La denuncia de los masáis que llevó a la cancelación de un megaproyecto turístico en Tanzania

La cancelación de un megaproyecto turístico en el Parque Nacional de Ruaha en Tanzania a finales de enero, financiado por el Banco Mundial, es el más reciente episodio de una lucha por la defensa de los derechos humanos y la propiedad de la tierra de comunidades indígenas africanas. Esta historia de apropiación de tierras para usos turísticos y recreativos comenzó hace más de 40 años y ha enfrentado a comunidades indígenas, centros de investigación y a organismos internacionales con el Gobierno tanzano. Pero, para el Instituto Oakland, que publicó un informe que despertó el interés mediático por el caso, la batalla aún no ha terminado. “Esto envía un mensaje claro al Gobierno de que los días de impunidad por abusos de derechos humanos en nombre de la conservación están llegando a su fin”, ha asegurado a EL PAÍS Anuradha Mittal, directora del instituto. El Banco Mundial no ha respondido a la solicitud de entrevista de este diario.

La institución financiera lanzó el proyecto Proyecto de Gestión Resiliente de los Recursos Naturales para el Turismo y el Crecimiento (REGROW) en 2017 con el objetivo de impulsar el turismo en el sur de Tanzania, una región menos conocida que los safaris y el monte Kilimanjaro del norte. Esto ayudaría al Gobierno a lograr su meta de generar 6.000 millones de euros en ingresos provenientes de los cinco millones de turistas previstos para 2025.

Pero varias instituciones alertaron de las consecuencias de este proyecto y de los antecedentes de la expansión del parque. En octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas presentó los resultados de un estudio de impacto de REGROW, el proyecto en el que el Banco Mundial invertiría 150 millones de euros, y manifestó “su profunda preocupación”. En una carta, el Grupo de Trabajo se refirió a denuncias de “ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, violencia, incluidas violaciones de mujeres, tortura y tratos inhumanos o degradantes contra las personas que viven en las áreas fronterizas del Parque Nacional de Ruaha por parte de los guardaparques”. Las denuncias de abusos sistemáticos de derechos humanos hacia las comunidades llevaron a que el pasado 21 de enero el proyecto fuese cancelado. Dos masáis fueron quienes dieron la voz de alerta.

Uno de ellos ha hablado con EL PAÍS en condición de anonimato: “El 25 de octubre de 2022, la Ministra de Tierras y Vivienda, Angeline Mabula, ordenó públicamente a todos los agricultores y pastores que nos encontrábamos en la zona de expansión del parque a que abandonáramos nuestros hogares y tierras de cultivo”, explica. La razón fue el inicio de la implementación del proyecto: “Ahí empezaron los desalojos y la expropiación del ganado, tierras de cultivo, escuelas, dispensarios, mezquitas e iglesias”.

Las comunidades afectadas contactaron con el Instituto Oakland para multiplicar el alcance de sus denuncias: “En abril de 2023, enviamos una carta al Banco Mundial con sus preocupaciones. Al no tomar medidas, en junio presentamos una solicitud de inspección en nombre de los indígenas”, explica la directora. En septiembre publicaron un informe que expuso algunos desgarradores testimonios de las víctimas. “Los guardaparques me agredieron y confiscaron mi ganado. Como propietario de los animales, no tenía más opción que seguirlos, por lo que fui severamente golpeado. Sentí que iba a morir. Los animales también fueron torturados. No comieron ni bebieron agua durante seis días”, dice un pastor citado en el documento.

En mitad del proceso de inspección, el Banco Mundial suspendió los desembolsos para el proyecto en abril de 2024, citando como principales razones “el incumplimiento por parte del gobierno de Tanzania de sus obligaciones ambientales y sociales, la planificación de los reasentamientos involuntarios en el Parque Nacional de Ruaha (RUNAPA), así como la ausencia de un mecanismo de reparación de agravios y quejas”. Pero la suspensión no detuvo los abusos, según las denuncias, y los graves incidentes a manos de los rangers de los Parques Naturales de Tanzania (TANAPA) continuaron.

Esto llevó a que el pasado 18 de octubre, un Grupo de Trabajo de la ONU formado por nueve relatores especiales de diferentes mandatos, enviara una carta al gobierno de Tanzania denunciando todas las violaciones cometidas contra las comunidades. Ese fue el principio del fin de REGROW, según Aua Baldé, experta en desapariciones forzadas y representante de la sección africana del Grupo de Trabajo de la ONU.

Una cronología de los abusos

Ruaha es una región clave debido a su importancia ecológica y económica donde los pueblos Sangu, Maasai y Datoga han habitado históricamente. Allí, los problemas empezaron en 1980 cuando los proyectos de irrigación del Gran Río de Ruaha alteraron su flujo, causando la interrupción del agua en la presa de Mtera en 1993. El gobierno atribuyó la degradación ambiental y la escasez eléctrica a las actividades a los pastores, algo que fue rebatido casi dos décadas después por el relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. El relato atribuyó esos problemas a las grandes explotaciones agrícolas de la zona.

En 1998, parte del humedal de Ihefu se incorporó a la Reserva de Caza de Usangu, redefiniendo sus fronteras y forzando el desalojo de pescadores y pastores. Las comunidades aceptaron los nuevos límites, permitiendo únicamente la caza deportiva y la investigación científica.

Pero, en mayo de 2006, el Gobierno tanzano lanzó la “Operación Antiganado”, que resultó en el desalojo forzoso de 1.000 familias de diferentes etnias. Dieciséis aldeas fueron desmanteladas y más de 20.000 cabezas de ganado incautadas por la policía, los guardaparques de TANAPA y las unidades contra la caza furtiva en 2007, preparando el terreno para lo que vendría al año siguiente.

En 2008, el gobierno aprobaba la ampliación del Parque Nacional Ruaha y la inclusión de la Reserva de Caza Usangu y los humedales de Ihefu. La expansión incluía tierras legalmente registradas donde vivían las comunidades, aunque sus habitantes nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, algo que atenta contra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Los esfuerzos del Consejo del Distrito de Mbarali y los desafíos legales impidieron los desalojos inmediatos tras el anuncio, y las comunidades locales permanecieron en la zona”, recoge este informe del Instituto Oakland.

A pesar de no haber sido expulsados, los abusos continuaron. El Instituto Oakland cita en su informe hechos como el asesinato del pescador William Nundu en 2021 y de otros dos jóvenes pastores: Sandu Masanja, de 25 años, y Ngusa Salawa, de 14. También se refiere a la agresión de seis rangers contra un pastor y a tres mujeres masáis en 2023, quemando con un cuchillo caliente al primero, y desnudando y golpeando a las segundas. El 27 de agosto, un líder de Chama Cha Wafugaji Tanzania entregó al Banco Mundial una lista con 13 personas asesinadas por los guardabosques entre 2017 y 2021. “La magnitud de estas violaciones es enorme y pone en riesgo sus vidas, sus medios de subsistencia y su patrimonio cultural”, comenta Baldé.

A finales de 2023, se hizo efectiva la Nota Gubernamental 754, que duplicaba oficialmente el tamaño del parque y confirmaba los límites establecidos en 2008, afectando a 21.250 residentes de 23 pueblos en el parque.

Ahora, el informe del Grupo de Trabajo de la ONU ha sido determinante para la cancelación del proyecto, al señalar que desde 2021 “las autoridades han estado confiscando animales a los residentes, subastándolos y multando a sus propietarios”. Desde ese año hasta marzo de 2024, más de 18,000 cabezas de ganado fueron incautadas. Godwell Meing’ataki, Comisionado Asistente de Conservación de RUNAPA, indicó que “12.758 vacas y cabras fueron capturadas en el parque durante 2021/2022″, lo que permitió a la agencia recaudar alrededor de medio millón de euros.

Esperanzas y demandas de las comunidades

Balakrishnan Rajagopal, relator especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada y miembro del Grupo de Trabajo, reconoce que Tanzania “tiene derecho” a promover proyectos para promover el turismo y el desarrollo pero advierte de que “debe garantizar que beneficien a los pastores y respeten sus derechos, dignidad y autonomía”.

Los desalojos forzosos tienen, además, implicaciones culturales para las poblaciones indígenas como los masáis. Uno de ellos es “la pérdida de lugares ceremoniales y áreas medicinales”, explica Nelson Ole Reiyia, cofundador de Nashulai, un proyecto liderado por masáis en Kenia cuyo modelo de conservación se centra en transmitir conocimientos ancestrales indígenas. “El capitalismo y las grandes empresas dicen que no somos buenos para la conservación, pero a lo que realmente se refieren es que no somos buenos para la industria turística”, añade.

El Instituto Oakland ha interpelado al gobierno para que, ahora, revierta los límites del parque. “Hasta que el gobierno no revierta los límites del Parque Nacional Ruaha a las fronteras de 1998, las vidas de más de 84.000 personas seguirán en suspenso”, afirma la directora.

En un documento elaborado por las comunidades afectadas, al que EL PAÍS ha tenido acceso, las víctimas también expresan una serie de demandas al gobierno: “Pedimos que se retiren las balizas que marcan la expansión del parque, el reembolso de las multas pagadas por los pastores para recuperar su ganado, el valor del ganado subastado, la compensación por la pérdida de producción agrícola durante tres temporadas y la indemnización para las víctimas de la violencia perpetrada por Parques Naturales de Tanzania”, concluyen.