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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La lucha del pueblo Yakye Axa en el Chaco de Paraguay

La usurpación de tierras ancestrales responde al modelo económico adoptado por el Gobierno, que fomenta el crecimiento rápido a través de los monocultivos y la ganadería

Una mujer de la comunidad Yakye Axa.
Una mujer de la comunidad Yakye Axa.Tierra Viva
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Isla de Palma. Así se traduce al español Yakye Axa, el nombre de un pueblo indígena de lengua Enxet Sur, asentado en el Chaco paraguayo.

La última semana de noviembre, este pueblo, que libra una batalla legal por recuperar sus tierras ancestrales desde hace 24 años, recibió una visita inusual: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decidió trasladar una delegación hasta Paraguay para comprobar si el Gobierno había cumplido con la sentencia que el Tribunal dictó a favor de la comunidad Yakye Axa en el 2005. La decisión ordenaba al Estado conceder tierras al pueblo Yakye Axa y prestar la asistencia necesaria para garantizar su subsistencia, bien alimentaria, bien en salud y educación.

Acompañamos la visita como abogadas de Cejil, organización que representa a la comunidad junto con Tierra Viva, con la esperanza de que la presencia de la Corte finalmente movilice al Estado a cumplir sus obligaciones.

La Corte pudo comprobar que, a más de 12 años de emitida su sentencia, Yakye Axa sigue viviendo en una situación de pobreza extrema, en una franja estrecha y polvorienta de tierra infértil que se extiende entre la orilla de una carretera pública y el alambrado de las tierras que ancestralmente fueron ocupadas por la comunidad. Allí viven sin acceso a agua potable ni alimentos adecuados, y sin poder desarrollar las actividades tradicionales que por años permitieron la subsistencia de su comunidad. Nos quedó claro durante la visita que, si nada cambia, la comunidad está abocada a una dura extinción. Como dijo Aníbal Flores, uno de los líderes de Yakye Axa durante la visita, “en estos años de lucha, muchas cosas y personas ya se perdieron. Nuestros miembros murieron atropellados al lado de la ruta o por enfermedad”.

Con la muerte de los ancianos de la comunidad, van muriendo también los últimos indígenas del grupo que hablan la lengua enxet. Muchos de los niños, que comparten un aula en condiciones paupérrimas con un solo docente y sin materiales, sufren vómitos, diarreas y fiebres, como consecuencia probable del agua y alimentos que consumen.

A finales del siglo XIX grandes extensiones de tierra del Chaco paraguayo fueron vendidas a través de la bolsa de valores de Londres

Los pueblos indígenas de Paraguay han sido sistemáticamente despojados de sus territorios bajo los diferentes regímenes políticos que han gobernado el país desde su independencia en 1811. A finales del siglo XIX grandes extensiones de tierra del Chaco paraguayo fueron vendidas a través de la bolsa de valores de Londres. Muchas de ellas fueron adquiridas por la iglesia anglicana, incluyendo las tierras de Yakye Axa, donde se estableció una gran estancia ganadera. Yakye Axa se resistió a salir inicialmente de su territorio ancestral, pero a partir de 1986 comenzaron a huir debido a las condiciones a las que fueron sometidos dentro de la estancia: los hombres eran obligados a trabajar sin sueldo y las mujeres explotadas sexualmente.

En 1993, Yakye Axa comenzó a reclamar legalmente sus territorios tradicionales. En 1996, la comunidad quiso volver a su tierra ancestral, pero se les negó el acceso, por lo que se instalaron en la vereda de la carretera que linda con estas tierras y en la que hoy siguen esperando.

Si bien la Constitución de Paraguay reconoce los derechos de los pueblos indígenas, en la práctica el marco normativo sigue siendo insuficiente para protegerlos. Los pueblos sufren formas múltiples de racismo y discriminación. Hay una falta de participación indígena en casi todos los ámbitos de la vida pública y política del país. De acuerdo a un informe emitido en el 2015 por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la condición de pobreza y extrema pobreza que afecta a la mayoría de las comunidades indígenas en Paraguay, está íntimamente vinculada con la pérdida o la falta de acceso y control sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Ello ha supuesto la extinción de sus medios de vida sin proporcionarles una alternativa económica viable.

La usurpación de tierras ancestrales responde al modelo económico adoptado por Paraguay, que fomenta el crecimiento rápido a través de los monocultivos y la ganadería. Como consecuencia, Paraguay tiene hoy una de las mayores tasas de deforestación del mundo, y los pueblos indígenas están entre los más afectados por la destrucción ambiental.

A pesar de este panorama, Yakye Axa sigue con su lucha por un pedazo de tierra en el que puedan volver a desarrollar su modo de vida ancestral. Como expresó uno de los líderes indígenas durante la visita, “aquél que abandona una lucha es un cobarde” y los miembros de la comunidad están dispuestos a persistir.

Paraguay tiene hoy una de las mayores tasas de deforestación del mundo, y los pueblos indígenas están entre los más afectados por la destrucción ambiental

En el 2012, el Estado adquirió una tierra alternativa y desde entonces, la comunidad está esperando su titulación y que construyan un camino que les permita acceder a ella. La visita de la Corte Interamericana, que se ha comprometido a dar seguimiento a la situación de Yakye Axa hasta que el Gobierno de Paraguay cumpla cabalmente con sus compromisos, ya ha logrado algunos impactos positivos. Altas autoridades de Paraguay se comprometieron la semana pasada a tramitar de forma expedita la titulación de tierras a favor de Yakye Axa, y terminar de construir en el 2018 el acceso del pueblo a las mismas.

De esta forma, el pueblo indígena de la Isla de Palma sigue manteniendo la esperanza de que Paraguay, el país en cuyas instituciones aún confían, garantice su existencia futura. Hacer lo contrario supondría una pérdida cultural y de dignidad sin nombre para Paraguay y el mundo.

María Noel Leoni es abogada senior y Alejandra Vicente es directora jurídica de CEJIL.

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