“Lucharemos hasta el final, solo nos queda perder la vida”

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Se llama Ládio Veron. Y también Ava Taperende, que significa pequeño camino luminoso. Es su nombre guaraní, el verdadero. El otro se lo pusieron solo porque en Brasil está prohibido registrar a los niños con nombres indígenas. Ládio, o Ava (Dorados, 1967), es representante de la gran asamblea indígena guaraní-kaiowá del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Está en Madrid en representación de su comunidad, la más numerosa de su país, con unas 45.000 personas y muy amenazada. "He venido a buscar apoyo político para que la gente de aquí se sensibilice con la causa de los guaraní-kaiowá, pues estamos pasando por un momento difícil. Estamos enfrentando muchas dificultades por parte del Gobierno y del agronegocio. Nuestras tierras han sido devastadas y tomadas por los latifundios de los grandes terratenientes”. Su llamada de auxilio, en tono pausado y quedo que mantendrá durante toda la entrevista, va a recorrer 12 países europeos en las próximas semanas, hasta el 9 de junio.

Los guaraní-kaiowá fueron uno de los primeros pueblos contactados hace más de 500 años por los colonizadores que llegaron a lo que hoy es Brasil, y ocuparon una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados. Pero en 2017 son extraños en su propia casa, ocupada por grandes empresas agrícolas que han dividido en pedazos sin sentido el tekohá, la tierra que un día fue hogar de los guaraníes, hoy deforestada. Ellos han perdido sus medios tradicionales de vida y también la posibilidad de buscar su "tierra sin mal", un concepto básico en la mitología guaraní que simboliza un lugar donde no existe la enfermedad ni la muerte y que da sentido a sus vidas.

"En 1953 mi pueblo fue expulsado de sus tierras y el Gobierno demarcó ocho zonas pequeñas a las que nos llevaron. A esas áreas demarcadas las llamamos de confinamiento", relata Veron, acomodado en un colorido banco del local que tiene la asociación cultural Maloka en el madrileño barrio de Lavapies. Desde entonces luchan para recuperar lo que es suyo. Enarbolan la Constitución de 1988, que reconoce sus derechos. Y desde 1995 con las llamadas retomadas, es decir, ocupándolas pacíficamente. "Ya esperamos mucho tiempo a que nos devolvieran nuestra tierra. Hoy hay 46 áreas retomadas y, de ellas, 16 están homologadas, es decir, el Gobierno ha reconocido que nos pertenecen".

En las últimas décadas se han dado varios movimientos a favor y en contra de la causa guaraní. Por una parte, organizaciones en defensa de las minorías como Survival International llevan años denunciando ante las Naciones Unidas la vulneración de los derechos de este pueblo. Pero los sucesivos Gobiernos los ignoran y silencian. Dilma Rousseff firmó un decreto antes de su impeachment para homologar 16 de las 88 áreas reclamadas. Pero en 2016, Michel Temer colocó a un latifundista al frente de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y el que fuera ministro de Justicia hasta hace un mes, Alexandre de Moraes, anunció un plan de revisión y frenó todo a principios de este año. "He venido ahora a Europa porque el Gobierno ha firmado un decreto para que nos saquen de las 46 áreas que hemos retomado, incluidas las homologadas. Lo han hecho porque interesa al agronegocio, que está construyendo fábricas y plantando soja, caña de azúcar y eucalipto. El Estado lo favorece porque les han dado la libertad para que construyan las fábricas", señala Veron.

De hecho, Survival International denuncia que muchos de los ministros del Gobierno interino son miembros de la bancada ruralista antindígena, que está intentando sacar adelante una propuesta de enmienda constitucional conocida como PEC 215. Esta serviría para "imposibilitar demarcaciones futuras de tierras, reducir el área de los territorios existentes y abrirlos a proyectos de minería, exploración de hidrocarburos, carreteras, bases militares y otros proyectos que podrían resultar fatales para los pueblos indígenas", indica la organización.

El plazo para que los guaraníes abandonaran sus tierras expiró a los 10 días de firmarse el decreto, pero ni ellos se han marchado, ni la policía ha ido a desalojarlos, algo que puede ocurrir cualquier día. La Funai ha recibido el encargo de llevar a todas las comunidades a áreas de confinamiento, pero Veron es incrédulo con esta medida. "No vamos a caber todos porque es mucha gente". Porque no tienen a dónde ir, porque son sus tierras y porque no piensan renunciar a ellas, Veron advierte que no se retirarán por las buenas y vaticina una tragedia si no se detiene el desplazamiento forzoso de su comunidad. "Resistiremos al precio que sea porque lo único que nos queda por perder es la vida. Si hay que luchar, se luchará".

Entre 2003 y 2014, 385 líderes comunitarios fueron asesinados

El expolio de las tierras de los guaraníes les ha llevado a arrastrar la etiqueta de ser el pueblo indígena con más suicidios. Los datos oficiales más recientes son de la Fundación Nacional de la Salud y cuentan 410 muertes entre 2000 y 2008. Pero los extraoficiales, tomados por activistas y afectados, indican que en los últimos 20 años más de mil hombres, mujeres y niños se han quitado la vida, la mayoría de las veces colgándose de un árbol.

Veron suena monocorde, quizá porque ya ha repetido mil veces su historia ante los auditorios más diversos. No mira a los ojos, sino al suelo, o a una pequeña libreta roja que manosea durante toda la entrevista. Adorna su cabeza con un penacho de plumas blancas y azules, y su pecho con largos collares de cuentas. Símbolos dibujados con pintura negra de origen vegetal adornan sus brazos. El miedo no está en su vocabulario. "Tengo que contar el daño que ellos están causando. Están atacando y matando a nuestros líderes, y todo ello queda impune. Entre 2003 y 2014, 385 líderes comunitarios fueron asesinados. El último fue Simeón Ortiz de la aldea Marangatu del municipio Antonio Joao, el pasado 15 de febrero. Le dispararon de frente, es lo que siempre hacen".

La impunidad que queda tras los asesinatos de líderes comunitarios viene porque, según Veron, los terratenientes pagan a la policía para matarlos. "Somos asesinados por las balas de la policía y de la milicia; en Mato Grosso do Sul existen cinco, son empresas de seguridad privada que los latifundistas contratan para, en teoría, cuidar de que no entremos en las tierras, pero para evitarlo nos disparan y nos matan".

"No tengo miedo, ya he recibido varias amenazas, pero lo primero es luchar por el pueblo", asevera Veron sin alterarse. En 2001 fue incluido en el Programa Federal para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH) de la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil y dos años después presenció el asesinato de su padre, el cacique Marcos Veron, en un crimen que quedó impune justo después de que este regresara de un viaje por Europa para denunciar la situación de su pueblo. Igual que ahora Ládio. "Desde 2003 debería estar muerto. Mi padre fue asesinado delante de mí y a mí me torturaron. Hemos sufrido mucho, ya he perdido a cuatro hermanos, una sobrina y un tío luchando por nuestra tierra. Y aún no hemos conseguido recuperarla".

En medio de la inseguridad y la incertidumbre vive este líder comunitario. Su aldea, Taquara, está dentro de una de esas zonas homologadas por el Gobierno que en teoría les tenían que haber devuelto. Pero ni siquiera la han podido ocupar entera. "Vivimos en una parcela pequeñita, rodeados por plantaciones de caña de azúcar. Somos 280 familias de unos cuatro o cinco miembros cada una y ocupamos 96 hectáreas de una tierra que en total ocupa 9.700".

La tierra es pequeña y no da para mantener a tantas personas. Veron explica que en el pasado vivieron de subsidios gubernamentales, hasta hace dos años. "No queremos estar dependiendo de ayudas, sino plantando y construyendo nuestras casas en nuestras tierras. Sin embargo, no podemos cazar ni pescar porque han deforestado todo con las plantaciones de soja".

Los guaraníes son el pueblo indígena con más suicidios, a consecuencia de expolio que sufren

El guaraní asegura que también han envenenado los ríos con agrotóxicos, algo que les está causando muchas enfermedades como diarrea, vómitos y picores por todo el cuerpo. "En parte es por el agua, pero también porque continuamente pasan aviones fumigando. Vivimos en un trozo pequeño de terreno rodeados por plantaciones de caña de azúcar, así que a nosotros también nos envenenan".

Por otra parte, la desnutrición es el problema más grave. Desde 2005 al menos 53 niños guaraníes han muerto de hambre, según Survival International. "Muchas comunidades viven delante de sus tierras, al borde de la carreteras, y ahí no tienen alimentos, no tienen como plantar, no tienen medicinas… Están totalmente abandonados". A pleno sol, en chozas cubiertas con plásticos, sin agua potable ni leña y acosados por las milicias y la policía, esperan a que la Justicia les devuelva sus tierras. Algunos desde hace más de 30 años.

Durante sus días en España, Veron se ha reunido con Amnistía Internacional, varias ONG, medios de comunicación y políticos como Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Este jueves irá al Congreso de los Diputados, y en las próximas semanas acudirá al Parlamento Europeo, las Naciones Unidas y se verá con varias autoridades de distintos gobiernos europeos. Cree que su grito de auxilio calará. "Hay personas que están en la lucha por la humanidad y esas personas sí se van a sensibilizar por nuestra causa. Mi viaje aquí es para que el ojo de Europa esté en nuestra comunidad y pueda garantizar nuestra supervivencia".