendió una sombra sobre una etapa, la del zaplanismo, de grandes gastos, grandes eventos y privatizaciones, de las que, al menos en dos casos, el dirigente popular sacó tajada.

Ahora se encuentra en libertad provisional porque la justicia consideró que no existía riesgo de fuga, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo.

José Antonio Griñán (PSOE), caso ERE, (2019)

José Antonio Griñán, expresidente socialista de la Junta de Andalucía (2009-2013), exministro de Sanidad y Consumo (1992-1993) y exministro de Trabajo (1993-1996) fue condenado en noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE, un sistema fraudulento de ayudas públicas en Andalucía que permitió el desvío de cientos de millones de euros públicos.

No solo fue condenado Griñán, también el expresidente de la Junta y exministro −en su caso sin penas de prisión− Manuel Chaves, además de ocho altos cargos, entre ellos consejeros y viceconsejeros de la Junta de Andalucía.

El Tribunal Supremo confirmó la condena a Griñán en julio de 2022, aunque debido a su cáncer de próstata suspendió su entrada en junio de 2023. Un año después, en julio de 2024 el Tribunal Constitucional anuló la condena a Griñán y a Chaves.

El alto tribunal, eso sí, ve un posible delito de prevaricación en una actuación puntual del Gobierno andaluz en diciembre de 2004, pero es algo que deberá resolver ahora la Audiencia de Sevilla y que en todo caso no comportaría penas de prisión.