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Imagina que tu supervivencia depende de cómo puedas defender el derecho a vivir donde te encuentras ahora mismo. Cualquier día, tu Gobierno puede decidir comenzar a extraer petróleo o construir una autopista justo donde tu familia duerme todas las noches, sin consultarte. Imagínate la mina o la carretera contaminando el agua que bebes y envenenando el suelo hasta un punto en el que los cultivos apenas puedan crecer. Por si fuera poco, cada día te ves forzado a hablar un idioma extranjero en un país que pone en peligro tu cultura y forma de vida.

Este escenario no es ficticio. Es una realidad para muchos de los 370 millones de indígenas que hay en el mundo. Si es que existe una manera simple de definirlos, podemos estar de acuerdo en que son los descendientes vivos de las comunidades precolonizadas que habitaban las tierras ahora dominadas por otros.

Hace solo diez años, los pueblos indígenas de todo el mundo lograron la victoria más sustancial para proteger sus tierras: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

La adopción de esta declaración ha sido un punto de ruptura, dado que 144 países reafirmaron que los pueblos indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Desde 2007, la UNDRIP ha guiado los esfuerzos globales para superar y reparar la negación histórica de sus derechos más básicos: a sus tierras ancestrales y a la autodeterminación.

Esto fue posible porque se reconoció que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos como grupo, es decir, aquellos indispensables para que puedan existir. Esta es, quizás, la razón por la cual muchos no comprenden su lucha, ya que las sociedades dominantes basan las políticas y las acciones de desarrollo en la protección de derechos individuales, como a la propiedad o la privacidad.

Representando el 5% de la población mundial repartida en más de 70 países, los pueblos indígenas siguen ganando cada vez más visibilidad por levantar sus voces en contra de políticas de desarrollo agresivas.

A medida que el mundo avanza rápidamente para explorar y explotar nuevos territorios para satisfacer el creciente consumo, los pueblos indígenas encabezan la lista de asesinados por defender sus tierras. Casi 130 activistas ambientales han sido asesinados hasta ahora en 2017, y las comunidades indígenas son las que más sufren por la expansión de la minería.

Extracción bajo el suelo y asesinatos sobre la tierra

Durante la próxima semana se espera que una media de cuatro activistas sean asesinados por defender sus tierras o recursos naturales. La mayoría de ellos pertenecen a pueblos indígenas que están luchando contra extracciones ilegales en América Latina.

Esta tendencia global no es una coincidencia. Los territorios indígenas son los más ricos en biodiversidad y hoy más que nunca se han convertido en el nuevo campo de batalla para los derechos humanos.

Los pueblos indígenas han exigido justicia ambiental antes de que el cambio climático se convirtiera en una acción global

Las industrias extractivas son una amenaza concreta para las comunidades indígenas. Son las que abren de par en par sus tierras para llenar los bolsillos del agronegocio, que promueve por ejemplo el monocultivo de soja en Brasil o fuerza desalojos en nombre de la conservación de la vida silvestre en Tanzania.

El lucro triunfa sobre los derechos humanos. Venezuela aprobó la creación de la región AMO (Orinoco Mining Arc), un mega proyecto minero que dará acceso a 150 empresas de 35 países al 12% del territorio nacional, la mayoría sobre territorio indígena. Mientras tanto, la demarcación de las tierras indígenas solo ha procesado el 13% de los casos en los últimos 17 años.

En Filipinas, quienes están expandiendo el cultivo de la palma aceitera en Mindanao no consultan a las comunidades indígenas y violan derechos humanos con la complicidad de funcionarios gubernamentales.

Otro caso es cuando el cambio climático provoca disputas territoriales. En Kenia, la sequía recurrente apareja enfrentamientos entre los pastoralistas maasai y los agricultores. La cadena de acontecimientos es bastante sencilla: cuando no hay agua, no crece la hierba y el ganado de los pastores muere de hambre.

Todos luchamos la misma batalla

Cualquiera que sea el rincón del mundo al que nos acerquemos, los pueblos indígenas se encuentran desprotegidos a la hora de defender lo que es suyo. Si los Estados y las empresas no protegen a los últimos habitantes defendiendo la diversidad de la que todos dependemos, ¿qué otra tierra quedará disponible para ser explotada?

Silenciar sus demandas tendrá un impacto negativo sobre nuestro planeta mientras la extracción continúe expandiéndose. Muchos pensarán que este hecho no tiene nada que ver con la protección del medioambiente, pero ambas luchas son parte de la misma batalla.

Los pueblos indígenas han exigido justicia ambiental antes de que el cambio climático se convirtiera en una acción global. Hoy tenemos la oportunidad de hacer valer su Declaración y tomar sus derechos sobre la tierra seriamente para asegurar que todos tengamos una tierra sobre la cual seguir caminando.

Pamela Jacquelin-Andersen trabaja como periodista especializada en pueblos indígenas, multiculturalidad y globalización en IWGIA

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