Falta bosque, sobra soja

Son las siete de la mañana en Cerro Poty, una comunidad indígena de la etnia avá guaraní, situada junto al vertedero de Asunción, Paraguay. El sol, ya en lo alto del cielo, se refleja en el suelo aún encharcado desde la última inundación. A los pies del cerro Lambaré crece la vegetación exuberante impulsada por el calor y la humedad del clima. Allí decenas de familias indígenas expulsadas de sus tierras sobreviven desde hace años. "La vida es difícil aquí porque no hay trabajo. No hay apoyo desde el Gobierno", cuenta Petrona Ruíz. "Algunos reciclan basura en el centro o venden artesanía". Petrona tiene 38 años y cinco hijos y fue elegida responsable de la comunidad hace dos años. Lleva viviendo aquí 14, desde que llegó de Curuguaty, una localidad rural del interior del país.

Cerro Poty no es un caso aislado. "En Paraguay hay 112. 000 indígenas", afirma Claudelina González, jefa de comunicación del Instituto Paraguayo del Indígena, INDI, y un 75% de ellos vive en situación de pobreza extrema, según datos de la propia institución.

"En el año 2002 la mayor parte de la población indígena del Paraguay estaba en la región occidental del país una vasta región árida conocida como Chaco, pero actualmente se encuentra en la fértil región oriental", asegura Claudelina. "El monocultivo y el ganado provoca que los indígenas sean expulsados de sus tierras, y las personas pobres busquen acceso a los servicios básicos en otro lugar", señala.

En la Comunidad de Cerro Poty viven actualmente 43 familias indígenas. "Conozco a muchas personas de mi pueblo que fueron desalojadas y tuvieron que emigrar a la ciudad", asegura Petrona a las puertas de su humilde casa de ladrillo. Estas migraciones forzosas suelen estar provocadas por el hambre, la falta de servicios o las expulsiones para la expansión de las granjas de ganado o la plantación de soja. La mitad de las tierras usadas para este cultivo pertenecían a familias campesinas o indígenas, según un informe de Oxfam América.

El antropólogo paraguayo René Alfonso lo afirma tajante: "La deforestación y la expansión del monocultivo de soja están llevando a los pueblos a su desaparición. Estamos ante un etnocidio de los pueblos indígenas".

El caso de la Comunidad de Cerro Poty no es un hecho aislado. El pasado 22 de octubre el fiscal Santiago González, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, llevó a cabo el allanamiento de los terrenos de la empresa agropecuaria San Antonio S.A., situada en la zona del bajo Chaco, por una denuncia de restricción al derecho a la circulación que tienen los indígenas en sus tierras ancestrales. "Una restricción que, en algunos casos, ha afectado hasta la vida", explica Ireneo Téllez, abogado de la ONG Tierra Viva. Esta organización asesora a los indígenas y sostiene que en el interior de esas tierras viven decenas de personas de la etnia enxet en una comunidad llamada Santa María. Carlos Reinfeld, administrador de la empresa, niega su existencia y mantiene que las personas que hay allí son sólo trabajadores de la finca.

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia del año pasado porque "podrían estar vulnerándose los derechos humanos de los indígenas que están en el asentamiento", según dijo el fiscal. "Podría haber el tipo penal de genocidio", añadió.

Este y otros muchos casos hacen que cada vez haya más indígenas expulsados de sus tierras. Una gran parte de ellos se desplazan a Asunción y terminan viviendo en las zonas más empobrecidas de la ciudad.

Pobreza, racismo y exclusión social

El pequeño arroyo que pasa junto a Cerro Poty, y que desemboca en el río Paraguay, está completamente lleno de basura. Una parte proviene del vertedero cercano. Las inundaciones arrastran los desperdicios y cuando el agua se va los desechos se quedan. Otra parte es de los propios vecinos. Allí no hay recogida, nadie pasa a limpiar. "Hay mucha contaminación", se lamenta Petrona, la representante de la comunidad, señalando a su alrededor.

Los indígenas, cuando llegan a Asunción, tienen que enfrentarse a la falta de trabajo, de vivienda y al racismo de la mayor parte de la sociedad. Ausencio Gómez es un indígena avá guaraní y reside en Cerro Poty junto a su mujer, María, y a sus cinco hijos. Tiene 42 años y vive desde hace 11 en este lugar. Llegó a Asunción porque tuvo un accidente con la moto en el que se rompió una pierna y en Curuguaty, su lugar de origen, no le podían atender. Actualmente trabaja reciclando basura durante ocho o 10 horas al día a cambio de unos 40.000 guaraníes, unos 7 euros. Recorre las calles del centro de la ciudad empujando un enorme carro que llena de cartones y plásticos hasta que ya no entran más. Si un día no sale a reciclar no tiene nada que vender y, por lo tanto, nada que cobrar.

En el año 1981 se creó el Instituto Paraguayo del Indígena para "velar por los derechos de los pueblos indígenas" en palabras de Claudelina González, aunque ella misma reconoce que el INDI tiene sólo 68 funcionarios "y poca capacidad para atender las necesidades de todas las comunidades".

Joaquín Domínguez, indígena de la etnia mbyá guaraní, lleva 15 días acampado frente a esta institución reclamando "tierras y educación" y es mucho más duro en sus críticas. "El INDI y el Gobierno no hacen nada, no quieren saber nada de nuestros problemas", asegura. No es el único que piensa así. Junto a él hay decenas de personas durmiendo bajo lonas desde hace semanas.

A la exclusión social y a la falta de ayudas institucionales hay que sumarle que "hay muchos asunceños muy racistas", opina el antropólogo René Alfonso. "Es posible escuchar frases como 'son puercos', 'hay que matarles' o 'que sus mujeres no tengan más hijos'", remarca.

Menores entre drogas y prostitución

El día transcurre tranquilo en Cerro Poty. Una familia toma tereré (infusión tradicional de hierba mate y agua fría) en la puerta de su casa mientras algunos niños corretean descalzos. La pobreza y la basura les rodean, pero lo peor está más allá de los límites de las pequeñas comunidades como esta.

"Contabilizamos 3.000 indígenas en situación de calle entre Asunción, Curuguaty y Ciudad del Este donde están expuestos a drogas como la cola de zapatero, que les quita el hambre, y a la prostitución", asegura el antropólogo René Alonso. Esta realidad afecta tanto a adultos como a menores, pero son estos últimos los más vulnerables.

"Hay entre 200 y 300 menores indígenas en las calles de Asunción", explica Leonarda Duarte, educadora social en el Centro Pedagógico y de aprendizaje Nemity de San Lorenzo. Ella también es indígena, de la etnia aché guaraní, y lleva desde 2010 trabajando en esta institución dependiente de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. "Uno de los factores más importantes para que los menores estén en las calles es la invasión de la soja en sus comunidades", sostiene Leonarda. "Una vez desalojados de sus tierras van a las ciudades. Buscan las grandes ciudades dónde poder sobrevivir", afirma.

En un terreno situado justo enfrente del Hotel Bourbon de Asunción, uno de los más lujosos de la ciudad, vivían hasta hace poco decenas de menores indígenas. "Esnifaban cola de zapatero y por las noches las niñas eran prostituidas. Hasta hace 15 días había menores por aquí", asegura Leonarda señalando varias latas de adhesivo sintético esparcidas por la tierra rojiza. Botellas, cenizas de varias hogueras y bolsas de plástico que usaban para esnifar el pegamento respaldan sus palabras. Durante los últimos meses el Estado ha recogido a 70 niños en ese lugar. Algunos tenían familiares pero otros fueron trasladados a albergues infantiles o cuarteles militares, dependiendo de su edad.

En el centro donde trabaja Leonarda hay siete niños, todos ellos de la etnia mbyá guaraní. Los menores estudian, juegan al fútbol o pasean por las instalaciones construidas hace cinco años por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica). Todos ellos, por ahora, están alejados de la miseria, las drogas, los abusos sexuales y la prostitución. Pero no se puede saber si mañana volverán a estar en las calles. Las educadoras tienen contratos sólo por un año (renovables), el centro apenas tiene presupuesto y nadie arregla las cosas que se estropean.

Mientras tanto las plantaciones de soja y las explotaciones ganaderas continúan expandiéndose y expulsando a los indígenas de sus comunidades. Muchos de ellos llegarán a Asunción. Los que tengan mejor suerte podrán asentarse en lugares como Cerro Poty, los que no, tendrán que sobrevivir en cualquier esquina.

Comienza a anochecer en el Centro Pedagógico y de aprendizaje Nemity y los niños ven absortos una película en un viejo televisor que reproduce mal los colores. Mientras Leonarda hace una reflexión en voz alta: "Durante más de 500 años han intentado que nos comportemos como ellos. ¿Y si cambiamos y ellos prueban a vivir como nosotros?".