Barcelona, Madrid, Bilbao

El Gobierno afronta la tramitación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, entregado el martes a la presidenta del Congreso, sin garantías de contar con el apoyo de los partidos que completarían la mayoría necesaria para su aprobación. A estas alturas, esos apoyos solo podrían venir de Ciudadanos (32 escaños) y del PNV (5): dos formaciones muy alejadas entre sí, lo que complica el acuerdo. La dificultad mayor es, sin embargo, el compromiso del partido de Urkullu y Ortuzar de descartar cualquier negociación con el Gobierno mientras esté vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ese compromiso es una piedra que el PNV, como algunos personajes de Peridis, se ha atado a la espalda. Algo que condiciona sus propias decisiones a las de otros, como esa desactivación, que solo se producirá si se constituye un Govern dentro de la legalidad constitucional. Al plantear su posición en esos términos, el PNV favorece un desenlace de disolución anticipada y convocatoria electoral, escenario que solo prefiere Ciudadanos, partido que encabeza todos los sondeos sobre elecciones legislativas y en cuyo programa para el País Vasco figura destacadamente el cuestionamiento —que no plantea el PP— del sistema de financiación vía Concierto Económico y que implicaría como mínimo una revisión del cálculo del cupo anual pagado al Estado por las competencias no transferidas, muy favorable para Euskadi.

Así, el PNV oscila entre la firmeza ideológica, reiterada por su presidente, Andoni Ortuzar, en su discurso de Aberri Eguna (“Ni las alertas naranjas ni las rojas nos van a hacer cambiar de postura; es una cuestión de principios”), y su alma pragmática, que busca un pretexto para desdecirse de su compromiso voluntario. Podría serlo la subida en un 32% de las inversiones estatales en el País Vasco, gran parte de ellas destinadas a infraestructuras ferroviarias (la Y vasca), que era una demanda recurrente del nacionalismo. Pero se trata de inversiones plurianuales, por lo que su mantenimiento podría presentar problemas si se prorrogan los Presupuestos.

La principal dificultad es que la exigencia de levantamiento de la aplicación del 155 en Cataluña no puede plantearse sin una alternativa viable, lo cual depende de la constitución de un Govern en el marco legal autonómico. Algo que implicaría una rectificación a fondo por parte de las fuerzas independentistas a la vista de los desastrosos efectos de su aventura: no solo se han quedado sin su imaginaria república independiente sino con su autonomía intervenida y la fuga masiva de empresas y selectiva de exdirigentes soberanistas.

Con todo, la peor herencia del procés será el arraigo adquirido por los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), maquinaria de intimidación de disidentes y vigilancia de adictos que no por ser diferente de la kale borroka (en la que era sustancial la presencia de ETA, dando credibilidad a las amenazas de los grupos de acoso) deja de ser un mecanismo de coacción social que condiciona la convivencia como en su día condicionó la del País Vasco. Desde hace años, en Cataluña circulan panfletos sobre prácticas de violencia callejera ensayadas luego con motivos diversos —cumbres internacionales— con el riesgo asumido de que cualquier día pueda ocurrir una desgracia, más buscada que surgida. Para “radicalizar” el procés.