Migración compartida

Las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea hemos vivimos durante este siglo, de forma ininterrumpida hasta estos últimos años, en un espacio de libre circulación interior, que exige un alto grado de cooperación entre los Estados miembros. Este espacio común de libertad, seguridad y justicia presupone el control común de las fronteras exteriores y exige un sistema europeo de asilo y una política de migración compartida y, en el mismo nivel, la lucha contra el racismo y la xenofobia. Las bases están fijadas por los tratados, nuestra norma fundamental, desde hace dos décadas. Pero su desarrollo ha estado marcado por la tensión permanente entre los impulsos hacia la integración prevista y las fuertes resistencias nacionales.

Esta dinámica no es nueva y no es atribuible a la llegada de los demandantes de asilo hace tres años, ni al aumento de la movilidad de personas, tan consustancial a nuestro mundo como la de bienes o capitales. La política europea de inmigración sigue siendo un mandato no cumplido y el sistema de asilo adolece de fuertes desequilibrios y dificultades desde mucho antes de 2015. Los últimos flujos nos han encontrado sin los deberes hechos y han puesto en evidencia trágicamente la fragilidad del sistema.

Durante las últimas dos décadas, los Estados europeos han apoyado en sede comunitaria aquellos avances que ofrecían beneficios evidentes, a la vez que intentaban externalizar sus costes. Esta estrategia ha llegado a su límite. No podemos seguir diciendo que la migración es una cuestión europea y no nacional. En la Unión, ningún problema común deja de ser nacional, menos aún cuando se refiere a políticas para las que los Estados se han reservado no pocas prerrogativas. La decisión de acoger a las personas en peligro rescatadas por el Aquarius en España lo demostró de una forma clara.

Ningún acuerdo es posible ante una fuerza tóxica y destructiva que, siempre que ha conseguido acudir a su cita con la historia europea, ha provocado las más horrendas catástrofes

Avanzar hacia soluciones sostenibles tiene como precondición la voluntad de trabajar dentro del marco jurídico de la Unión. Las decisiones tomadas por el Consejo Europeo empujan en esta dirección. Pero para salir de la crisis política que vivimos debe mantenerse el compromiso con los acuerdos en el ámbito doméstico, aun cuando pueda resultar costoso en el corto plazo. No hay sistema, por bien diseñado que esté, que resista la mala fe de una mayoría de sus miembros, ni acuerdo posible con quienes no comparten siquiera sus principios.

Sabemos desde hace mucho tiempo qué debemos hacer para salir de esta situación. Por un lado, debemos reconocer el fracaso del Sistema de Dublín y, más que retorcerlo como hace la actual propuesta de reforma, avanzar hacia un sistema europeo. Este debe permitir una primera decisión sobre quién puede acceder a él y después determinar dónde se hace efectiva la acogida y protección de las personas refugiadas, como defendíamos hace tres años en esta misma tribuna. Romper el principio de territorialidad nacional del asilo puede parecer difícil, pero es lo único compatible con nuestro actual grado de integración y, vista la situación, no perdemos nada intentándolo, al contrario.

Debemos tener una política de migración compartida, tal como dicen los tratados. El gobierno de las políticas de inmigración y asilo debe ser multinivel, y también transversal. Migración y asilo deben estar presentes en prácticamente todas las formaciones del Consejo de Ministros de la UE, y no solo o principalmente en el Consejo de Interior, que ha mostrado reiteradamente sus límites en la materia. Política social, desarrollo territorial, prevención de conflictos y crisis que generan migraciones forzadas y una nueva mirada a nuestro entorno, al Mediterráneo y a África que, más allá de los tradicionales postulados de la cooperación, incorpore la movilidad y las nuevas comunidades transnacionales como motores de desarrollo para todos son algunas de las cuestiones que deberían desarrollarse, de forma común o entre un grupo más reducido de Estados.

Señalar la puerta de salida a quienes no estén dispuestos a completar el espacio de libertad, seguridad y justicia es una opción para seguir avanzando, aunque serían deseables consensos lo más amplios posible. Eso sí, dentro del marco que establecen nuestras normas y principios, que incluyen la prevención y lucha contra el racismo. Ningún acuerdo es posible ante una fuerza tóxica y destructiva que, siempre que ha conseguido acudir a su cita con la historia europea, ha provocado las más horrendas catástrofes. La Unión nació para impedirlo.

Anna Terrón es presidenta de Instrategies.