Los pastores sin pasto de Laikipia

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La cuestión de la propiedad de la tierra en Kenia conduce a explosiones periódicas de violencia. La falta de una implementación eficaz de los derechos territoriales se ve reflejada en una excesiva subdivisón de la tierra, degradación ambiental, inseguridad de tenencia y acaparamiento de tierras. Décadas de desarrollo insostenible no solo afectan los ecosistemas, más aún a la relación de las comunidades con sus territorios. Este es el caso de los pastoralistas indígenas.

En Kenia, los pueblos que se identifican con el movimiento indígena son principalmente pastoralistas y cazadores-recolectores, así como algunos pescadores y pequeñas comunidades agrícolas. Según el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), una ONG global que defiende los derechos de los pueblos indígenas, se estima que los pastoralistas representan el 25% de la población nacional, que vive en el norte y hacia el sur con la frontera con Tanzania. Los pastoralistas son nómadas y basan su economía en la producción ganadera. La gran movilidad en sus rutinas definen su cultura y estilo de vida.

En el último año, el condado de Laikipia, ubicado a casi 300 kilómetros al norte de Nairobi, ha experimentado una presión sobre sus pastos y suelos sin precedentes. Es en Laikipia donde el paisaje se torna seco y árido. Allí, los pastoralistas indígenas han perdido el acceso al pastoreo y al agua, por lo que no pueden seguir preservando sus sistemas tradicionales de producción.

Esta presión sobre sus medios de vida no es casual. La pérdida de acceso a su territorio viene de la mano de la expansión de las actividades de los terratenientes, ganaderos, conservacionistas e industrias extractivas, que no causan más que expulsiones violentas en búsqueda de rápidos beneficios económicos. A medida que estos actores ganan espacio, con el apoyo de un Gobierno que está lejos de cumplir con los estándares de derechos humanos, las comunidades indígenas van siendo gradualmente acorraladas.

Sin nada que perder y empujados por una grave sequía que afecta a la región desde comienzos de año, los pastoralistas han invadido tierras privadas (llamados lodges), granjas y áreas de conservación. Estas acciones no han desencadenado más que una ola de violencia.

Mientras Kenia se embarca en una agenda extractivista sin precedentes, los pueblos indígenas son los primeros en sufrir las consecuencias

La cadena de eventos es bastante sencilla: cuando no hay agua, no crece la hierba y el ganado de los pastoralistas muere de hambre. Esto pone en riesgo su seguridad alimentaria y salud. El conflicto actual ha ido en aumento y ahora afecta a más de 200.000 personas en la región. Se calcula que entre 25 y 50 personas han muerto hasta ahora.

Donde comienza la violencia

La narrativa predominante sobre el conflicto es simplista, presentando una lucha entre pastoralistas supuestamente peligrosos y violentos frente a, también supuestamente, indefensos agricultores y conservacionistas. En esta lectura, si la sequía no golpeara la zona, no habría ninguna historia que contar.

Sin embargo, el escenario es mucho más complejo. El actual conflicto de tierras no se plantea entre los pastoralistas y los propios agricultores privados. Por lo general, estos llegan a acuerdos por medio de negociaciones pacíficas y arreglos no oficiales. La violencia comienza con la intervención del Gobierno.

Hasta ahora, la hostil respuesta del Gobierno ha sido una clara militarización en la zona oeste de Laikipia. Sin piedad, los militares disparan al ganado de los pastoralistas y queman comunidades para suprimir una clara demanda de derechos territoriales. Sin dañarlos directamente, los militares disparan a sus vacas, sabiendo que matando a sus animales, regresarán a casa con las manos vacías.

La batalla política tampoco les ofrece soluciones concretas. Con elecciones generales aproximándose en agosto, los pastoralistas son tomados como un blanco fácil para la búsqueda de votos. En el pasado, una práctica normal ha sido armarlos o reasentarlos. Según IMPACT, una organización indígena local, estas tácticas también han implicado armar de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, para exacerbar la violencia y así habilitar la intervención militar.

La extracción como prioridad de la agenda de desarrollo

No es solo la agenda política la que los acorrala. El creciente aumento de la presión de las industrias extractivas, proyectos de infraestructura, conservación de la vida silvestre y ranchos productores de carne juegan un papel central en el conflicto. Todas estas actividades extractivas no hacen más que limitar las rutas de movilidad de su ganado.

La actual sequía es el umbral de un importante conflicto histórico no resuelto

Megaproyectos como el Programa de Corredores LAPSSET —el proyecto de infraestructura más grande y ambicioso de África Oriental, que une a Kenia, Etiopía y Sudán Sur— son los primeros en usurpar tierras indígenas, gracias a las lucrativas políticas públicas.

Esto se hace evidente en las cifras. Los precios de la tierra han visto un aumento anual del 100% en los últimos seis años, lo que produce una subdivisión de tierra nunca antes vista que afecta a las comunidades locales.

En nombre del lucro, los derechos territoriales parecen ser olvidados. El programa de desarrollo de Kenia tiene como objetivo capitalizar la atención mundial después de los descubrimientos de varios minerales. La minera es el sector campeón promovido por el Gobierno, con un incremento esperado de 1% a hasta 10% de su contribución nacional al PIB. Todo esto teniendo en cuenta que Kenia todavía se encuentra en las primeras etapas de la explotación de minerales.

Son estas actividades las que afectan a las culturas locales de manera fundamental, especialmente sus medios de vida tradicionales y su cohesión social. En esta ecuación, todos los mecanismos institucionales disponibles colocan a los pastoralistas en una posición de desventaja y fallan en protejerlos en cualquier tipo de negociación posible.

Una necesidad urgente de formalizar la propiedad de las tierras

Si bien la cuestión territorial es clave en la nueva constitución del país (2010), la nueva Ley de tierras Comunitarias (2016) deja muchos cabos sueltos. La definición de tierra comunitaria no es clara, lo que perjudica el reconocimiento de derechos de los pastoralistas para acceder a un uso comunal.

A pesar de que la ley se encuentra vigente y refleja una incipiente victoria indígena, todavía no existe progreso en la implementación de un programa comunitario para adjudicar las tierras.

La falta de aplicación del actual marco legal genera un vacío que pone en peligro a los pastoralistas. Para Marianne Wiben Jensen, experta en derechos territoriales en África para IWGIA, la única forma de asegurar la supervivencia de los pastoralistas es formalizar la tenencia de su tierra.

Pero esta formalización, esto es la demarcación y el registro de las tierras, llevarán su tiempo. Especialmente si se tiene en cuenta que en 2014, el Ministerio de Tierras declaró que más de un millón de parcelas estaban a la espera de título.

Un camino posible para proteger a los más vulnerables

Hoy a finales de junio, aunque todavía hay presencia militar, el nivel de conflicto ha disminuido considerablemente y se ha trasladado a la región oriental de Laikipia.

En Laikipia, el manejo insostenible de la tierra muestra el lado más oscuro de los impactos irreversibles causados por el acceso injusto a los recursos

Para los defensores de los derechos indígenas, el Gobierno necesita tomar el control y resolver esta crisis cíclica. Para alguien que ha vivido esta recurrente violencia como es el director de IMPACT Mali Ole Kaunga, esta vez el Gobierno no va a poder escapar de la resolución. Para él, la situación de los pastoralistas será atendida por el gobierno porque más de seis millones de personas en Kenia dependen directamente de la producción de ganado de los pastoralistas (10% del PIB del país).

Entonces, ¿qué hay en el horizonte para Laikipia? Teniendo en cuenta todos los factores en juego, incluida la agenda conservacionista, todos los caminos apuntan a una resolución pacífica para sostener la economía de Kenia. Tanto el Gobierno como los conservacionistas dependen del pastoralismo como modo de producción para ser sostenibles a largo plazo. Para esto, el pastoralismo deberá ser considerado en todas las actividades planificación económica como un modo de producción válido y sostenible, así mismo las personas que lo consideran su único sustento.

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés) es una organización internacional de derechos humanos que defiende los derechos de los pueblos indígenas a través de una red global de organizaciones de pueblos indígenas y mecanismos internacionales. Durante casi 50 años, IWGIA ha documentado la lucha por derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.

Pamela Leiva Jacquelín trabaja como periodista con especialización en globalización, multiculturalidad y pueblos indígenas en IWGIA.

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