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Columna
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Para salir del atolladero

Solo estas condiciones servirán para encauzar el conflicto catalán desde la política

Josep Ramoneda
Roger Torrent preside el pleno del Parlament de Cataluña el pasado 28 de marzo.
Roger Torrent preside el pleno del Parlament de Cataluña el pasado 28 de marzo.Massimiliano Minocri (EL PAÍS)

Es imposible que dos se entiendan si uno no quiere. Y en el conflicto catalán a ambas partes les cuesta dar los pasos necesarios. A pesar de las muchas irresponsabilidades acumuladas a ambos lados, hubo posibilidad de cambiar el rumbo de colisión hasta el pasado mes de septiembre. Pero cuando el independentismo no evaluó sus fuerzas y no supo parar a tiempo y el Gobierno español aceleró la vía autoritaria, fruto de la estrategia de subrogación de sus responsabilidades en los tribunales, se perdió toda esperanza. Y se produjo el choque, que sacó el independentismo de las instituciones.

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Después, los ciudadanos le regalaron una mayoría electoral. El principio de realidad tomaba la palabra. Las ficciones sobre las que se habían construido los relatos se fueron al traste: si el 27 de octubre el independentismo vivió en sus propias carnes la desigualdad de las fuerzas en conflicto, el 21-D el constitucionalismo vio caer la fantasía de la derrota definitiva del secesionismo. Ya no cabe ignorancia: el Estado no cederá como por arte de magia a las limitadas fuerzas soberanistas y el independentismo sigue y seguirá ahí. El independentismo lleva tres meses perdidos intentando digerir la realidad y el Estado ha entrado en una preocupante deriva autoritaria, que da situaciones esperpénticas como el regreso al nacional catolicismo con que nos ha obsequiado el Gobierno esta Semana Santa.

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Encauzar el conflicto políticamente sólo será posible si se cumplen estas condiciones: que las partes abandonen el pensamiento ilusorio; que se pierda el miedo a la palabra y se digan las cosas por su nombre (negociar es ceder); que se de reconocimiento al adversario; que la izquierda despierte, abandone el españolismo de carril, y desarrolle un discurso integrador; que paulatinamente el conflicto regrese de los juzgados a la política; y que se produzca una renovación de liderazgos, que ponga al frente personas con autoridad para hacer asumir a los suyos rectificaciones y propuestas que no les gustarán pero que son necesarias. Y eso vale para el soberanismo, en que la corriente reformista es ya mayoritaria pero nadie osa dar el paso a plantear en público lo que se dice en privado. Y vale para el Gobierno que debe asumir la responsabilidad de hacer propuestas políticas y para los demás partidos que deberían ser conscientes que la evolución autoritaria del tándem PP-Ciudadanos acabará afectando a todos. No soy iluso: el simple enunciado de condiciones levanta acta de las dificultades de una nueva etapa basada en el respeto mutuo. Y más con el carrusel judicial en curso.

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