“Prefiero morir antes que irme”: así se gestó la inédita protesta masái contra un plan de desalojo

Decenas de vehículos todoterreno, cargados de turistas que han pagado una jornada de safari, permanecen bloqueados en mitad de la carretera. El atasco es kilométrico y la presencia militar en el Área de Conservación de Ngorongoro (NCA, por sus siglas en inglés), en el norte de Tanzania, hace que en el aire se palpe la tensión. Bajo el frío y la niebla matutinos, más de 40.000 masáis han cortado el paso a los land cruisers en un ejercicio de protesta pacífica inédito, después de años de recortes de servicios esenciales y amenazas de expulsión de sus tierras. Los masáis se han organizado para decir basta.

El lugar de esta protesta, que tuvo lugar el 18 de agosto, fue elegido por los masáis como un símbolo: la carretera que une el Área de Conservación de Ngorongoro con el Parque Nacional del Serengeti, los dos principales atractivos turísticos del país. El detonante fue la aprobación de una directriz del Gobierno que suprimía 11 distritos, 25 aldeas y 96 subaldeas, privando así a más de 100.000 masáis del NCA de ejercer su derecho a voto en Ngorongoro en las elecciones locales de noviembre y las presidenciales de 2025. Dos semanas antes, sus nombres fueron asignados a centros de votación en Msomera, una aldea a 600 kilómetros donde el Gobierno está llevando a cabo un plan de reubicación de los miembros de este pueblo indígena.

“Tras enterarnos, empezamos a reunirnos y organizarnos. Establecimos tres reglas hasta el día de la protesta: ni redes sociales, ni transporte público, ni compartir información. Llevamos más de tres años luchando y nunca planeamos bloquear la carretera, pero la seriedad del asunto nos hizo cambiar de estrategia”, explica Beston, uno de los organizadores, que ha solicitado permanecer en el anonimato. Fue él mismo quien, en un periplo de dos días entre montañas, introdujo las pancartas en inglés: “Necesitábamos repercusión internacional. Corrí muchos riesgos, pero era necesario”, cuenta. “La presidenta Samia [Suluhu] ha privado de todos los servicios sociales a Ngorongoro” o “Vida sostenible. Futuro sostenible”, son algunos de los mensajes que se pudieron leer.

En julio, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe donde detallaba extensamente la presión a la que están sometidos los masáis en el área de Ngorongoro: reducción de servicios de educación y salud, restricciones de entrada y salida, acceso limitado a pastos, agua y sitios culturales, y guardabosques que atacan a los residentes con impunidad. “Todo eso, junto a los planes de reubicación y la prohibición de votar, nos llevó a ocupar la carretera”, dice Beston.

Dos días antes, la policía bloqueó el acceso de vehículos públicos a Ngorongoro, cortando el suministro de alimentos y el transporte desde las aldeas más remotas. A pesar de ello, miles de masáis caminaron por rutas secundarias y lograron llegar a la carretera principal para hacerse oír. “El hecho de que eligiéramos un lugar donde los turistas podían ver y grabar todo impidió que la policía usara la violencia para dispersarnos, tal y como hicieron en Loliondo en 2022. Eso habría dañado la imagen del país”, asegura Beston.

En 2023, el sector turístico representó el 17,2% del PIB nacional, y según datos oficiales del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, ese año llegaron a Tanzania 1,8 millones de visitantes internacionales, lo que generó ingresos por valor de 3.500 millones de dólares (3.100 millones de euros), una cifra récord.

Un modelo de conservación colonial

El Gobierno justifica la reubicación de los masáis en que el crecimiento demográfico y su estilo de vida pastoral son insostenibles para la fauna y la conservación en el área de Ngorongoro. El argumento del aumento de población, que pasó de 8.000 masáis en 1959 a más de 93.000 en 2017, fue respaldado por la Unesco y varios órganos consultivos cuando, tras una misión de monitoreo en 2019, instaron al Gobierno a “promover el reasentamiento voluntario de comunidades, en línea con las políticas de la Convención de Patrimonio Mundial y las normas internacionales pertinentes, trasladando a las comunidades desde el interior de la propiedad hacia el exterior para 2028”.

Sin embargo, para Joseph Oleshangay, abogado y activista del Centro de Derechos Humanos y Legales de Tanzania (LHRC) el argumento es absurdo: “Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de 2017, la densidad en el NCA es de 10 personas por kilómetro cuadrado. Dar es Salaam [sede del Gobierno y ciudad tanzana más poblada], que es cinco veces más pequeña, tiene una densidad de 3.600 personas por kilómetro cuadrado”, escribía en este artículo. “El desalojo no se debe a la demografía o la conservación, sino a la promoción del turismo y las reservas de caza”, afirma a este medio.

“Durante estos tres años de recortes de servicios sociales, se han seguido construyendo lodges [establecimientos pequeños ubicados en la naturaleza] y hoteles en el NCA”, señala un residente.

Brian Keane, director de la ONG Land is Life y primer asesor sobre pueblos indígenas en la asistencia exterior de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, destaca que muchas de las grandes agencias de conservación aún ven a humanos y naturaleza como elementos separados, y creen que la protección de áreas naturales requiere la expulsión de las personas. Y subraya que la pérdida masiva de biodiversidad o el calentamiento global “son muy difíciles de resolver, si no imposibles, sin involucrar a las poblaciones indigenas como aliados: ellos son los verdaderos guardianes de la biodiversidad”.

En esta línea, la Alianza Internacional de Solidaridad Masai (MISA) anunciaba en septiembre el lanzamiento de Una visión de conservación masái, un documento elaborado por ancianos, mujeres y jóvenes de 26 aldeas. El objetivo: “Desarrollar y promover una alternativa al modelo de conservación colonial, fortificado, violento y capitalista que se impone a nuestra comunidad”.

Una reubicación “voluntaria”

En 2019, tras las recomendaciones de la Unesco, el Gobierno presentó un plan de reubicación voluntaria llamado Modelo de Uso Múltiple de la Tierra, que entró en vigor en 2022 y sentó las bases legales para trasladar a 82.000 masáis fuera del NCA. Meses antes, ocho relatores de la ONU habían enviado cartas al Ejecutivo expresando su preocupación por “los planes de reubicación, desalojos forzosos, demoliciones de casas y restricciones adicionales que afectarán a 82.000 personas para 2027″.

Ignorando esas preocupaciones, en 2022 comenzó la operación, y hasta hoy un total de 9.778 personas y 40.051 cabezas de ganado han salido del Área de Conservación de Ngorongoro hacia Msomera, distrito de Tanga, y otras regiones como Simanjiro, Monduli, Meatu o Arusha, según explicaba Flora Assey, directora del Proyecto de Reubicación de Ngorongoro.

Maroroi (nombre falso), un líder tradicional masái del NCA, se pregunta: “¿Cómo puede considerarse voluntaria [la reubicación] cuando nos han cortado los servicios sociales básicos para nuestra supervivencia? ¿Por qué no nos informaron sobre las condiciones que encontraríamos en Msomera?”. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece, en su artículo 10, que “no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.

El informe de HRW también detalla medidas que equivalen a un desalojo forzoso: “En octubre de 2022, el Gobierno anunció que degradaría el hospital Endulen, el único que brinda servicios médicos integrales a los masái en el NCA, a dispensario”. Los servicios de ambulancia y urgencias se interrumpieron, y todo el personal médico fue asignado a otras zonas. La financiación en el sector educativo también se ha visto afectada: en abril de 2022 se transfirieron 76.000 euros de las escuelas públicas de Ngorongoro a Msomera, y en total, 1,5 millones de euros han sido destinados fuera del territorio.

“Su plan es presionarnos cortando todos los servicios para que nos marchemos, pero prefiero morir antes que irme de estas tierras”, denuncia Maroroi.

Maria (nombre falso) sufre esa presión a diario: con cuatro hijos a su cargo, esta mujer masái explica cómo le ha afectado la reubicación: “Mi marido se marchó a Msomera y se llevó todo el ganado. Me quedé sin nada. Ahora hago pequeños trabajos domésticos para mantener a mi familia”. Sin embargo, se niega a irse: “En esta tierra están enterrados mis antepasados. No me voy a ir. Mucha gente que se fue está volviendo porque dice que allí no hay pastos para las vacas. Además, allí están enfermando de malaria, cosa que aquí no sucede”.

Una casa y un terreno como incentivo

Diez millones de chelines tanzanos (3.200 euros), una casa de tres habitaciones y un terreno de 10.000 metros cuadrados: esos son los incentivos ofrecidos por el Gobierno para persuadir a los masáis a abandonar sus tierras ancestrales. Sin embargo, varias organizaciones han denunciado falta de transparencia y fallas en el proceso: “No se han publicado datos oficiales sobre la compensación. Además, el Gobierno no consultó a los residentes actuales de Msomera sobre sus planes de reubicar a las personas del NCA en la zona”, lo que ha provocado conflictos por la tierra y los recursos entre locales y masáis.

Tras cuatro días consecutivos de intensas protestas, aunque sin más cortes de la carretera, el Tribunal Superior de Arusha suspendió temporalmente la directriz gubernamental que ordenaba la disolución de los distritos y aldeas del NCA, aunque la semana volverá a revisar esta decisión. “Las protestas funcionaron”, explica Oleshangay a este medio, en lo que cataloga como una victoria. “Sin embargo”, añade, “esto no significa que detengan el plan de reubicación. La intención del Gobierno de expulsar a los masáis sigue en pie”.