Más de 300 trabajadores del INIA denuncian su situación “dramática”

La lista de organismos públicos de investigación que alertan de su parálisis sigue aumentando. Hoy, más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) han publicado un manifiesto en el que alertan de que este organismo se encuentra al borde del "colapso" por su anquilosada estructura y las crecientes trabas burocráticas impuestas por el Gobierno.

Los 316 firmantes del texto denuncian la situación “dramática” del INIA en un texto que han enviado tanto al Ministerio de Economía, del que depende el organismo, como al Ministerio de Hacienda, dado que el principal problema del que protestan es la intervención fiscal previa decretada por este departamento en 2014.

El INIA es el tercero de los siete organismos públicos de investigación dependientes de Economía que realiza una protesta como esta, después del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y el Instituto Español de Oceanografía. Tanto el INIA como sus predecesores destacan la tensión adicional que ha supuesto la restricción de su presupuesto al 50% y que se mantendrá hasta que se aprueben los presupuestos generales del Estado para 2018 o Hacienda apruebe un permiso especial.

Creado en 1927, el INIA coordina la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en agricultura y alimentos. En 2016, su plantilla era de 830 trabajadores y su asignación presupuestaria de 79,8 millones de euros. Los trabajadores del centro se quejan de que el aumento de ingresos a través de proyectos de investigación nacionales e internacionales en los últimos años no se ha visto acompañado de una renovación de su estructura y de su personal destinado a administración, una situación, similar a la que ya denunció el IEO.

“Las crecientes exigencias derivadas de la intervención previa hacen que los procesos administrativos se alarguen durante meses o incluso años, llevando a una incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles”, señala el manifiesto. “Un ejemplo paradigmático de la inoperancia de los procedimientos es el tiempo necesario para la contratación de personal con cargo a proyectos de investigación y convenios con empresas. Ésta tarda en gestionarse más de seis meses y, en muchos casos, se alarga más de un año, en proyectos con una duración total entre dos y cuatro años”, denuncia el texto, al que ha tenido acceso Materia.

Los firmantes recuerdan que tras las elecciones de noviembre de 2011 con las que el PP llegó al Gobierno se eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los organismos públicos de investigación pasaron al Ministerio de Economía a través de la secretaría de Estado de I+D+i que dirige Carmen Vela. "Eso hizo que la Ciencia ya nunca más tuviera voz en el Consejo de Ministros y que su devenir dependiera de criterios anticuados en los que se considera que la ciencia es un gasto y no una inversión", denuncian los firmantes.

Estos problemas han causado una “pérdida de prestigio de la institución y sus trabajadores”, así como una menor captación de talento y recursos, una ausencia de inversiones en nuevos equipos científicos y la caída de los fondos captados para investigación así como la capacidad para gastarlos debido a las trabas burocráticas, alertan. “El actual equipo directivo del INIA es consciente de esta situación, que ha sido denunciada en numerosas ocasiones desde diversos estamentos del centro, si bien no ha conseguido remediarla, ni hacerla pública”, denuncia el manifiesto. Los trabajadores del INIA, pertenecientes a las escalas de investigación, técnicas y administrativas, “enormemente preocupados por el apreciable colapso de este organismo y observando que la situación está empeorando progresivamente con las crecientes medidas de control, se ven en la obligación de denunciar esta dramática situación”, añaden los firmantes.