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Científicos del principal centro de investigación biomédica de España denuncian su “asfixia”

Un 30% de la plantilla del Instituto de Salud Carlos III denuncia los recortes y las trabas legales a la investigación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da un discurso en el ISCIII, el 12 de junio de 2014.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da un discurso en el ISCIII, el 12 de junio de 2014.

Los recortes presupuestarios y las trabas legales impuestas por el Gobierno siguen poniendo a más centros de investigación en pie de guerra. Hoy, 300 investigadores del Instituto de Salud Carlos III denuncian su situación de “asfixia” en un comunicado remitido al Ministerio de Economía. “Si no se adoptan medidas urgentes nos será imposible seguir realizando nuestro trabajo de una manera eficaz y, a medio plazo, la parálisis repercutirá no solo en el nivel científico de nuestro país, sino en el tratamiento de enfermedades y la salud de la población española”, denuncia el texto.

El ISCIII es ya el cuarto organismo público de investigación (OPI) de los siete que dependen del Ministerio de Economía en el que parte de su plantilla se rebela contra el Gobierno. En este caso se trata del mayor organismo de investigación biomédica de España, que abarca 13 centros y unidades y coordina los principales centros de investigación en red sobre enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades raras y otras dolencias. Desde 2011 la plantilla del centro ha caído un 18% hasta los 952 trabajadores. También se ha venido reduciendo su presupuesto en los últimos años hasta los 269 millones de euros en 2017.

El ISCIII coordina los principales centros de investigación en red sobre enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades raras y otras dolencias

“La ciencia se muere en el ISCIII”, denuncian los firmantes, una situación que achacan no solo a los recortes en el presupuesto público para investigación, sino también a los “procedimientos de gestión” impuestos por el Ministerio de Hacienda, que provocan importantes retrasos a la hora de poder contratar personal, lo que en la práctica supone mandar al paro durante meses a investigadores y técnicos.

“Los retrasos acumulados si sumamos todos los contratos convocados entre 2014 y 2017 y los meses perdidos en la tramitación representan más de 150 años”, denuncia el manifiesto, que también critica la “precariedad laboral” de parte de su plantilla al encadenar contratos temporales “hasta edades que superan los 40 e incluso los 50 años”.

Los responsables de la iniciativa aseguran que denunciaron esta situación a la Secretaría de Estado de I+D+i (Seidi) —que dirige Carmen Vela— hace tres años sin que se haya solucionado “ninguna de las demandas”. “Las respuestas que recibimos de la Seidi y de nuestros directores se reducen a justificar que los problemas no dependen de ellos sino de las normas administrativas y del Ministerio de Hacienda, con lo que nadie se responsabiliza de la situación actual que se prolonga desde hace años”, señalan los firmantes, que hacen un llamamiento al Gobierno para que aporte “soluciones reales”.

Un portavoz de la Seidi señala que el tiempo necesario para formalizar contratos “se ha ido reduciendo” y añade que en el proyecto de presupuestos generales de 2018, aún pendiente de aprobación, se ha incluido una medida para hacer contratos fijos a investigadores. Hace dos semanas, el Ministro de Economía, Román Escolano, dijo en el Congreso de los Diputados que esta medida podría beneficiar a hasta 2.000 investigadores.

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