Hostilidad hacia los migrantes

La Unión Europea no puede permitir que su incapacidad para gestionar la crisis migratoria y de refugiados lleve a adoptar atajos que atenten contra sus principios y valores. En los últimos días han aparecido signos que deben ponernos en alerta, tanto sobre el peligro de soluciones fáciles para un problema complejo como sobre la creciente hostilidad hacia los inmigrantes en el discurso oficial de algunos países miembros. El primer ministro danés, Lars Locke Rasmussen, ha revelado que varios países negocian impulsar un nuevo sistema de expulsión de extranjeros a los que se haya denegado el estatuto de refugiado. La iniciativa, confirmada por el canciller austriaco, Sebastian Kurz, contempla crear un gran campo de refugiados en el continente pero fuera de la UE, al que se trasladaría a los extranjeros pendientes de deportación.

A reserva de conocer los detalles, la propuesta debe ser objeto de todas las cautelas. La Unión Europea no puede pensar que podrá resolver los problemas que ella misma es incapaz de gestionar por falta de consenso encargando a terceros países vías jurídicamente dudosas de salir del apuro. ¿Bajo qué amparo jurídico se podría desplazar a los extranjeros en situación irregular a un tercer país fuera de la Unión en el que no han recalado previamente, a la espera de ser deportados? ¿Cómo se puede justificar la retención forzosa de personas que no han cometido delitos?

Es preocupante que en países como Italia, Austria o Grecia hayan tomado el timón de la política migratoria partidos que han llegado al Gobierno con mensajes xenófobos. El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha anunciado que Italia no está dispuesta a convertirse en el campo de refugiados de Europa; Grecia ha endurecido las condiciones de sus campos y ha reconvertido algunos de ellos como centros de retención, y en Austria se alienta desde el Gobierno una campaña contra la inmigración.

No debemos permitir que estas voces sean las que dominen el discurso público europeo sobre esta delicada cuestión. Es responsabilidad de toda la UE dar una respuesta conjunta, duradera y respetuosa de los derechos humanos a la crisis migratoria, y no dejarse arrastrar a una situación de hechos consumados liderada por quienes no han dudado en contravenir las reglas y los consensos previos para imponer unilateralmente su retrógrada posición.