Católicos, Kabila y contratos

Al menos ocho muertos, 92 heridos y 180 personas arrestadas fue el resultado de la represión de las manifestaciones que los católicos de la República Democrática del Congo (RDC) organizaron tras las misas el domingo 31 de diciembre. Una protesta convocada por el Comité laico de coordinación para pedir el fin del sufrimiento del pueblo congoleño, el diálogo político y el respeto a la Constitución, frente a los planes del presidente Joseph Kabila de presentarse a un tercer mandato. Las marchas se repitieron el pasado domingo 21 de enero. En esta ocasión, los muertos fueron seis, 49 los heridos y 94 arrestados, confirmaban fuentes de Naciones Unidas. En ambas ocasiones, el día anterior el servicio de Internet y mensajería móvil fue interrumpido para impedir las comunicaciones.

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Gobierno y policía niegan que se produjeran estas víctimas y acusan a los manifestantes de subversivos, según SlateAfrique. Además, han asegurado que los organizadores reclutaron a personas desmovilizadas de grupos armados a quienes entegaron armas de guerra para atacar a la población pacífica. Curiosamente, esta era una de las acusaciones que el grupo Human Rights Watch vertió sobre el régimen de Kabila en un reciente informe.

La ONU manifiesta su preocupación por las acciones de las fuerzas de seguridad que supuestamente dispararon munición, pelotas de goma y granadas de gas lacrimógeno para dispersar las protestas, en algunas ocasiones a corta distancia de las personas. Además, lanzaron gases lacrimógenos en el interior de las iglesias e impidieron a los fieles acudir a los servicios religiosos y robaron sus pertenencias.

El arzobispo católico de Kinshasa ha condenado el "salvajismo con el que el Gobierno de Kabila ha reprimido las protestas"

El cardenal y arzobispo católico de Kinshasa, Laurent Monsengwo, ha condenado el "salvajismo con el que el Gobierno de Kabila ha reprimido las protestas al disparar sobre pacíficos ciudadanos que portaban biblias en sus manos como únicas armas", como recoge el semanario Dia. La iglesia católica es una de las instituciones más poderosas y respetadas de la República Democrática del Congo y este episodio ha ahondado mucho más la brecha que separa a la institución religiosa del régimen de Kabila.

Tras las primeras manifestaciones, Estados Unidos, a través de un comunicado firmado por su embajador en Kinshasa, también condenaba los hechos en los que incluso se detuvieron a monaguillos que participaban en los servicios religiosos. Igualmente han reaccionado muchas personalidades internacionales, entre ellas el ministro de Asuntos Exteriores belga, Didier Reynders, que ha calificado de “represión brutal la respuesta a las marchas de los católicos contra la intención de mantenerse en el poder de Kabila”, según informa Le Vif.

España respalda el comunicado de la Alta representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la UE

Empujada por Bélgica, la Unión Europea también reaccionó ante la respuesta dada a las marchas del 31 de diciembre. La alta representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, instó al Gobierno de la RDC a proteger a sus ciudadanos y no reprimirlos en un breve comunicado hecho público por su portavoz el 3 de enero.

El Ejecutivo español asume íntegramente esta declaración, según manifiestan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como prueba de ello, aportan el hecho de que la Embajada española en Kinshasa compartiera el tuit del embajador de la UE ante la RDC, Bart Ouvry, que contenía el enlace a dicho comunicado.

Este dato desmentiría la información aparecida en algunos medios como La Libre Afrique y Afriwave, que acusaban a España y Francia de haber bloqueado una declaración conjunta de los 28 estados miembros de la UE con una condena más fuerte y explícita de los acontecimientos y del régimen de Kabila. De hecho, la campaña #BoycottFrance difundió una caricatura donde se acusa a Macron y Rajoy de ser "los patrocinadores de la barbarie en la RDC", como se ve en el siguiente tuit de Patriote Congolais.

De manera similar se manifestaba el movimiento Lucha (acrónimo en francés de Lucha por el cambio) de oposición al régimen de Kabila a través de un tuit, fechado el 2 de enero, en el que decía tomar nota de la actitud de Francia y España. Según estas fuentes, el veto hispano-francés tuvo lugar para proteger los intereses económicos de los dos países en la RDC.

¿Cuáles serían esos intereses de España?

Lucha también usaba la caricatura para denunciar a Francia y España, dónde se tilda a Macron y Rajoy de "herederos del rey Leopoldo II", el gran genocida del Congo. Y como denuncia el dibujo, el Gobierno español estaría protegiendo los beneficios de varias empresas privadas relacionadas con el proyecto conocido como Inga 3; para el cual el Ejecutivo congoleño pidió a un consorcio de empresas españolas liderado por Actividades de Construcción y Servicios (ACS) —dirigida por Florentino Pérez— y AEE Power que se uniera al grupo chino Three Gorges Corp. para ejecutar la obra, como detalla, entre otros, Hydroworld.

Inga 3 obligará al desplazamiento de unas 35.000 personas y afectará gravemente al ecosistema del río Congo

Inga 3 es la primera fase del proyecto hidroeléctrico Gran Inga. Incluye una presa y una central hidroeléctrica de 4.800 megavatios, en las cataratas Inga, sobre el río Congo, a 225 kilómetros de Kinshasa y 150 de la desembocadura sobre el Atlántico. El esquema del Gran Inga prevé una capacidad para generar 40.000 megavatios y se desarrollaría en siete fases comenzando por Inga 3. El proyecto cuenta con el apoyo y la financiación del Banco Mundial, y para esta primera etapa se destinarán 14.000 millones de dólares (11.400 millones de euros) si finalmente la institución financiera y el Gobierno congoleño se ponen de acuerdo sobre algunas diferencias que surgieron recientemente, informa el organismo internacional.

Este proyecto inundará 22 hectáreas de tierra. La ONG International Rivers afirma que Inga 3 obligará al desplazamiento de unas 35.000 personas y afectará gravemente al ecosistema del río Congo, lo que pondrá en peligro el suministro de pescado del mismo, del que dependen miles de personas para su subsistencia. Los activistas también argumentan que la electricidad generada por el proyecto hidroeléctrico viajará largas distancias hasta las zonas mineras de la RDC para abastecer a las minas, en su mayoría explotadas por multinacionales extranjeras. Igualmente recorrerá más de 5.000 kilómetros hasta Sudáfrica a través de Zambia y Namibia. Como resultado el 90% de la población congoleña que carece de suministro eléctrico seguirá sin acceso a él; solo una ínfima parte de esta producción llegará a la capital, Kinshasa.

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